Educación pide a las autonomías que doblen los recortes ya hechos
El Gobierno explica hoy a las comunidades su plan para ahorrar 3.000 millones más
Las circunstancias no pueden ser más contradictorias. En las escuelas y universidades españolas, el alumnado está creciendo rápidamente, entre otras cosas, por la crisis: el abandono escolar ha vuelto a marcar en 2011 su nivel más bajo, 26,3%. Pero, a la vez, las aulas están sufriendo importantes recortes presupuestarios precisamente por esa crisis: más de 3.400 millones de rebaja en los presupuestos desde 2010, lo que ya ha supuesto, entre otras cosas, la reducción de miles de profesores en las plantillas de toda España. Y, además, el Gobierno quiere ahora recortar otros 3.000 millones adicionales.
Cómo pretende hacerlo es lo que hoy explicará el Ministerio dirigido por José Ignacio Wert a las comunidades en la Conferencia Sectorial de Educación, a la que han sido convocadas con un único punto del día: “Información sobre las medidas incluidas en el plan nacional de reformas en el ámbito de la educación”. Las autonomías son las que tendrán que aplicar las medidas de recorte que proponga el Gobierno central, pues de ellas depende el 83% del dinero público que se invierte cada año en educación en España, en torno a 50.000 millones de euros.
“No es solución ni en el corto ni en el medio ni en el largo plazo. Estaremos castigando a las generaciones más jóvenes”, dice José Miguel Pérez, vicepresidente y consejero de Educación de Canarias. Pérez se refiere tanto al recorte en general como a las iniciativas que está barajando el Gobierno para acometerlo: aumentar el número máximo de alumnos por aula, las horas de clase que los profesores dan a la semana (medidas que reducirían las plantillas, como ya han hecho en algunas comunidades), incrementar el precio de las matrículas universitarias o eliminar carreras con pocos alumnos. “En nuestro caso, el Gobierno ya ha eliminado de sus presupuestos el plan de infraestructuras educativas para Canarias, que suponían 40 millones al año”, se queja.
No es solución ni a corto ni a largo plazo", dice el consejero canario
Pérez pertenece al PSOE (que gobierna en las islas apoyando a Coalición Canaria), como la consejera vasca de Educación, Isabel Celaá —“No nos sentimos comprometidos con las medidas de recorte”, “estamos absolutamente en contra”, dijo la semana pasada—, y como el consejero en funciones de Andalucía, Francisco Álvarez de la Chica, que aseguró sobre el previsible tijeretazo en las plantillas docentes: “Si nos dejan margen, nos escaparemos”.
Pero las tres comunidades están solas en esa postura, pues la inmensa mayoría de las autonomías tienen Ejecutivo del PP. Además, Cataluña, gobernada por CiU, también está a favor de los cambios legales que dejen margen para recortar más. “Hace tiempo que hay un clamor” entre los Gobiernos autónomos para que se flexibilicen leyes que encorsetan el margen de actuación de las autonomías, dijo el consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, en una entrevista en Catalunya Ràdio, en referencia al ahorro de 10.000 millones que pretende acometer el Gobierno en sanidad y educación.
Los sindicatos entregarán a Wert un manifiesto contra el tijeretazo
Aunque también habrá hoy en el Ministerio otra voz contraria a los recortes, la de los sindicatos. CC OO, UGT, STES y CSIF entregarán al Ministerio un manifiesto contra el tijeretazo y a favor de la escuela pública. Las centrales temen que buena parte de los en torno a 100.000 profesores interinos que trabajan en las escuelas públicas pierdan su trabajo.
Los detalles de las medidas de recorte, en todo caso, aún no se han dado a conocer. Pero el plan de ahorro educativo que se fijó el Ejecutivo valenciano a primeros de año, modelo que defenderán en la reunión de hoy en el Ministerio, puede dar alguna pista más. Su plan se centra en un ahorro en el capítulo de personal de 150 millones, que saldrá en buena medida de los complementos de los sueldos docentes, informa Neus Caballer. La aplicación del decreto 1/2012 de la Generalitat, que durará dos años, reduce el precio de los sexenios a la mitad. Es decir, que los docentes con un sexenio dejarán de cobrar 300 euros al año y los que tengan el máximo perderán más de 3.000 euros. En su caso, aseguran que el aumento de las horas de clase de los profesores no será para reducir interinos, sino para suplir el aumento de plantilla que requeriría el crecimiento del alumnado: por ahí esperan ahorrar otros 50 millones. Aunque lo cierto es que el curso pasado ya había en la comunidad 1.900 profesores menos en la pública que dos años antes.
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