A clase con mantas y folios de casa

Miles de personas se manifestaron ayer en Valencia contra los recortes y en defensa de la enseñanza pública. Padres, alumnos y profesores se quejaban de la disminución de plantillas docentes y de los presupuestos de las escuelas. Pero en la Comunidad Valenciana, el problema ya no es solo que se recorten las cuentas, sino que se pague a tiempo el dinero que sí estaba presupuestado.

En medio de la tremenda crisis de liquidez que atraviesa el Gobierno de la Comunidad Valenciana, el impago de las aportaciones de la Generalitat amenaza con colapsar el sistema educativo, tanto público como privado, y desde la etapa infantil hasta la Universidad. La Consejería de Educación no ingresa ni un euro a los colegios públicos desde el mes de abril de 2011. La deuda global del Ejecutivo valenciano con el sistema público educativo ronda los 300 millones de euros.

Los directores de infantil y primaria cifran los impagos en 20 millones de euros. “No sabemos cuánto tiempo aguantarán las empresas sin cobrar”, explica Ginés Pérez, director del colegio Fabraquer, de El Campello (Alicante), y portavoz de los directores de Alicante. El servicio que corre mayor riesgo es el del comedor escolar, ya que las empresas concesionarias llevan varios meses sin cobrar. Los directores han acordado sumarse a las manifestaciones y protestas de los sindicatos, suprimir todas las actividades extraescolares y celebrar asambleas informativas para explicar a los padres la situación de colapso financiero. En los colegios también escasea el combustible para la calefacción, así como el material de oficina y para clase.

El Gobierno debe 100 millones a los colegios e institutos

La situación más dramática se vive en los centros de Secundaria. La Generalitat acumula una deuda de 32,5 millones a los 613 institutos valencianos. En decenas de ellos ya no queda gasoil para la calefacción y los alumnos acuden con mantas a clase. En otros, las compañías de suministro les amenazan con cortar la luz, ya que llevan desde octubre sin pagar el recibo. “¿Si somos el futuro por qué nos castigan? Estamos perdiendo muchas clases importantes”, se lamenta Nabil Ayzarán, delegado de segundo de Bachillerato en el instituto público Jorge Juan de Alicante, que el martes de esta semana no tuvo clase porque Iberdrola les cortó la luz todo el día. Otros alumnos se quejan de que tienen que llevar los folios de sus casas y de que la tiza también empieza a ser un bien escaso; y cuando hay una avería no se puede reparar, añaden.

Los centros privados concertados tampoco escapan de los impagos del Gobierno de la Generalitat, que les debe más de 50 millones de euros. Mientras, las cinco universidades públicas advierten de que están “al límite” por los impagos, que “pueden poner en riesgo la prestación del servicio público”. El Consell ha dejado de ingresar a las universidades 197 millones de euros, lo que ha obligado a los equipos financieros a ajustar presupuestos, retrasar inversión y suscribir préstamos, cuyos intereses pretenden que asuma la Generalitat. En definitiva, el sistema educativo valenciano está al borde del colapso por la falta de pago.