Los acusados por el fraude de las gasolineras pactan una condena de entre 15 y 21 meses de cárcel
Los imputados deberán pagar además 2,11 millones de euros por las cantidades defraudadas
Los 35 imputados en el caso del fraude de las gasolineras, acusados en 1998 de manipular los surtidores para servir menos gasolina de la pagada, han aceptado un acuerdo que les condena a entre 15 y 21 meses de prisión y a pagar 2,11 millones de euros por las cantidades defraudadas, según ha informado hoy la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
La modificación de las conclusiones definitivas por parte del fiscal fueron aceptadas ayer por las partes; los imputados se declaran así culpables y aceptan las penas que se proponen por estafa y delitos relativos al mercado y los consumidores, según explicó la Organización de Consumidores y Usuarios en un comunicado. El importe total de la cantidad que deben pagar los condenados, en concepto de cantidades ilegítimamente defraudadas, asciende a 2.114.587,78 euros.
El escándalo saltó el 12 de enero de 1998 cuando la OCU publicó un estudio que demostraba que tres de cada diez gasolineras de la comunidad de Madrid enganañaban a sus clientes. De las 21 estaciones de servicio inspeccionadas, seis suministraron entre un 4,3% y un 7% menos combustible del que habían cobrado.
Más tarde se comprobó que las seis estaciones de servicio que practicaban el fraude pertenecían al mismo grupo empresarial, vinculado a la familia Villanueva, que en unión con otros empresarios asociados, controla unas 50 estaciones de servicio en Madrid y otras regiones, como Castilla-La Mancha y Murcia.
El caso llegó a la Audiencia Nacional en 2002 después de que la Audiencia Provincial de Madrid estimara que ese era el tribunal competente por haber un amplio colectivo de perjudicados en varias provincias españolas -Madrid, Toledo y Albacete- en las que operaban las estaciones de servicio del grupo Villanueva.
Surtidores fraudulentos
En la investigación que se siguió por este caso se comprobó que en los surtidores se había incorporado un mecanismo que se colocaba rompiendo esos precintos legales y que alteraba la cadencia del transmisor de impulsos, con lo que el contador marcaba un 5 por ciento más de combustible del que realmente se había suministrado.
Durante el juicio, los imputados declararon que el mecanismo era para contabilizar los litros suministrados en casos de cortes de luz, a pesar de que había en el mercado dispositivos fiables para cuantificar la gasolina en esas circunstancias.
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