Un sistema de turnos para los futuros juicios del ‘procés’

El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el goteo de casos relacionados con el procés que tarde o temprano acabarán llegando al Tribunal Supremo han puesto a la Sala de lo Penal en una situación difícil. Solo dos de sus 13 magistrados no han intervenido en ninguna fase de la causa por la que se condenó a Oriol Junqueras y a otros 11 líderes secesionistas, por lo que son los únicos que, en principio, podrían participar en los recursos que llegarán de los casos juzgados en otros tribunales o en juicios que tengan que celebrarse directamente en el Supremo, como el del expresidente Carles Puigdemont si Bélgica lo entrega a España. Pero en la Sala de lo Penal hacen falta un mínimo de cinco magistrados para formar un tribunal.

La situación de esta sala ha sido el detonante para que el Supremo se plantee algo que no ha tenido que abordar hasta ahora: ¿Cómo se completa un tribunal si no hay magistrados suficientes para resolver un caso? La solución, acordada este martes por la Sala de Gobierno es un sistema de turnos por el que magistrados de otras salas completarán los tribunales que queden cojos. Primero entrará el magistrado más antiguo de cada sala (excluyendo al presidente y empezando a contar por la Sala Primera) y, si hay que seguir completando, se tirará del magistrado más nuevo.

La solución se aplicará a las cinco salas del Supremo, aunque es la de lo Penal la que afronta un escenario más complejo. Fue el propio presidente de la sala, Manuel Marchena, quien alertó de ello el pasado octubre ante la cúpula del Consejo General del Poder Judicial durante su comparecencia para renovar el cargo. “Si tuviera que repetirse el juicio o cualquier parte tendríamos la dificultad de cómo formar la sala”, advirtió.

Aunque hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que admite que quien juzga a una parte de acusados puede valorar de nuevo esos hechos para otros protagonistas (como ocurriría, por ejemplo, en un futuro juicio a Puigdemont), el Supremo quiere evitar esta situación para eludir posibles recusaciones y recursos ante la justicia europea. “La idea de que la sala que ha valorado el testimonio de 500 testigos, ha escuchado a 12 acusados, ha examinado metros cúbicos de documentos está en disposición de juzgar hechos similares con distintos protagonistas nos sitúa en una posición difícil”, reconoció el propio Marchena en su comparecencia.

La situación se ha complicado en las últimas semanas con la suspensión de los nombramientos de jueces acordada en enero por el Consejo General del Poder Judicial a la espera de que los partidos se pongan de acuerdo para renovar este órgano, que está en funciones desde diciembre de 2018. Entre los cinco nombramientos pendientes que tenía el Consejo cuando adoptó esta decisión están, precisamente, tres de la Sala de lo Penal del Supremo, que debían cubrir las vacantes dejadas por tres magistrados recién jubilados.

El órgano de gobierno de los jueces suspendió los nombramientos confiando en “una pronta renovación de la institución”, una vez constituidas las Cámaras y formado el Gobierno tras las últimas elecciones generales, según el acuerdo adoptado por el pleno del Consejo. Pero ese mismo acuerdo contemplaba retomar los procesos para cubrir las vacantes “si en un tiempo prudencial no se constatan avances de cara a esa renovación”. Tras el fracaso de la reunión del pasado lunes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, el CGPJ ha asumido que deberá volver a reactivar las designaciones que se quedaron sobre la mesa e, incluso, seguirá cubriendo las vacantes que se generen a partir de ahora.

La decisión, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, ya está tomada porque se da por hecho que la renovación del órgano no se va a desbloquear antes de las elecciones vascas y gallegas, aunque no será hasta marzo o abril cuando se aprueben los nuevos nombramientos. Los primeros serán los tres magistrados de lo Penal, que aliviarán el déficit actual de la sala pero que, según fuentes del tribunal, seguirán siendo insuficientes para resolver los casos del procés que quedan por llegar.