El Gobierno retrasa el escrito de la Abogacía del Estado ante la presión de ERC

La legislatura sigue pendiente de ERC, y el Gobierno multiplica sus movimientos para tratar de atraerse a los republicanos. El escrito de la Abogacía del Estado —dependiente del Ministerio de Justicia—, sobre el caso Junqueras, elemento clave de la negociación, se retrasó este lunes ante la presión de los republicanos, que exigen que ese documento muestre un claro giro del Gobierno. Tras la sentencia de la justicia europea, la Abogacía busca una fórmula para pedir al Supremo que Junqueras pueda salir de prisión de manera puntual para realizar los trámites para ser eurodiputado pero sin cuestionar la sentencia del procés, algo que reclama ERC y que el Gobierno no contempla. La negociación sigue, pero la fecha del 30 de diciembre se complica.

Mientras el Gobierno y el PSOE mantienen un mutismo absoluto —que ya se alarga durante varias semanas— con la intención de facilitar el acuerdo, todo el protagonismo mediático y la explicación pública de la situación corresponde a ERC, la única fuerza política que ofrece casi a diario su versión.

Marta Vilalta, portavoz de esta formación y una de las negociadoras, aseguró que el éxito de la investidura dependerá, en buena medida, del sentido del dictamen de la Abogacía del Estado sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que el pasado jueves dictaminó que el presidente de ERC gozaba de inmunidad tras ser elegido eurodiputado.

Aun así, Vilalta admitió que el acuerdo no está lejos. Reconoció que desde que se hizo pública la sentencia los contactos han persistido —incluso se han intensificado tras el congreso de ERC del sábado— y que apenas quedan “algunos flecos” por resolver.

El diablo de la investidura está en los detalles. Antes de seguir, Esquerra quiere comprobar hasta qué punto las tesis de la Abogacía del Estado se acercan a las suyas: libertad inmediata para que Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, pueda recoger el acta de eurodiputado; y nulidad del juicio y la sentencia del procés —algo que el Gobierno no contempla—. Para los republicanos, se hace cada vez más cuesta arriba que todo el proceso previo para que se pueda celebrar el debate de investidura, si finalmente las negociaciones culminan en un acuerdo, pueda concluir esta semana. ERC se inclina, más bien, por las jornadas previas al día de Reyes. En cualquier caso, aseguran que no es cuestión de calendario “sino de contenido”.

Los socialistas insisten en intentar hasta el final convencerles de que es mejor hacerlo esta semana y votar el 30 —o incluso el 31— la investidura, pero en las filas del PSOE ya está bastante asumido que eso será muy complicado. Por si acaso, el Congreso habilitó los días 28 y 29 —el próximo fin de semana— para poder hacer plenos. Pero si no hay acuerdo de inmediato esos días quedarán descartados.

“Lo que no puede ser es que la doctrina Junqueras sirva para todos menos para él”, dijo Vilalta. “Emplazamos al Estado y a la justicia española a que se actualice, tienen una oportunidad de rectificar el camino de la represión. Si el Estado quiere continuar con la represión, la derrota será más dura para la justicia española. Cuanto más tarde en rectificar, más dura será la caída”, subrayó.

Los republicanos consideran que lo que diga la Abogacía del Estado es muy importante porque entra de lleno en uno de los requisitos que han marcado las conversaciones, “que la política desplace a la represión”, en palabras de Pere Aragonès, coordinador de ERC y vicepresidente del Govern. De hecho, algunos de los “flecos” a los que aludía la portavoz dependen de cómo se articule finalmente ese giro.

Tras la primera reunión de la ejecutiva del partido recién concluido el 28º Congreso de ERC del sábado pasado, que se celebró sin sobresaltos y con un guion de la dirección que se cumplió prácticamente a rajatabla, Vilalta admitió que estaban muy satisfechos: “La organización política sale reforzada y la dirección elegida en septiembre ha sido avalada. Salimos con una cohesión interna bien fuerte, tal como demostraron las votaciones”.

El 93,4% de los militantes que votaron refrendaron la ponencia política, en la que finalmente no se alude a declaraciones unilaterales de independencia, aunque tampoco se descarta esa opción.

Peticiones republicanas

El Gobierno y el PSOE también están satisfechos con ese congreso, que creen que da margen a la dirección para cerrar el acuerdo de investidura cuanto antes. Pero en La Moncloa tienen que resolver primero la papeleta de la Abogacía del Estado, un asunto muy delicado que ya provocó duras críticas de la oposición. En realidad, la posición de la Abogacía no es clave, porque el Tribunal Supremo, tras escuchar a todas las partes, tomará la decisión que estime oportuna —como ya hizo en junio—, pero su relevancia política se la da la petición de ERC. Los republicanos, que en el pasado reclamaban al Gobierno que controlara a la Fiscalía, ya no plantean nada sobre esta institución, que es autónoma, pero sí exigen un gesto a través de la Abogacía del Estado.

Cuando se cierre esta cuestión previa, la negociación volverá al asunto central, esto es, el documento que marcará la negociación entre los dos Gobiernos —con una mesa de diálogo— sobre la crisis catalana. En las últimas horas, el PSOE y ERC se han intercambiado papeles y se ha discutido mucho sobre ese documento final, con lo que está todo prácticamente listo para la decisión definitiva.

Prácticamente listo. Pero el escrito de la Abogacía del Estado estaba también prácticamente ultimado este domingo y el Gobierno insistía en que iba a ir en una línea clara que no supondría un nuevo problema. Sin embargo, finalmente, este lunes se retrasó. Por un lado, según las fuentes consultadas en la Moncloa, la Abogacía del Estado no pondrá en un compromiso al Tribunal Supremo, porque el Ejecutivo entiende, como ya dijo públicamente, que la resolución de Luxemburgo no afecta al fondo de la sentencia del procés. Pero por otro lado sí sostendrá, como dice Luxemburgo, que a Junqueras se le vulneraron derechos. Y esa es la parte en la que confían en que se podrá lanzar ese gesto que reclama ERC.

En el Ejecutivo insisten en que la Abogacía del Estado ya pidió en junio que Oriol Junqueras pudiera salir de prisión para recoger el acta de eurodiputado. Entonces se le negó esa posibilidad, lo que ha provocado un nuevo revés para el Supremo en la justicia europea. Ahora la argumentación jurídica es distinta, porque el líder de ERC ya no está en prisión preventiva sino condenado por sentencia firme, pero el fondo será similar.