La Abogacía rechazó preguntar sobre la inmunidad de Junqueras, pero avaló que recogiera el acta de eurodiputado

La Abogacía del Estado se opuso el pasado junio, en línea con la Fiscalía, a que el Tribunal Supremo consultara ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el alcance de la inmunidad del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras. La institución que defiende los intereses del Gobierno consideró entonces que la interpretación del derecho comunitario "no deja lugar a duda razonable alguna" sobre la cobertura de esa inmunidad. Unos días antes, sin embargo, la Abogacía del Estado sí se mostró favorable a que el líder de Esquerra pudiera salir de prisión para jurar ante la Junta Electoral como eurodiputado. En este caso, la posición fue opuesta a la de la Fiscalía. 

Sobre la salida de prisión de Junqueras, el Tribunal Supremo adoptó el criterio de la Fiscalía para no afectar el desarrollo del juicio del procés. La Abogacía del Estado, en cambio, se mostró favorable a dejarle jurar el cargo, según expuso en un escrito del pasado 12 de junio. Rosa María Seoane argumentó que debía aplicarse el mismo criterio que el decidido por el propio tribunal unas semanas antes, cuando concedió permiso a Junqueras y a otros presos -que resultaron elegidos en las elecciones generales- para salir de Soto del Real.

Sobre la consulta al TJUE, la Abogacía del Estado dijo que sería "impertinente" porque es una cuestión que "versa sobre derecho nacional". Las "prerrogativas y derechos de la condición de diputado al Parlamento Europeo no se adquieren hasta la primera sesión" del mismo y "no se extienden a los candidatos electos", consideró entonces esa institución. La sentencia ha dictaminado lo contrario.

La institución tendrá que pronunciarse de nuevo ante el Tribunal Supremo, que ha abierto un plazo de consulta a las partes para que presenten sus alegaciones. El Gobierno ya ha dicho que la Abogacía del Estado está estudiando la sentencia con detenimiento y presentará su escrito "en los próximos días". Esa decisión es clave porque Esquerra Republicana de Cataluña ha decidido congelar las conversaciones con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez precisamente hasta que el Gobierno aclare cuál será la posición de la Abogacía del Estado.