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El Parlamento Europeo duda de que la inmunidad de Junqueras siga vigente

Los servicios jurídicos recuerdan que el líder de ERC ya no está en prisión provisional sino condenado en firme

Lluís Pellicer
Oriol Junqueras en el Congreso de los Diputados.
Oriol Junqueras en el Congreso de los Diputados.SERGIO PEREZ (AFP)

Apenas dos minutos necesitó el presidente del Tribunal de Justicia de la UE, Koen Lenaerts, para leer las conclusiones del caso Junqueras. Suficiente para provocar un vendaval político que acabó abriendo las puertas de la Eurocámara a los prófugos Carles Puigdemont y Toni Comín. Pero el Parlamento Europeo mantiene dudas sobre la inmunidad actual de Oriol Junqueras. Los servicios jurídicos recuerdan que el líder de ERC ya no está en prisión provisional sino condenado en firme, y reiteran que la “evaluación” de su situación depende del Tribunal Supremo.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) —que el pasado jueves determinó que Junqueras gozaba de inmunidad en junio y por tanto debía haber sido autorizado a recoger su acta de eurodiputado— señalaba cómo debería haber procedido el Tribunal Supremo español con Junqueras cuando este se hallaba en prisión provisional; pero no entraba a valorar que su situación cambió tras la sentencia del 14 de octubre, que lo condenó a 13 años por sedición y malversación. Ese cambio radical de contexto sí está recogido, sin embargo, en una nota elaborada por los servicios jurídicos de la Eurocámara, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

La nota, de tres páginas, recuerda expresamente que el exvicepresidente de la Generalitat catalana “actualmente ya no está sujeto a medidas de prisión provisional”, sino que está “cumpliendo una pena de prisión firme”.

El documento —firmado por los jurisconsultos de la Eurocámara Freddy Drexler, Niklas Görlitz y Cristina Burgos— añade que el TJUE deja en manos de la justicia española “la evaluación” de los “efectos que deberían vincularse a las inmunidades de las que goza” Junqueras ahora, “sin especificar esos efectos y consecuencias ni aclarar el alcance exacto de las inmunidades actualmente aplicables” al líder de ERC tras el arranque del noveno periodo de sesiones del Parlamento Europeo.

La nota salió de la secretaría general del Parlamento el mismo jueves. Pero antes, por la mañana, la institución había vivido varios momentos de tensión. Según fuentes parlamentarias, un sector de los funcionarios de la Cámara destacó el salto europeísta que daba la sentencia respecto a la regulación de los comicios electorales, al considerar que “la condición de diputado al Parlamento Europeo” se adquiere por “ser elegido por sufragio universal directo en una votación libre y secreta”, al margen de los requisitos que fije cada Estado.

En ese sentido, las consecuencias de la sentencia del TJUE van más allá del caso del exvicepresidente catalán. Suponen un antes y un después en la doctrina de las instituciones europeas. El TJUE limita a partir de ahora al periodo electoral el papel de los Estados: tras la proclamación de los diputados, el procedimiento pasa a manos del Parlamento Europeo.

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Así se explica en la nota de los servicios jurídicos: la “adquisición legal” de la condición de “miembro” del Parlamento Europeo ya no está sujeta a la “notificación formal de los resultados por parte de los Estados”, sino que se adquiere, junto a la inmunidad, tras la proclamación previa de los resultados electorales.

Esa interpretación permitió que el Parlamento levantara el viernes la prohibición que impedía a Puigdemont y Comín, huidos de la justicia española desde 2017, entrar en sus instalaciones y recibir un pase provisional para acreditarse. Sin embargo, el informe advierte de los interrogantes que deja el fallo de Luxemburgo en el caso de Junqueras.

Reuniones tensas

Los funcionarios citados consideraron el jueves que la sentencia era muy clara y reclamaron que el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, compareciera ante el pleno para reconocer a Junqueras, Puigdemont y Comín como miembros de la Cámara. Según las fuentes consultadas, esa posibilidad inquietó sobremanera a los partidos españoles constitucionalistas y otros sectores del Parlamento Europeo que preferían aguardar a los pasos que dé el Supremo. La líder de los socialdemócratas europeos, la española Iratxe García, mantuvo tensas reuniones con esos funcionarios y posteriormente un intenso encuentro con Sassoli.

El presidente compareció finalmente en el pleno llamando al orden ante el abucheo de algunos diputados. Leyó entonces una declaración en la que no constaba ninguna referencia explícita a Junqueras, Puigdemont y Comín, pero en la que llamaba a las “autoridades españolas competentes a cumplir” con la sentencia y daba instrucciones a los servicios de la Eurocámara para estudiar cómo afectaba la sentencia a la “composición” del hemiciclo.

ERC reclama la implicación de Sassoli

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), a través de su diputada en el Parlamento Europeo Diana Riba, pidió por carta al presidente de la Eurocámara, David Sassoli, que inste a España a tomar medidas urgentes para garantizar la inmunidad del líder del partido, Oriol Junqueras, y su “inmediata liberación”. Riba también reclamó que Sassoli pida ser informado sobre los pasos que da España para cumplir la sentencia del Tribunal de la UE.

Si bien este tribunal se limitaba a dirimir el caso Junqueras, por ahora quienes se han beneficiado de la sentencia son Carles Puigdemont y Toni Comín, de Junts per Catalunya. Fuentes parlamentarias explicaron que todavía no hay una decisión sobre cómo proceder con Junqueras tras las dudas expresadas por los servicios jurídicos, pero abogan por una "lectura maximalista" de la sentencia.

Otras fuentes parlamentarias no descartan que la justicia española tenga que tramitar un suplicatorio. Y en ese caso señalan la complejidad de esas votaciones —que acabarían en el plenario— en una Cámara fragmentada y que en el inicio de la legislatura ha demostrado su disposición a plantar cara a los Estados. “Va a ser un drama”, dicen.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Nacional de EL PAÍS. Antes fue jefe de Economía, corresponsal en Bruselas y redactor en Barcelona. Ha cubierto la crisis inmobiliaria de 2008, las reuniones del BCE y las cumbres del FMI. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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