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Bal recuerda que la Abogacía del Estado no puede pedir la libertad de Junqueras porque tiene una condena firme

El diputado de Ciudadanos avisa contra las "presiones políticas" a la institución para facilitar la investidura de Sánchez

abogacia del estado
El diputado de Ciudadanos Edmundo Bal el pasado viernes en el Congreso de los Diputados.

Por si acaso la Abogacía del Estado pidiera la libertad de Oriol Junqueras, en virtud de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos y ex abogado del Estado en el Tribunal Supremo, anticipa que sería completamente incorrecto. Y lo hace con el mismo argumento jurídico que usó la Fiscalía: Junqueras no puede beneficiarse de la sentencia europea ya que ha sido juzgado y condenado en firme por el Tribunal Supremo en el juicio del procés. En una rueda de prensa, el exabogado del Estado ha advertido de un supuesto intento del Gobierno de interferir en la independencia de la institución a través de "presiones políticas" para facilitar la investidura de Sánchez

“Si la Abogacía hiciera eso [pedir la libertad de Junqueras] actuaría como Abogacía del PSOE o de ERC”, ha declarado este lunes el diputado liberal en una entrevista en Onda Cero. La sentencia señala que debía haber sido puesto en libertad para tramitar su acta eurodiputado y desplazarse a Estrasburgo para la constitución del Parlamento Europeo. Así lo expresó la propia Abogacía el Estado el pasado mes de junio. La tesis de Bal, que dejó su puesto al sentirse presionado por el Gobierno para que tomara decisiones con las que estaba en desacuerdo, es que ya no hay consecuencias posibles, aunque pueda tenerlas para otros, como los fugados de la justicia española Carles Puigdemont y Toni Comín.

En este sentido, ha recordado que en junio el escrito de la Abogacía del Estado "planteaba una postura muy cercana a la defensa" [de Junqueras], al considerar que tenía que garantizarse su inmunidad para cumplir los requisitos para adquirir plenamente la condición de diputado en el Parlamento Europeo. Desde su perspectiva, la Abogacía General del Estado debería coincidir con la Fiscalía General del Estado. Se está a la espera de que la Abogacía se pronuncia y también el Tribunal Supremo, que fue el órgano que pidió a Europa que se manifestase. 

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