La UE se pone de perfil ante el ‘Open Arms’

Issiaga tiene 25 años y necesita curas diarias en los pies. Salió de Guinea en marzo de 2017 y cruzó África para poder atravesar el Mediterráneo. Cuenta que lo intentó cuatro veces y las cuatro la guardia costera libia lo interceptó para llevarlo a un centro de detención. Allí, ha contado a la tripulación del Open Arms, se rebelaron tras dos días sin comer y en la confusión de la revuelta un guardia le disparó con una ametralladora en los dos pies. A otros de sus compañeros, los mataron. En el barco, además de Issiaga, viajan 120 personas, algunas gravemente heridas como él. Hay 32 menores de edad, incluidos dos gemelos etíopes de nueve meses acompañados de su madre, torturada y violada en Libia.

El buque español Open Arms cumplió con la de este lunes cinco noches en aguas internacionales sin que haya habido ningún movimiento oficial para facilitar el desembarco de las 121 personas que lleva a bordo. Tras la negativa de Malta e Italia a abrir sus puertos a la ONG catalana, la Comisión Europea, que ha acabado ejerciendo de mediadora en estos casos, afirma no haber recibido hasta ahora ninguna petición para negociar la reubicación de los rescatados y acabar así con el bloqueo.

La solicitud a la Comisión Europea, según explicó a EL PAÍS un portavoz, la hace normalmente un Estado miembro. Es entonces cuando inicia una ronda de contactos para coordinar la distribución en diferentes países de los migrantes rescatados y conseguir así que Italia y Malta, que rechazan hacerse cargo de los náufragos, acepten al menos desembarcarlos. Esta fórmula, improvisada, voluntaria y lenta, ya que suele arrastrarse al menos una semana, es la única que viene funcionando desde que se consolidó la política de puertos cerrados en el Mediterráneo Central hace ya un año. El director de la ONG Proactiva Open Arms, Óscar Camps, pidió ayer a diversos miembros del Ejecutivo que sea España quien requiera a la UE que desbloquee la situación.

Consolidar un mecanismo previsible de desembarcos continúa siendo una piedra en el zapato de la UE. El último año se han sucedido las reuniones formales e informales sin más avance que un preacuerdo liderado por Francia y Alemania, que implica la colaboración voluntaria de ocho estados miembros para acoger migrantes rescatados y evitar estas situaciones de bloqueo. España no ha apoyado este enfoque y ha defendido que, primero, hay que hacer que Italia y Malta cumplan la ley. El Ejecutivo español reivindica además que la solidaridad no debe ser voluntaria sino obligatoria y que el reparto de responsabilidades no tiene que limitarse al Mediterráneo Central, sino contemplar también a los rescatados en el Estrecho y el Mar de Alborán.

Desde que realizó los rescates entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes, la tripulación del Open Arms ha pedido puerto a Italia y Malta. Malta se lo ha negado dos veces e Italia ni ha respondido. Ambos son los puertos seguros más cercanos y blindarlos viola los convenios internacionales de salvamento marítimo. El Gobierno italiano, que sí accedió a evacuar a dos mujeres en avanzado estado de gestación y a la hermana de una de ellas, advirtió por escrito de que superar aguas territoriales italianas puede suponerles hasta 50.000 euros de multa y la confiscación del barco en caso de reincidencia.

Cataluña y Valencia han ofrecido sus puertos para el desembarco. Extremadura, además, se ha ofrecido a acoger a una parte de los rescatados y el País Vasco ha pedido que se coordine un reparto entre comunidades. Pero el buque catalán no pretende ir a España. “Yo quiero que el puerto me lo ofrezcan Malta o Italia, que son los puertos seguros más cercanos. Así como España asume la responsabilidad en el sur, Italia y Malta tienen que asumir la suya”, dijo Camps.

Políticamente, España, que en enero prohibió al Open Arms continuar con sus labores de rescate, tampoco quiere involucrarse. “No se puede dar la imagen de que España sea el único puerto seguro. Sería dramático respecto a la normativa internacional. No es que no vaya a venir. Es importante que la Comisión Europea asuma sus responsabilidades. Esto no puede ser una cuestión voluntarista, debe haber una política común”, zanjó ayer el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.