El ‘Open Arms’ reitera que su propósito no es realizar operaciones de búsqueda y salvamento

El Open Arms se da por enterado de la advertencia del Gobierno de que, si el barco continúa con sus labores de rescate, se enfrentará a sanciones de hasta 900.000 euros. Este jueves ha respondido en una carta dirigida al director general de la marina mercante: "El buque no tiene intención de acometer operaciones de búsqueda y salvamento, que nada tienen que ver con las labores de observación y vigilancia que habitualmente lleva a efecto".

El barco, que tiene prohibido realizar esas labores al no contar con la conformidad de la autoridad de la región, ha puesto rumbo a la zona de rescate libia, en el Mediterráneo Central, la región del mundo donde más migrantes perecen desde que estallara la guerra en el país africano en 2014. Un año después, la organización inició sus labores de rescate y salvamento en Lesbos (Grecia), donde ha salvado a miles de personas en el mar Egeo. Y en 2016 amplió su misión al Mediterráneo Central, donde ha rescatado a 15.000 personas a bordo del velero Astral.

El veto del Gobierno a Open Armas se produjo para evitar nuevas crisis derivadas del rescate de migrantes, quienes acaban bloqueados en alta mar ante la negativa de Malta e Italia de recibirles en sus puertos. El pasado enero, el Ejecutivo impidió al buque levar el ancla y lo mantuvo en el puerto de Barcelona, porque "no contaba con los certificados necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa internacional de seguridad marítima y prevención de la contaminación del medio marino". Una situación que criticó el Papa Francisco. Aunque en el comunicado de este jueves, recuerdan que la capitanía marítima de Nápoles ha comprobado todos los certificados y el buen estado de la nave.

Desde la organización recuerdan la vigencia del Convenio FAL, que facilita el transporte marítimo reduciendo el papeleo relacionado con la llegada, permanencia y salida de los buques que efectúan viajes internacionales. "Las autoridades públicas facilitarán la salida y llegada de los buques dedicados a tareas de socorro en casos de desastre y el rescate de personas en peligro en el mar".

En lo que va de año, la organización lamenta la muerte de 598 personas (1.300 en 2018) que "podrían haber sido rescatadas si fuera voluntad de los países de la Unión Europea". En el escrito afirman que el puerto libio no es seguro y esgrimen tres resoluciones judiciales internacionales que lo justifican. "El capitán del Open Arms es plenamente consciente de las obligaciones que le impone el ordenamiento jurídico español", zanja la misiva. En la prohibición de la dirección general de marina mercante, se recordaba a la ONG que "el buque está sujeto a las normas españolas de la navegación con independencia del lugar donde se encuentre".