El ‘Open Arms’ desafía la prohibición del Gobierno y se dirige a aguas de rescate libias

La organización Proactiva Open Arms ha decidido iniciar un pulso con el Gobierno español y ha enviado a su buque Open Arms a la zona de búsqueda y rescate libia. El barco tiene expresamente prohibido realizar tareas de salvamento en esas aguas del Mediterráneo Central, la región del mundo donde más migrantes pierden la vida desde 2014. El veto fue impuesto por el Ministerio de Fomento para evitar nuevas crisis derivadas del rescate de migrantes que acaban bloqueados en alta mar ante la negativa de Malta e Italia a abrirles sus puertos.

"Seis meses bloqueados. No aguantamos más. Levamos anclas y nos vamos. Antes presos que cómplices", anunció Óscar Camps, líder de la ONG, el miércoles en su cuenta de Twitter. El Open Arms, que durante el año pasado rescató más de 400 personas que desembarcó posteriormente en España, desafiaba así al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez. El Ministerio de Fomento, de quien dependen los permisos de navegación del buque, ha declinado manifestarse.

El Open Arms lleva desde enero sin poder dedicarse al salvamento, la razón de ser de la organización catalana. Los diferentes despachos del buque le prohíben expresamente “realizar operaciones de búsqueda y salvamento u otras actividades que deriven con toda probabilidad en tales operaciones”. El incumplimiento puede conllevar multas de hasta 901.000 euros. 

En lo que va de año, el barco consiguió dos permisos para dirigirse en mayo a la isla griega de Samos y entregar ayuda humanitaria para los refugiados y para pasar la última semana en Nápoles en unas jornadas de puertas abiertas. Ha sido en esa ciudad al sur de Italia que la tripulación ha decidido saltarse el bloqueo y volver a su actividad. “No es tanto una desobediencia como una divergencia de criterio. No estamos de acuerdo con la decisión del Gobierno de penalizarnos por salvar vidas. Volvemos por las 590 personas que han muerto desde que nos bloquearon”, cuenta Camps a EL PAÍS. “Llega el buen tiempo y las salidas continúan ocurriendo en silencio. Ahora mismo no hay ninguna operación civil ni militar que garantice una misión rápida en caso de naufragio”, lamenta.

Denunciar violaciones

Camps defiende que el objetivo de la ONG en esta misión no es centrarse tanto en los rescates sino en documentar y denunciar las omisiones de socorro que se producen en la zona. Pero, más allá de su papel de testigo, la organización asume que en caso de necesidad de rescate intervendrá como dicta la ley del mar.

En esta inmensa área de 350.000 kilómetros cuadrados, la responsabilidad de los rescates recae, con en beneplácito de la UE, en los guardacostas libios. Estos rescatadores armados, además de ser cuestionados por su capacidad y métodos de salvamento, están inmersos en una guerra civil. “Tenemos que denunciar las violaciones de los derechos humanos que ocurran”, advierte Camps.

El bloqueo de barcos humanitarios que actuaban en el Mediterráneo Central se ha convertido en una constante desde el verano pasado, cuando Italia y Malta decidieron cerrar sus puertos a las embarcaciones dedicadas al rescate de migrantes. Desde entonces, los socios europeos se han mostrado incapaces de crear un sistema de cuotas de acogida para facilitar el desembarco y en cada rescate se improvisa una solución que mantiene a los migrantes bloqueados durante días en alta mar.

Durante seis meses, España asumió la responsabilidad de acoger estos barcos. Primero fue el Aquarius y después el Open Arms, que protagonizó cuatro mediáticos desembarcos en puertos españoles. Hasta que en enero decidió dejar de responsabilizarse de los migrantes rescatados en zonas que no le corresponden e impidió la partida hacia el mediterráneo Central a los dos barcos de bandera española dedicados a esta actividad, el catalán Open Arms y el vasco Aita Mari.