El ‘Open Arms’ pide un puerto seguro para 124 inmigrantes rescatados

El buque español de rescate Open Arms vuelve a pedir un puerto seguro desde el Mediterráneo. Tras siete meses de inactividad por la prohibición del Gobierno español de asumir más rescates, el barco ha socorrido en las últimas 24 horas dos embarcaciones con 124 personas a bordo, entre ellos dos niños y dos bebés mellizos de nueve meses. El rescate desafía una vez más al ministro del Interior italiano Matteo Salvini, que ha emprendido su propia batalla contra la inmigración irregular atacando a las ONG que actúan en el Mediterráneo, y fuerza a la Unión Europea a improvisar, de nuevo, un reparto de los náufragos para viabilizar un desembarco.

El Gobierno español, que el año pasado acogió cerca de 400 migrantes rescatados por el buque, se ha desentendido de la petición de la embarcación. "Creo que ya se dirige a otro puerto", ha asegurado este viernes la ministra portavoz en funciones Isabel Celaá en la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros. "Esperamos que esté actuando de acuerdo con los convenios internacionales y la normativa nacional", ha proseguido. El Open Arms contactó con los centros de coordinación marítima de Malta e Italia, que mantienen su política de puertos cerrados para los migrantes, para pedir que coordinasen el desembarco en un puerto seguro. Sin éxito. Salvini ya les ha hecho llegar un documento en el que les advierte de que tienen prohibido entrar en aguas territoriales italianas (12 millas) o se enfrentarán a multas de entre 10.000 a 50.000 euros y la confiscación del barco en caso de reincidencia.

El buque español ya se enfrenta a las sanciones del Gobierno español. Desde enero, la Capitanía Marítima, dependiente del Ministerio de Fomento, prohíbe que la ONG asuma labores de rescate o actividades que le lleven a ello en el Mediterráneo Central. La negativa, basada más en una posición política que técnica, se basa en que el barco no reúne las condiciones para emprender largas travesías como las que le llevaron hasta España con un elevado número de personas a bordo, dando por supuesto que los puertos seguros más cercanos continuarán cerrados. A finales de junio, la ONG decidió desafiar la prohibición y volvió a la zona, pero aunque había auxiliado algunas embarcaciones no había subido a sus náufragos a bordo hasta ahora. El incumplimiento puede suponer multas de hasta 901.000 euros.

El primer rescate se realizó la tarde del jueves en aguas de responsabilidad libia. Una barca de madera con 53 personas a bordo y dos bebés pedía auxilio. La segunda operación, ya de noche y en zona de rescate maltesa, sacaba del agua a 69 migrantes. Celaá, preguntada por la posición del Gobierno sobre la actuación del barco, ha aprovechado para ensalzar el papel de España en el auxilio de migrantes en el Mediterráneo. "Salvamento Marítimo ha rescatado a más de 8.000 personas en lo que va de año y a casi 50.000 en 2018", ha presumido la ministra. "Hacemos el trabajo habitual de un Gobierno y con una sensibilidad extraordinaria".

En su intento de llegar a puerto, el Open Arms, por cortesía, también ha intentado comunicarse con los guardacostas libios, que financiados y formados por la UE se han convertido en responsables del rescate en una enorme porción de mar de 350.000 km2. No respondieron pero, aunque lo hiciesen, un desembarque en Libia, inmersa en una guerra civil y con una política de encierro sistemático de inmigrantes y refugiados, no es una opción para la ONG. La propia Comisión Europea ha reiterado en varias ocasiones que Libia no es un puerto seguro.

Los dos rescates se producen poco más de una semana después de la reunión informal que tuvo lugar en París en la que los representantes de los ministerios del Interior y Exteriores europeos asumieron una suerte de preacuerdo para crear, por fin, un mecanismo previsible para los desembarcos. Las negociaciones buscan un modelo de reubicación de migrantes una vez que Italia y Malta, en buena parte de las ocasiones, solo aceptan abrir sus puertos si existe un acuerdo previo para reubicar a los rescatados. Los impulsores de esta iniciativa, Francia y Alemania, celebraron la disposición de 14 Estados miembros, aunque de ellos, apenas ocho mostraran una intención real de asumir la acogida de migrantes rescatados en el Mediterráneo Central.

España no es partidaria de este enfoque y reclama que Italia se atenga a los convenios internacionales de los que es signataria, asuma el salvamento que le corresponde y proporcione puertos seguros. El Ejecutivo defiende además que cualquier mecanismo de reubicación de migrantes se aplique también a los rescatados en la ruta que lleva a España, una travesía que en 2018 cruzaron casi 65.000 personas.