Villarejo entregaba teléfonos “de seguridad” a sus clientes para evitar escuchas

Él grababa todo, pero quería impedir a toda costa ser grabado. Los audios intervenidos al comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez, encarcelado desde noviembre de 2017 como presunto cabecilla de una trama policial, revelan que entregaba teléfonos de "seguridad" a algunos de sus clientes para que se comuniquen con él por "un medio seguro". Así lo recoge el juez Manuel García-Castellón en el auto dictado este lunes por el que impone a José Manuel Villarejo Gil, hijo del policía, medidas cautelares tras imputarle en la llamada pieza Pit, en la que se investigan las actividades irregulares del comisario para impedir la extradición de un empresario español a Guatemala, que le reclamaba por corrupción.

En el escrito, el magistrado también destaca que el comisario se jactaba de poder regularizar la situación en España de cualquier extranjero mediante su inclusión en una supuesta "lista de colaboradores del Ministerio del Interior" que les permitiría acceder fácilmente a un permiso de residencia. Es el mismo mecanismo que la llamada brigada patriótica, a la que también pertenecía Villarejo, ofreció en abril de 2016 a un disidente venezolano a cambio de que declarase contra Podemos y Pablo Iglesias.

El juez toma la decisión sobre el hijo de Villarejo tras tomar declaración este lunes a él y a otras dos personas imputadas en la pieza Pit del caso Villarejo: el policía jubilado Antonio Bonilla y el exembajador de Guatemala en EE UU Julio Ligorría. A todos ellos les ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de salir de España y la retirada de pasaporte. A Bonilla, además, le fija una fianza de 15.000 euros. El juez acusa a todos de haber participado en la trama creada por el comisario ahora encarcelado para impedir que España extraditara al empresario naviero Ángel Pérez-Maura a Guatemala, donde era reclamado para juzgarlo por asociación ilícita, fraude y cohecho por el supuesto pago de comisiones al presidente y la vicepresidenta del país para hacerse con una adjudicación pública. Por esos trabajos, Villarejo iba a recibir 10 millones de euros a través de dos de sus sociedades.

Es, precisamente, en una conversación grabada por Villarejo con Pérez-Maura, y cuyo resumen incluye el juez en el auto, en la que los investigadores constatan la supuesta entrega de teléfonos de "seguridad" por parte del policía a varios de los implicados. El encuentro se produjo el 26 de abril de 2016 y en el mismo participaron, además del comisario y el naviero, el hijo de Villarejo, el abogado Rafael Redondo, socio del policía, y el empresario Adrián de la Joya. Estos tres últimos formaban parte, supuestamente, del equipo de Villarejo que iba a participar en sus maniobras para impedir la extradición de Pérez Maura. Según recoge el auto del juez, en el transcurso de la conversación Villarejo le dice al naviero "que para comunicarse prefieren utilizar un medio seguro y pide a su hijo que le traiga un teléfono a Ángel [Pérez Maura]". El policía justifica la medida en su "convicción" de que el CNI está escuchando al empresario.

El comisario le detalla que cualquier cosa que necesite llame a otra terminal de seguridad, en poder de su socio, Redondo, también imputado en la causa. "Villarejo le explica a Ángel que lo utilice para comunicarse con ellos y que, si lo detuvieran, cuando le pregunte la policía, les diga que es para una novia que tiene", se lee en el escrito judicial en el que también se recoge que el comisario explica a su cliente que "a la policía, cuando se le dice que es para un tema de chicas o sexual no suele analizarlo". En ese encuentro, otro de los participantes, Adrián de la Joya, también le solicita un teléfono de "seguridad" al policía. El juez recalca que es el hijo de Villarejo quien explica a los dos empresarios el funcionamiento de los terminales. El juez esgrime este episodio, junto a otros, para imputar al Villarejo Gil, que ya estaba encausado en la pieza principal el sumario, en la pieza Pit por los delitos de cohecho y falsedad documental. 

El auto de García-Castellón también destaca que en esa misma conversación Villarejo ofreció facilitar la renovación de su permiso de residencia a un ciudadano guatemalteco supuestamente implicado en el caso de corrupción por el que el país centroamericano reclamaba a España al naviero español y que se había asentado en Castelldefels (Barcelona). El comisario se jacta ante su cliente que lograr su regularización es "un tema menor" y que buscará para ese ciudadano guatemalteco "la cobertura adecuada para él". En este punto, propone "incluirlo en la lista de colaboradores del Ministerio de Interior como que es una personas que no está dando información" para facilitarle esa documentación. Solo unos días antes, el 11 de abril de 2016, la entonces cúpula del ministerio, que encabeza el popular Jorge Fernández Díaz, había otorgado un permiso extraordinario de residencia en España a un confidente venezolano clave en la guerra sucia abierta por la policía patriótica contra Podemos. Aquel confidente suministró informaciones no acreditadas contra la entonces tercera fuerza política del país.