Detenidos cuatro empresarios y un abogado por contratar a Villarejo para evitar una extradición

La Fiscalía Anticorrupción ordenó este miércoles la detención de cinco personas por su presunta implicación en una trama empresarial que pagó 30 millones de dólares (26,8 millones de euros) en comisiones ilegales a miembros del Gobierno de Guatemala y, además, contrató al comisario Villarejo por 10 millones para evitar la extradición de uno de ellos cuando la justicia del país centroamericano destapó el escándalo. Los arrestos se han producido dentro del caso Villarejo, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

Los arrestados son los empresarios Adrián de la Joya —imputado desde abril de 2017 en el caso Lezo de corrupción—, Francisco Javier Soucheiron y los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura, así como el abogado Enrique Maestre, según detalló Anticorrupción en un comunicado. Los domicilios de todos ellos fueron registrados. La Fiscalía señaló que las detenciones, de las que estaba informado el juez García-Castellón, se produjeron en el marco de la pieza 4, bautizada como Pit, del macrosumario abierto en 2017 para investigar las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de ese año.

Esta pieza fue abierta después de descubrir en poder del comisario facturas, documentos y grabaciones que apuntaban a su supuesta participación en 2016 en maniobras para impedir que España extraditara a uno de los detenidos este miércoles, Ángel Pérez-Maura. Este era reclamado por la justicia de Guatemala para juzgarlo por asociación ilícita, fraude y cohecho en una causa por corrupción.

Las pesquisas han revelado ahora una compleja trama en la que, además de este empresario y Villarejo, aparecen presuntamente implicados los otros cuatro detenidos este miércoles y que incluyen también las actividades ilícitas en el país centroamericano. En concreto, el pago de una comisión ilegal de 30 millones de dólares entregada entre los años 2012 y 2015 al entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti —recientemente condenada a 15 años de cárcel por corrupción—. Este supuesto soborno buscaba que el contrato para la construcción y explotación por 25 años de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal, en la costa del Pacífico guatemalteco, fuera adjudicada a una filial de la mercantil española Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona SL, de la que era directivo Ángel Pérez-Maura.

La investigación abarca también la contratación por parte de la naviera A Pérez y Cia SL, de la que Ángel Pérez-Maura era consejero delegado, del comisario Villarejo por 10 millones de euros. El policía debía utilizara sus supuestos contactos en la Audiencia Nacional para impedir la extradición del empresario. Villarejo debía conseguir también la excarcelación en Guatemala de un empleado de Pérez-Maura de nacionalidad española, así como diversas actuaciones en EE UU. El comisario presentó a sus clientes un plan de trabajo que bautizó con el nombre de Pit, el mismo que recibe ahora la pieza separada. El primer pago por estos trabajos, de 3,63 millones de euros, se realizó en abril de 2016 bajo el concepto de “asesoramiento en inteligencia corporativa y análisis de información en España, Guatemala y Estados Unidos”, según la documentación intervenida y a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

A partir de entonces, Villarejo facturó a través de dos de sus empresas 145.000 euros mensuales a la naviera. En febrero de 2017, meses antes de que fuera arrestado, el comisario recibió una “prima de éxito” de 1,2 millones. La Audiencia Nacional denegó finalmente la petición de extradición, ya que el acuerdo con Guatemala no obliga a entregar a los nacionales, y Pérez-Maura es español, y los delitos de los que se le acusaban no acarreaban penas elevadas.

En la nota en la que informaba de las detenciones, Anticorrupción destacaba, como ya hizo en septiembre, que sus pesquisas en la pieza Pit del caso Villarejo no afectan a la hoy ministra de Justicia, Dolores Delgado. La Fiscalía negó entonces que investigara si Delgado, que era fiscal de la Audiencia Nacional cuando ocurrieron los hechos, había ayudado al comisario para evitar la extradición de Pérez-Maura. Este miércoles reiteró que no lo hacía.