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La policía identifica a 16 nuevas víctimas de Villarejo

Solo una de las víctimas había denunciado en la Audiencia Nacional sus sospechas de que era espiada

Los archivos informáticos intervenidos al abogado Rafael Redondo, socio del comisario jubilado José Manuel Villarejo, han permitido a la Policía identificar en las últimas semanas a 16 nuevas víctimas de la trama del policía. La red había elaborado sobre ellas informes con datos confidenciales recopilados de manera ilegal. Desde listados de sus propiedades, a los vehículos a su nombre o el tráfico de llamadas. Solo una de las víctimas había denunciado en la Audiencia Nacional sus sospechas de que era espiado por el comisario ahora en prisión.

caso villarejo
Villarejo, en junio de 2017 cuando fue a declarar a los juzgados de plaza de Castilla, en Madrid.

El denunciante es un arquitecto técnico de Marbella, F. G. Z., sobre el que la trama del policía había elaborado lo que denominaba un informe de “actividad”. Este documento, ahora descubierto, había sido elaborado en agosto de 2015 con datos del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo (OPC) del Consejo General del Notariado, cuyas bases de datos solo son accesibles para la Policía en el marco de investigaciones por lavado de fondos o financiación del terrorismo.

Villarejo se valió supuestamente de un agente de la lucha antiterrorista para burlar los controles y acceder de manera irregular a esta información, según refleja el informe policial ahora incorporado al sumario que instruye el juez Manuel García-Castellón. La pieza separada en la que se investiga este espionaje, la número 8 del sumario, sigue declarada secreta.

El resto de las nuevas víctimas aparecen por primera vez en la causa. Algunos de ellos mostraban ayer a este diario su sorpresa al saber que habían sido espiados por el policía, en prisión desde su detención en noviembre de 2017. Entre ellos hay empresarios, abogados, un informático, un cirujano y una actriz de origen asiático que intervino hace dos años en una serie de televisión. Se trata de R. B., de la que han aparecido “datos personales y otros obrantes en las bases de datos policiales”. En los mismos archivos de la trama ha aparecido información sobre el informático sevillano J. B. D.; el cirujano plástico de origen colombiano asentado en Madrid T. Z. S.; y su compatriota L. P. E., que figura como directiva en una empresa madrileña dedicada al comercio al por mayor. Sobre esta última, la trama había hecho “un análisis de información relativa al registro de llamadas entrantes y salientes” de su número de móvil.

La trama también había recopilado abundante información sobre M. C. G. e I. L. C., que en 2015 —cuando Villarejo encargó a sus topos en la policía conseguir los datos sobre ellos— trabajaban en el despacho de abogados Balder, cuyo espionaje por encargo de un bufete de la competencia, Herrero y Asociados, ya es investigado en el caso Villarejo dentro de la pieza Iron. Los informes sobre ambos incluían que él poseía una motocicleta y detalles sobre los movimientos de las cuentas de ambos en Bankia.

Dos abogados

Entre los espiados figuran también dos abogados J. G. S. e I. G.-S. T., con despacho en Madrid. Y siete empresarios: N. O. G., ligado al negocio inmobiliario en el sur de España; J. C. S. y D. F. C., ambos con mercantiles para la gestión de locales de espectáculos; L. M. R. G.-R., dedicado al reciclaje; L. R. D., consejero de una aseguradora, y J. M. B. P., gerente de un centro hospitalario de Madrid. En el caso de este último, los datos fueron recabados en mayo de 2015, cinco meses después de la venta de su negocio. Finalmente, la red había accedido a la información que obraba en la Seguridad Social sobre P. Z., un prejubilado de La Caixa.

La mayor parte de los datos sobre ellos fueron recabados entre septiembre de 2014 y enero de 2016 y, para ello, Villarejo se valió de la colaboración de tres agentes de la Policía Nacional destinados en la lucha antiterrorista, según se refleja en el informe remitido al juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo. Su enlace con la trama era otro policía, el inspector jefe Antonio Bonilla, quien presuntamente utilizaba una empresa a su nombre para facturar sus servicios a la trama.

El rápido acceso de la trama a datos secretos

Los correos electrónicos que guardaba la trama, y que han sido ahora desencriptados, reflejan la rapidez con la que la información confidencial viajaba desde las bases de datos oficiales a las manos de Villarejo. El informe policial recoge los emails que se enviaban unos policías a otros con la información, así como su recepción final por Rafael Redondo, el socio del comisario. El caso más significativo son los correos que incluían datos sobre el propio Villarejo. La petición ante el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo (OCP) la hizo un policía el 15 de septiembre de 2015. Ese mismo día, otro agente la enviaba a las 13.44 a un tercer policía. Este, a su vez, se la remitía a Redondo a las 14.06, solo 22 minutos más tarde.

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