Nuevas pruebas del espionaje ilegal de la trama de Villarejo a periodistas

La revelación aparece recogida en un informe que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional remitió el pasado 22 de mayo al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo. En ese informe, adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso EL PAÍS, se detalla el contenido de varios archivos localizados en los equipos informáticos que Redondo, socio de Villarejo, tenía en su domicilio de la localidad madrileña de Galapagar (Madrid). Se trata, en concreto, de diferentes carpetas que contienen cadenas de mensajes en, algunos casos, con archivos adjuntos.

Una de estas carpetas está bautizada con el nombre Boni, con la que, según los investigadores, la trama del comisario hacía referencia a Antonio Bonilla, un antiguo inspector de la Policía Nacional ya imputado en la causa precisamente por facilitar información confidencial a Villarejo para la elaboración de informes para clientes privados. Dentro de esa carpeta, la policía ha encontrado, a su vez, otra denominada Datos que contenía seis archivos que recogen el tráfico de llamadas, tanto entrantes como salientes, de tres teléfonos correspondientes a varios días del mes de julio de 2016. El informe policial no especifica cómo pudo conseguir la trama esa información, aunque en otras piezas del sumario ha quedado constatado que se valía de policías en activo, entre ellos de la lucha antiterrorista, para recabarlos de las compañías de telefonía como si fueran parte de una investigación oficial.

Uno de esos números figura a nombre del periodista Jorge Zuloaga, en aquel momento en el diario económico Expansión. Los otros dos a nombre de sendas empresas periodísticas: Titania Compañía Editorial, editora de El Confidencial, y Ediciones El País. El primero era usado en aquel momento por José Antonio Navas, entonces adjunto al director del diario digital. El segundo, por Íñigo de Barrón, corresponsal financiero de este diario. En julio de 2016, Barrón estaba publicando informaciones sobre una profunda remodelación de la cúpula del BBVA. Entonces, el comisario Villarejo, ya hacía trabajos para la entidad financiera por los que facturó, a través de sus empresas, más de 10 millones de euros desde 2004.

“Informes de actividad”

La policía ha logrado recabar más información sobre el funcionamiento de la trama del contenido de los otros documentos informáticos ahora desencriptados. Así, los agentes de la Unidad de Asuntos Internos han hallado numerosos archivos denominados “informes de actividad” sobre diferentes personas que, en realidad, incluyen datos recabados del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado. El informe policial destaca que “este tipo de documentación únicamente es accesible por la Policía Judicial mediante solicitud formal [...] en el marco de investigaciones por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”. El material informático intervenido al abogado de Villarejo ha revelado que, al menos, tres policías de la lucha antiterrorista facilitaban estos datos a Antonio Bonilla. Este, a su vez, se los hacía llegar a la trama por correo electrónico, muchas veces el mismo día que los recibía.

Entre las víctimas de estos espionajes ilegales hay dos empleados del despacho de abogados Balder, sobre el que Villarejo elaboró un dosier por encargo de un bufete de la competencia. La trama reclamó datos sobre sus propiedades, vehículos e, incluso, productos bancarios. Estas pesquisas ya son investigadas en la pieza Iron del caso Villarejo.

También han aparecido “informes de actividad” con datos confidenciales de un abogado, varios empresarios, un cirujano, un informático, una actriz de televisión y un arquitecto técnico. Este último ya denunció ante el juez García-Castellón las actividades contra él de Villarejo y el juez abrió una pieza separada, que mantiene secreta.