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El juez deja en libertad bajo fianza a cinco detenidos por el ‘caso Villarejo’

Los liberados son cuatro empresarios y un abogado, acusados de pagar al comisario para evitar ser extraditados a Guatemala

El comisario Villarejo en una imagen de 2017.
El comisario Villarejo en una imagen de 2017.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado este sábado la puesta en libertad provisional de los cinco investigados por pagar sobornos a ex altos cargos del Gobierno de Guatemala. Se trata de los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura, empresarios navieros; de los también empresarios Adrián de la Joya y Francisco Javier Soucheiron; y el abogado Enrique Maestre, según han informado en fuentes jurídicas. El juez les ha impuesto fianzas que oscilan entre los 200.000 y los 750.000 euros

La decisión de la Audiencia es contraria al criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que había ordeando este miércoles la detención en el marco de la pieza Pit del caso Villarejo, que investiga el pago de una comisión de 30 millones de dólares (26,8 millones de euros) entre los años 2012 y 2015 al expresidente y a la exvicepresidenta de Guatemala, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, entre otros.

Según ha confirmado fuentes jurídicas, en el auto, el juez de la Audiencia Nacional acuerda la libertad bajo fianza de 750.000 euros para Pérez-Maura, de 500.000 para su hermano y para el empresario Adrián de la Joya, que está imputado también en el caso Lezo, y de 200.000 euros para los otros dos imputados, el empresario Francisco Javier Soucheiron, CEO de la naviera Grup Maritim TCB, y el abogado Enrique Maestre.

El magistrado les imputa a los cinco delitos de cohecho, falsedad y encubrimiento. Además a Ángel Pérez y Soucheiron les imputa el delito de cohecho internacional.

En la resolución, que fija un plazo de siete días para depositar las fianzas, el juez impone varias medidas como la prohibición de abandonar el territorio nacional, la retira del pasaporte y comparecencias quincenales en el juzgado.

Según la Fiscalía Anticorrupción, con ese soborno a los ex dirigentes guatemaltecos, pretendían que la mercantil Grup Maritim TCB, a través de su filial en Guatemala Terminal de Contenedores Quetzal S.A, obtuviera de forma ilícita del Gobierno guatemalteco la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal.

Estos hechos llevaron a las autoridades guatemaltecas a reclamar la entrega de Pérez Maura en abril de 2016, que finalmente fue denegada por la Audiencia Nacional.

En la pieza se investiga también la contratación por 10 millones de euros del entramado empresarial del excomisario José Villarejo por parte de la mercantil A. Pérez y Cia S. L., relacionada con el naviero, para tratar de impedir la extradición. Con esa contratación querían, según la Fiscalía, obtener su impunidad en los procedimientos penales que pudieran incoarse contra él tanto en Guatemala como en España.

El país centroamericano pidió la entrega de Pérez-Maura por los delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho, pero la Audiencia Nacional, cuando denegó su entrega por ser de nacionalidad española, afirmó que en España solo se le puede investigar por este último delito y abrió la puerta para poderle enjuiciar en territorio español.

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