El juez mantiene imputado a un ex alto cargo de La Moncloa tras declarar por el espionaje a Iglesias

Alberto Pozas ha llegado a la Audiencia Nacional media hora antes de su cita con el magistrado del caso Villarejo, Manuel García-Castellón. El exdirector de Información Nacional de La Moncloa, que ya reconoció en abril que entregó al comisario jubilado José Manuel Villarejo un pendrive con datos procedentes del móvil robado de una asesora de Pablo Iglesias, ha aterrizado sobre las 9.30 de este lunes en el Juzgado Central de Instrucción número 6 y ha respondido durante casi dos horas a todas las preguntas del juez y de los fiscales, según han informado fuentes jurídicas. Tras su declaración, el magistrado ha mantenido su imputación en la pieza abierta por la guerra sucia urdida supuestamente por la policía patriótica contra Podemos.

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El periodista ha regresado así este lunes a la Audiencia. Ahora como investigado en una causa que permanece bajo secreto de sumario. Su primera declaración se suspendió el pasado 8 de abril, cuando el ex número dos de Comunicación del Gobierno acudió al juzgado en calidad de testigo, pero el magistrado decidió cambiarle su condición a imputado en mitad del interrogatorio. El periodista había admitido que, durante su etapa como director de la revista Interviú, le facilitó a Villarejo el pendrive con los datos de la asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham. Una confesión que lo cambió todo para él, que había dejado días antes su cargo en La Moncloa para evitar que el escándalo salpicase más al equipo de Pedro Sánchez. "Estoy siendo utilizado para atacar al Gobierno y al presidente. Y eso no lo puedo permitir", dijo a través de un comunicado.

Villarejo fue el primero que marco el camino que condujo a Pozas. El comisario jubilado aseguró a García Castellón que el director de Interviú le había dado el USB con los datos del móvil robado a Bousselham, asesora del líder de Podemos durante su etapa como eurodiputado. Días antes, el propio Iglesias también había aseverado que Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta y editor de la revista, le había entregado hace unos años el pendrive y se había comprometido a que su empresa no publicaría su contenido. Era, por tanto, el segundo dedo que apuntaba en la misma dirección.

El teléfono se sustrajo a finales de 2015, antes de que se intensificase la supuesta campaña de la policía patriótica contra Iglesias. Una parte del contenido —comunicaciones privadas de Telegram, una aplicación de mensajería— se difundió posteriormente a través del digital Okdiario, encabezado por Eduardo Inda. Este mismo periódico también publicó en 2016 varias informaciones falsas sobre la supuesta financiación irregular de Podemos a través de los Ejecutivos de Irán y Venezuela. Entre otras, el bautizado como informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima) y el cobro de dinero procedente del Gobierno chavista mediante una cuenta en un paraíso fiscal, las islas Granadinas. Dos supuestas irregularidades que nunca han prosperado en los tribunales.