Cuatro meses de forcejeo con la violencia en el juicio del ‘procés’

El juicio del procés ya es historia. Pero las preguntas formuladas el 12 de febrero siguen sin respuesta el 12 de junio. ¿Hubo violencia en el otoño independentista catalán de 2017? ¿Puede atribuirse a los líderes secesionistas? Y si es así, ¿tuvo suficiente entidad como para castigarles con rebelión o sedición, dos de los delitos más graves del Código Penal? Las defensas y las acusaciones han mantenido un durísimo forcejeo a cuenta de la violencia pero, después de cuatro meses de vista oral, siguen en la casilla de salida.

Las declaraciones de los acusados, las 422 testificales y las horas de vídeo exhibidas en el Tribunal Supremo sobre los hechos del 20-S y del 1-O apenas han modificado los planteamientos de las partes. Se mantienen dos versiones opuestas e irreconciliables sobre lo ocurrido en Cataluña hace casi dos años. Para unos, fue un golpe de Estado fallido en el que el Govern, la presidenta del Parlament y los dirigentes de las entidades sociales (ANC, Òmnium) asumieron usar o apoyarse en la fuerza para alumbrar la República Catalana. Para otros, fue una masiva movilización ciudadana que sí, aspiraba a la independencia, pero mantuvo hasta el final el rechazo a la violencia.

Los 12 acusados hablaron al principio y al final, en una estructura circular propia de los juicios. La violencia emergió ya en esas primeras sesiones, pero solo para ser negada como un cuerpo extraño al soberanismo. Todos abanderaron el discurso pacifista. Y con especial interés Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, los líderes sociales que movilizaron a la ciudadanía en la primera jornada que —según la Fiscalía— fue verdaderamente violenta: el 20 de septiembre de 2017, cuando miles de personas protestaron por la Operación Anubis, unos registros judiciales contra los preparativos del referéndum ilegal del 1-O. Desde el techo de un coche de la Guardia Civil, llamaron a desconvocar la concentración. Sus esfuerzos por exculparse no han convencido a la Fiscalía, que mantiene bien fijada el ancla de la rebelión en esa fecha clave del 20-S.

Al auxilio de la Fiscalía sobre el lado violento del procés acudieron los miembros del Gobierno de Mariano Rajoy. La exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría denunció una ristra de incidentes ocurridos en Cataluña. “Vi murallas humanas, agresiones y lanzamientos de objetos”, dijo sobre el 1-O. Lo vio, “como todo el mundo” por televisión, ya que no fue testigo directo de los acontecimientos.

Las defensas trataron de taponar esa vía de agua hablando de otra violencia, la única para ellos con entidad y de la que vale la pena hablar: la que agentes de Policía y Guardia Civil emplearon contra votantes del 1 de octubre. Los abogados lograron enfrentar a Rajoy con uno de esos vídeos y el expresidente tuvo que “lamentar” las imágenes. Al día siguiente, Manuel Marchena advirtió —en una de las decisiones más controvertidas del juicio— que las imágenes se reservaban para la fase documental, o sea que no iban a ser contrastadas con los testigos.

El factor Trapero

Los jefes policiales llevaron el juicio a otro estadio: el dispositivo contra el referéndum del 1-O. Aunque en el Supremo no se ha juzgado a los Mossos d’Esquadra —varios mandos están imputados en otros procesos— en algunos momentos lo pareció. Las sesiones se centraron en saber si el plan de la policía autonómica catalana fue adecuado o, como sostiene la Fiscalía, fue un “fraude” para aparentar que se cumplía la orden judicial de impedir la votación. El asunto remite de nuevo a la violencia porque, para el ministerio público, la tríada Govern-Parlament-entidades apoyaba sus objetivos políticos en el “control” de los Mossos, o sea en disponer de una fuerza “armada” de 17.000 personas “al servicio” del plan independentista.

El major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, hizo de bombero. El aplomo y la persuasión del hombre que lidió con los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils en 2017 tuvo su peso. Trapero defendió a los suyos, negó sometimiento a Carles Puigdemont y dijo al tribunal que advirtió al expresident de la alta probabilidad de que el 1-O se produjeran incidentes. Ojo: problemas de orden público, no una sublevación. Satisfecha por los dardos contra el Govern, la fiscalía dio señales leves de soltar la presa de los Mossos. Ha sido el único movimiento de una acusación dura y áspera capitaneada por Javier Zaragoza. Si había algún rumor de que, al final, rebajaría la rebelión a sedición —que implica menos penas de prisión y saca la violencia del primer plano del relato— éste se esfumó enseguida. Esa inmovilidad ha irritado a las defensas, descontentas porque no haya asumido una sola idea, siquiera nimia o superficial, de los hechos probados en la sala. “¿No ha servido de nada el juicio?”, se preguntan.

El Supremo fue, durante varias semanas, un desfile de policías y guardias civiles que relataron, con más o menos dramatismo, la violencia sufrida durante el “periodo insurreccional”. Así bautizó el principal investigador del procés, el teniente Daniel Baena —cuestionado un perfil de Twitter antiindependentista— lo ocurrido entre el 19 de septiembre y el 27 de octubre de 2017. Los 93 agentes lesionados (la inmensa mayoría, por contusiones) describieron un panorama de violencia general. Repitieron expresiones como “murallas humanas” o “caras de odio” el 1-O mientras las defensas asistían impotentes, sin poder rebatir a los testigos con los vídeos. Hasta que llegó el turno de los ciudadanos que votaron en el referéndum e intentaron darle la vuelta a la narración.

En un procés que en buena medida fue retransmitido en directo, la exhibición de los vídeos del 1-O parece una prueba clave en la decisión que finalmente adopte el Supremo. Pero lo cierto es que son vídeos parciales, de unos cuantos colegios, y que pueden leerse de forma distinta según se elija el prisma de la acusación o de las defensas. Desde luego hay escenas de violencia de los antidisturbios, como golpes en la cabeza o lanzamientos de personas escaleras abajo, que están siendo investigadas en otros juzgados. Pero también resistencias, pasivas y activas, de ciudadanos a la acción policial.

Los abogados, que empezaron con un marcado perfil político, se han fajado a la hora de la verdad en cuestiones jurídicas. Y han cedido (un poco) el terreno. No ven rebelión ni sedición porque niegan la violencia. Pero asumen que hubo desobediencia y, si acaso, algún delito de desórdenes públicos o atentado a la autoridad. Poco más ha cambiado en su posición. Y menos aún en la de los acusados y en la del independentismo, que siguen viendo el proceso como un juicio político y una farsa. La última palabra no es en realidad suya. Nunca lo fue. Es del Supremo, que acotará al fin qué parcela ocupó la violencia en el procés.