Los acusados del ‘procés’ cierran el juicio con un alegato político

Los jueces, fiscales y abogados suelen decir que un acusado nunca ha sido absuelto por lo que haya dicho en su turno de última palabra, pero algunos sí han sido condenados. Las defensas se lo recordaron en los últimos días a los 12 líderes del procéque se han sentado durante cuatro largos meses en el banquillo del Tribunal Supremo. Pese a las advertencias, todos optaron por aprovechar esa última oportunidad de dirigirse al tribunal. Y aunque ninguno de ellos contradijo su estrategia de defensa ni desveló hechos nuevos que les pudieran incriminar, coincidieron —con matices— en las ideas que llevan defendiendo desde hace meses: que son presos políticos, víctimas de un juicio por sus ideas y que su pretensión era ofrecer a la ciudadanía catalana la oportunidad de expresarse en las urnas, e insistieron en que la política y el diálogo son la única salida para el conflicto político en Cataluña.

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Las intervenciones de los 12 acusados fueron un compendio de sus propias personalidades y de las formas de entender su actuación en el procés. Los principales acusados de ERC, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconsejero de Exteriores Raül Romeva, evocaron, como ya hicieron en su primera intervención en el juicio, sus convicciones pacíficas para reivindicar su inocencia. “Mi dedicación a la política ha sido tardía y nació de la voluntad de servicio, de ser útil, de construir un mundo más libre y mejor”, aseguró Junqueras. Pese a ser el acusado para el que la Fiscalía pide la pena más alta (25 años de cárcel como líder de la rebelión agravada con malversación), la suya fue quizá la intervención más breve y más vacía de contenido jurídico. Junqueras solo se salió de ese guión para hacer una apelación directa a “devolver” el procés al terreno de la política. “De la buena política de la que nunca debía haber salido”, sostuvo. Durante su intervención no llegó a asumir ninguna responsabilidad por su propia actuación, aunque sí admitió que cualquier político “comete errores”.

El líder de ERC fue el primero en invocar una solución política en sus últimas palabras ante el tribunal. Pero no fue el único. Es prácticamente lo único en lo que coincidieron los 12 acusados, cada uno a su estilo. “Si estamos aquí es por un fracaso de la política. Hoy estoy más convencido que nunca de que solo desde el diálogo seremos capaz de convencer”, afirmó el exconsejero de Interior Joaquim Forn, protagonista de uno de alegatos más pragmático: negó que su actuación como miembro del Govern tuviera como objetivo “liquidar” el orden constitucional, rechazó haber alentado el uso de la violencia y separó sus deseos políticos a favor de la independencia de su papel como jefe político de los Mossos d’Esquadra. “Nunca recibieron por mi parte ni por parte del Govern una instrucción para dejar de actuar como policía jurídica”, aseguró.

En ese alegato a favor de la solución política, algunos acusados buscaron la complicidad del tribunal con la supuesta responsabilidad que la política ha endosado al Supremo al “traspasarle” el reto de solucionar el conflicto catalán dictando sentencia. “Es injusto que este tribunal tenga que resolver un problema político. Ustedes no pueden resolverlo, pero tienen una responsabilidad que es no agravar la crisis política. No me gustaría estar en su piel”, espetó Jordi Sànchez. “Deben ser muy conscientes de que de su sentencia se va a derivar también la lectura sobre el límite de derechos políticos como el de expresión o de reunión. Eso es fundamental no solo para nosotros 12, sino para el futuro de la democracia en Cataluña y España”, añadió el exlíder de la ANC.

Otros no solo recordaron al tribunal esa responsabilidad más política que jurídica que supuestamente se les ha atribuido, sino que les advirtieron sobre los efectos personales de la decisión que tienen que tomar. “Hasta ahora, con sus resoluciones, ustedes han decidido que yo no pueda ver crecer a mis dos hijos, de 10 y cuatro años. Pero sea cual sea su sentencia no van a impedir que yo les pueda dejar algo más valioso. La dignidad de unas ideas legítimas y nobles”, dijo, sin apartar la mirada del tribunal, el exconsejero Josep Rull. La exconsejera de Trabajo Dolors Bassa llegó a recordarles que, a sus 60 años, la sentencia va a determinar “la etapa final de su vida”.

Los tres acusados que obtuvieron escaño el 28-A con Junts per Catalunya (Turull, Rull y Sànchez) y fueron luego suspendidos son los que adoptaron este miércoles un discurso de reproche más abierto al Estado y al Poder Judicial. “No niego ante un tribunal que me considero víctima de una injusticia. De una injusticia y un dolor que han causado los poderes del Estado. A algunos este juicio les ha parecido largo. A toda esa gente les invito a pensar cómo deben ser de largos 604 días encerrados en una prisión”, afirmó Sànchez, en prisión preventiva desde el 16 de octubre de 2017.

El exconsejerro Turull atribuyó en exclusiva al Estado la culpa del fracaso político: “Siempre hemos apostado por el diálogo para buscar un acuerdo; el Gobierno nos ofreció el silencio o el desprecio, la amenaza como bandera y la resignación como camino”.

Salvo esos “errores” generalizados de los que habló Junqueras, ninguno de los acusados hizo la menor autocrítica. Aunque uno de ellos, Jordi Cuixart, el único procesado que nunca ha ejercido como político, llegó a confesar ante el tribunal que volvería a hacer lo que hizo. “No hay ningún tipo de arrepentimiento”, afirmó, antes de añadir: “Salir de la cárcel no es mi prioridad”. Una afirmación coherente con su estrategia de defensa, basada en reivindicar sus actos como ejercicios de derechos constitucionales, pero que se acerca a ese regalo envenenado que los abogados temen que se convierta el turno de última palabra.