La Fiscalía acusa a la ANC de Jordi Sànchez de forzar el adelanto del referéndum del 1-O

El escrito por el que la Fiscalía convierte en definitiva la acusación por rebelión contra Oriol Junqueras y otros líderes del proceso independentista catalán contiene un elemento significativo y que no figuraba al inicio del juicio: el ministerio público acusa a la Assemblea Nacional Catalana (ANC), presidida entonces por Jordi Sànchez, de forzar el adelanto de la convocatoria del referéndum ilegal de autodeterminación, que se llevó a cabo el 1 de octubre de 2017. Sànchez, diputado suspendido de Junts per Catalunya, se enfrenta a una petición fiscal de 17 años de prisión.

Uno de los párrafos añadidos por los fiscales a su documento de acusación señala: “En una reunión celebrada en Badalona en el mes de junio de 2016, la ANC introdujo un cambio sustancial en su hoja de ruta para el desarrollo del procés: la aprobación de las leyes de desconexión y la convocatoria del referéndum deberían llevarse a cabo no más allá del mes de septiembre de 2017”. La Fiscalía señala, además, que ese itinerario hacia la independencia elaborado por la ANC en abril de 2015 planteaba “la necesidad de utilizar su excepcional poder de movilización como respuesta a las acciones represivas del Estado”.

Ese añadido figura en los apartados que el escrito de acusación dedica a describir la unidad de acción de las entidades soberanistas con los partidos políticos independentistas para lograr la proclamación de la república catalana en 18 meses tras las elecciones autonómicas de septiembre de 2015, a las que el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, otorgó un carácter de plebiscito sobre la secesión.

Según el escrito de acusación, las asociaciones civiles soberanistas ANC y Òmnium Cultural, presidida por Jordi Cuixart, también acusado, “asumieron la responsabilidad de (…) favorecer la creencia pública de que la proclamación de la república era perfectamente viable” para lo que emprendieron “una intensa movilización ciudadana que doblegara la voluntad del Estado” de modo que este “terminara por aceptar la independencia de Cataluña, ante las vías de hecho que se desplegaron”.

En el mismo documento, la ANC expresaba que, ante la posibilidad de que el Estado interviniera la autonomía catalana, o los partidos secesionistas fueran ilegalizados, “la ciudadanía había de mostrarse como el agente político que impulsara el proceso de independencia”.

Tras 49 sesiones de juicio, los fiscales siguen considerando que Sánchez y Cuixart, en las semanas previas al 1-O, “aprovecharon su liderazgo para impulsar a los ciudadanos a que acudieran a los diferentes centros de votación e impidieran que las fuerzas policiales cumplieran su cometido” de impedir la consulta, prohibida por los tribunales. Y que lo hicieron “conociendo los graves enfrentamientos que podían derivarse de una movilización ciudadana” y “en ejecución del plan inicialmente diseñado”.

Los cuatro fiscales que han participado en el juicio mantienen inalterada la calificación de rebelión sobre los hechos del otoño de 2017 y se aferran a la petición de penas solicitada inicialmente para los acusados por este delito, uno de los más graves del Código Penal: 25 años de prisión para Oriol Junqueras; 17 años para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y Carme Forcadell; 16 para Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa. Para los exconsejeros Meritxell Borras, Carles Mundó y Santi Vila mantiene intactas las penas de siete años por malversación y desobediencia.

El escrito de Fiscalía mantiene en 2,87 millones de euros la cantidad supuestamente malversada en el proceso independentista. En esta cantidad figura el montante que supuso el uso durante la jornada del 1-O de los más de 2.259 locales habilitados como puntos de votación y que ha sido valorado pericialmente por la entidad SEGIPSA en 900.906 euros.

A esta cantidad hay que sumar las campañas de publicidad del registro de residentes en el exterior (220.253 euros), la campaña de publicidad del referéndum (los anuncios de las vías del tren emitidos por TV3, que ascienden a 277.803 euros), las facturas de Unipost por los envíos postales de las tarjetas censales (979.661 euros) y la cartelería (47.151).

Los gastos de honorarios, viajes y manutención de los diferentes grupos de observadores internacionales y estudiosos que acudieron a Cataluña en la jornada del referéndum y en los meses previos ascendieron a 338.607 euros. De esta cantidad, 177.304 euros corresponden al grupo de los 12 “expertos internacionales” contratados por Diplocat y liderados por la neozelandesa Helena Catt, “cuya ocupación profesional no es conocida”, señala la Fiscalía en uno de los añadidos más ácidos de su escrito definitivo.