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Casado defiende intervenir Cataluña incluso sin 155

El líder popular apuesta por aplicar las leyes de Seguridad Ciudadana y de Seguridad Nacional para dar prevalencia a las policías nacionales sobre los Mossos en caso de desobediencia

El presidente del PP, Pablo Casado, este lunes. En vídeo, declaraciones de Casado.

Si Pablo Casado ganara el 28-A y tuviera mayoría absoluta en el Senado, aplicaría en Cataluña una intervención con el artículo 155 de la Constitución, más larga y dura. Incluso en solitario, sin Ciudadanos y el PSOE. En caso contrario no se quedaría “de brazos cruzados y sin hacer nada”, según fuentes de su entorno directo. Casado tiene diseñada su estrategia para vigilar, inspeccionar y sancionar con las leyes vigentes a todos los departamentos que no cumplan con sus “responsabilidades de gestión”, desde los Mossos hasta en las escuelas.

Pablo Casado reconoce ya en público a estas alturas de la larga precampaña en casi todas sus intervenciones diarias que se expone demasiado, que habla y propone muchas cosas. Dice que tiene prisa por España y que está dispuesto a “achicharrarse” en los primeros 100 días a la hora de aplicar reformas de todo signo, desde económicas a fiscales, sobre el Estado del bienestar o sobre el modelo de nación. No se permite un descanso ni se lo concede a los miembros de su equipo y de sus listas. Este lunes le tocó el turno a su prototipo de sistema de Estado para España, y avanzó también de paso qué tipo de intervención tiene preparada para Cataluña, su gran obsesión.

El líder del PP piensa que Mariano Rajoy y todo su entorno se equivocaron al dejarse convencer por Ciudadanos y el PSOE para promover una intervención de Cataluña con el 155 “instrumental” y solo para convocar las elecciones de diciembre de 2017. Si él pudiera lo impondría más tiempo, prorrogando su duración en el Senado, y sobre otros sectores, incluida la televisión pública autonómica, TV3. Si no tuviera mayoría absoluta para sacarlo adelante en el Senado, trataría de sortear ese límite de otra manera.

Defiende Casado que su proyecto de España “no es centrípeto”, pero avisa: “Ya no se puede centrifugar más el Estado, no se puede transferir más a las autonomías”. Y avisa de que Cataluña tendría que cumplir la Constitución y las leyes. Durante un desayuno informativo organizado ayer por Europa Press apuntó que con lo estipulado en la excepcional Ley de Seguridad Nacional o en la Ley de Seguridad Ciudadana ya se fija la prevalencia de las policías nacionales sobre los Mossos si estos incurriesen en alguna desobediencia como las observadas, según su criterio, en la jornada de la consulta ilegal del 1-O.

Críticas de Aitor Esteban

La Guardia Civil y la Policía Nacional estarían así jerárquicamente por encima de las policías autonómicas. Esa propuesta molestó especialmente al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban: “Tiene una ignorancia absoluta, tendría que releer la legislación vigente y el Estatuto de Gernika, porque la Ertzaintza es una policía integral, con el mismo nivel que los cuerpos del Estado”. Casado arroparía las leyes actuales con más sanciones e inspecciones, con una mayor presencia en todos los aspectos de la Delegación del Gobierno en Cataluña y de las subdelegaciones provinciales. En ese contexto, mencionó la posibilidad de aplicar moratorias o retrasos en el traspaso de determinadas competencias si entiende que son mal ejercidas o “sin responsabilidad” o “lealtad”.

En la lupa de ese plan está el uso de la lengua castellana en Cataluña, tanto en los centros educativos como en las diversas administraciones. Casado aboga por una ley de lenguas que desarrolle más el artículo 3 de la Constitución sobre la función vehicular del castellano. En ese sentido, reiteró que ve el dominio de las otras lenguas cooficiales, como el catalán, el vasco o el gallego, como “un mérito, no un requisito”. En ese paquete incluye la ley de símbolos para penalizar los posibles ultrajes a la bandera, el himno o la Corona. También retocaría la ley de financiación de los partidos para castigar a los que alienten actos violentos como los escraches o la kale borroka y para suprimir las ayudas públicas a las formaciones que tengan líderes procesados por rebelión o sedición. También recuperaría en el Código Penal el delito de convocatoria ilegal de referendos.

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