El ‘caso Nevenka’ y otros que acabaron con renuncias políticas por acoso laboral y sexual

El adiós de Mireia Boya al secretariado nacional de la CUP por haber sufrido un "episodio de agresión psicológica continuada" por parte de un compañero no es la primera renuncia, por motivos similares, de una persona que ejerce la política. En octubre pasado, José Ramón Blanco, parlamentario de Podemos en Cantabria, dimitió cuando el partido le abrió un expediente por acoso psicológico a dos compañeras  —la diputada Verónica Ordóñez y la líder de Podemos en Santander, Lidia Alegría— y a una trabajadora de la formación. Blanco amagó con irse del Parlamento y pidió disculpas a las tres afectadas. Apenas cuatro días antes, otra parlamentaria, en esta ocasión la eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol dimitió como portavoz europea de IU ante la "falta de respuesta" del partido a casos de trabajadores de la delegación en Bruselas que denunciaron haber sufrido acoso laboral y físico por parte de eurodiputados.

Un año antes, en octubre de 2017, el Parlamento Europeo aprovechó el debate público generado a partir de los episodios de acoso, en este caso sexual, del productor de cine Harvey Weinstein para alzar la voz sobre casos similares dentro de la Eurocámara. “Hay informes que dan escalofríos sobre lo que ocurre en este Parlamento”, advirtió entonces la diputada alemana Terry Reintke, del grupo Los Verdes, durante un pleno en Estrasburgo. En aquel momento, medios de comunicación habían publicado casos de abusos de eurodiputados hacia asistentes de la institución.

En otros casos, las denuncias por acoso han ocupado un importante espacio mediático para luego quedar archivadas por la justicia. Así sucedió con el exministro Federico Trillo, juzgado por acoso laboral a una exsecretaria de la Embajada en Londres, despedida de la delegación. Un juez reconoció que el cese laboral fue improcedente, pero absolvió al político popular del delito de acoso laboral. Otro caso sonado fue el de Elena González-Moñux, diputada del PP de Madrid que presentó una denuncia "por coacciones, amenazas y acoso laboral" contra su exjefe político en la Asamblea de Madrid, el portavoz del PP Enrique Ossorio. Apenas tres meses después, la justicia archivó el caso y González-Moñux y Ossorio hicieron las paces. La primera renunció a recurrir el archivo de la demanda, mientras que el segundo desistió de presentar una querella por injurias y calumnias. Otras veces, el archivo de una causa es por la prescripción del delito, como sucedió en 2012 con Miguel Reneses, diputado de IU en la Asamblea de Madrid, señalado por una compañera por acoso sexual. 

La justicia también ha condenado a políticos, como sucedió con el que fuera alcalde de Ponferrada, el popular Ismael Álvarez, señalado por la concejal de Hacienda, también del PP, Nevenka Fernández. El regidor fue condenado por abuso sexual en 2002 y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ordenó el pago de una indemnización de más de 18.000 euros. Álvarez dimitió tras la sentencia.