El otro 20-S: el registro fallido a la CUP

Barcelona vivió un “asedio” el 20 de septiembre de 2017. La expresión, de resonancias medievales, la emplea hasta cinco veces la Fiscalía para describir la concentración masiva que ese día se produjo frente al Departamento de Economía, en la Rambla de Catalunya, para protestar por unos registros judiciales. La CUP, sin embargo, cree que no fue el único de la jornada. Y habla también de setge(asedio, en catalán) para definir el intento (fallido) de la Policía por registrar su sede, en el número 180 de la calle Casp, a solo dos kilómetros de Economía.

Más información

El alto mando de inteligencia de los Mossos crucifica a sus jefes en el juicio del ‘procés’

Los Mossos admiten un dispositivo insuficiente

El drama de trabajar para el 1-O: ni se cobra ni se reclama

La condición humana desembarca en el juicio del ‘procés’

Los dos episodios ocurrieron casi al mismo tiempo. En el cerco a la comitiva judicial frente a la sede de Economía —que congregó a 50.000 personas— sitúan los fiscales el inicio de la violencia del procés. Las defensas también han tratado de introducir en el juicio, a veces con calzador, el fuerte despliegue policial junto a la sede de la formación anticapitalista. La CUP es una de las principales impulsoras del procés —forzó la salida de Artur Mas, presionó para celebrar la consulta y lideró la movilización en la calle— y, sin embargo, es la gran ausente en la sala de plenos del Supremo.

Las defensas han intentado hallar una brecha esta semana con la declaración de Sebastián Trapote, jefe superior de Policía en Cataluña durante el otoño caliente de 2017. Los más interesados en ese supuesto asedio son los abogados del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Uno de ellos, Benet Salellas, fue diputado de la CUP. Y Àlex Solà formó parte de un equipo jurídico improvisado que acudió el 20-S a la sede para mediar con los mandos policiales.

“¿Ordenó usted aquella actuación?”, preguntó Solà. Trapote asumió la presencia de antidisturbios frente a las oficinas de la CUP para “cumplir la instrucción de Fiscalía” sobre la incautación de material para el referéndum. “Se estableció un servicio de vigilancia por tenerse fundadas sospechas de que en el local podían guardar propaganda como carteles, banderolas y pasquines”.

A las 8.00, la Guardia Civil llegaba a Economía con una orden judicial. A esa misma hora, la Policía desembarcaba en la sede de la CUP. A mediodía, un coche aparcó frente al 180 de Casp. Los agentes registraron el vehículo y, tras encontrar “una cantidad importante de publicidad y propaganda” sobre el 1-O, pidieron a la Fiscalía que cursara una orden judicial de entrada y registro.

Mientras se tramitaba la orden, los antidisturbios se quedaron allí para “asegurar” la sede, dijo el comisario ahora jubilado. La tensión y el malestar iban en aumento entre los cupaires, que formaron una barrera humana, se pusieron unas camisetas rosas con el lema “sense por” (sin miedo) y empezaron a retirar, discretamente, ordenadores y material de la sede. Por la tarde, políticos como el concejal Jaume Asens, de los comunes; el republicano Alfred Bosch o el exalcalde convergente Xavier Trias se acercaron al lugar.

Trapote se esforzó tanto en dar explicaciones que, por un instante, su papel recordó al de los líderes independentistas cuando negaron que la protesta frente a Economía hubiera impedido el trabajo o coartado a la comitiva judicial. “En ningún momento se impidió la libertad de movimiento del personal”, declaró el comisario

El titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ya fallecido, estaba ese día de guardia. Fue él quien obligó a los Mossos a facilitar la salida de la secretaria de su juzgado, Montserrat del Toro, de la Consejería de Economía. Suya era también la decisión de autorizar la entrada en la sede de un partido político. No lo hizo y pasadas las 19 horas “se levantó el servicio”, dijo Trapote, mientras la euforia se desataba entre los miembros de la CUP.

El juicio del procés es como un jardín de senderos que se bifurcan y remiten a otros procesos judiciales: la supuesta pasividad de los Mossos, las cargas de las fuerzas de seguridad el 1-O, la organización del referéndum que indaga el actual titular del Juzgado número 13 de Barcelona. La actuación policial frente a la sede de la CUP no es más que uno de esos senderos. La formación denunció los hechos, y el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona mantiene como investigados a dos comisarios por coacciones.