El drama de trabajar para el 1-O: ni se cobra ni se reclama

Trabajar para la Generalitat en proyectos relacionados con el referéndum de independencia es peligroso. No tanto por las posibles responsabilidades penales —que también— como por la alta probabilidad de acabar sin ver un euro. El juicio del procés ha puesto al descubierto, este miércoles, las miserias cotidianas de los pequeños contratistas de la administración pública. Y, también, las argucias del Gobierno catalán para impulsar el 1-O sin comprometer, en la medida de lo posible, el gasto público.

El diálogo más cómico de la sesión —estaría, sin duda, en el top ten de lo que va de juicio— lo han protagonizado el fiscal Jaime Moreno y el empresario publicitario Ferran Burriel. El Departamento de Presidencia contrató a Burriel para impulsar una campaña publicitaria, en prensa, sobre un supuesto "registro de catalanes" que viven en el extranjero y que era una forma de calentar motores para el referéndum. Burriel hizo el trabajo. Pero no lo cobró.

"Pregunté a la Generalitat qué pasaba con esta factura y por qué no la cobraba. Se reclamó por e-mail y por teléfono", ha contado el empresario. El fiscal la ha preguntado entonces si ha acudido a los tribunales para reclamarla. Burriel ha contestado que no.

- "Lo dimos por perdido", ha dicho el testigo.

- "¿80.000 euros?", ha replicado el fiscal.

- "Sí."

-"¿Tirados?", insiste Jaime Moreno.

- "Sí".

- "Pues yo 80.000 euros no los tengo todos los días, si los pierdo me da algo".

Camuflado por la ironía, el golpe del fiscal ha llegado justo después, cuando ha descubierto que, después de todo, la empresa de Burriel sigue trabajando para la Generalitat. Y así ha ocurrido también con otra testigo, Teresa Guix, que diseñó la web del Pacte Nacional pel Referèndum, el intento (frustrado) de alcanzar una consulta sobre la independencia pactada con el Gobierno.

Guix tenía que cobrar poco más de 2.000 euros por el diseño. Pero la Guardia Civil la citó a declarar y tuvo dudas. De modo que emitió una "factura negativa" a Presidencia para no cobrar la cantidad. Hasta el año pasado aún trabajaba con la Generalitat. Su declaración también ha servido para poner de relieve las pequeñas trampas del Gobierno de Carles Puigdemont. El responsable de contenidos digitales, Roc Fernàndez, le pidió que pagara ella directamente a la persona que compró el dominio de la web del Pacte del Referèndum. Guix, diseñadora autónoma, aceptó.

Que paguen otros

Tampoco ha cobrado Focus Media, la empresa que distribuyó en prensa la campaña del registro de catalanes en el exterior. Se facturó (130.000 euros) pero no se cobró. La directora de la oficina de Barcelona, Olga Solanas, ha dicho que se sigue "moviendo el tema" pero que ignora los detalles porque eso lo lleva el departamento financiero.

Que la Generalitat quería evitar, en lo posible, comprometer fondos públicos en la consulta lo demuestra otro encargo, también fallido, sobre una aplicación informática que permitiera las votaciones. Quim Franquesa, que se reunió con Puigdemont y Junqueras para evaluar el proyecto, dice que el primero que le contactó fue Xavier Vendrell, un antiguo cargo de Esquerra Republicana que se presentó con el pseudónimo de Jordi. En una reunión en Pedralbes salió el asunto de la financiación: "Nos dejaron claro que la Generalitat no iba a pagar absolutamente nada de eso. Que nos pagaría una tercera parte. ¿Quién es esa tercera parte? Eso ya no lo sé", ha dicho Franquesa.