Declara Josep Rull, el consejero que vetó un ferry para policías en Palamós

Josep Rull da comienzo este miércoles a la quinta sesión del juicio del procés en el Tribunal Supremo. El que fue consejero de Territorio y Sostenibilidad en el Gobierno de Carles Puigdemont afronta una petición de 16 años de cárcel por rebelión. Además de dar impulso al proceso de independencia -como el resto de miembros del Ejecutivo- la Fiscalía destaca una iniciativa en particular: como consejero, impidió que un ferry que iba a acoger a policías y guardias civiles atracara en Palamós (Girona).

El abogado de Rull, Jordi Pina, va a intentar desmentir durante el interrogatorio que Rull impidiera atracar el barco y que lo hiciera -como sostiene la Fiscalía- para favorecer la celebración del referéndum de independencia del 1-O. Su declaración no se prevé tan extensa como la del exconsejero de Presidència, Jordi Turull, aunque fuentes de la defensa han avisado ya de que contestará a las preguntas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Como el resto de los 12 dirigentes independentistas que se sientan en el banquillo, Rull no contestará a las preguntas de Vox, que ejerce la acusación popular.

Rull (Terrassa, 1968) estuvo siempre vinculado a la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y fue destacado miembro del ala más soberanista del partido. Durante los meses más convulsos delprocésejercía como consejero de Territorio, una función que, en principio, le alejaba de las decisiones más operativas.

A pocos días del referéndum, el puerto de Palamós -que depende de la Generalitat- denegó a un ferry el permiso para atracar. La embarcación pretendía dar apoyo logístico a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil desplazados a Cataluña precisamente para evitar la consulta. El puerto informó de que fue por falta de espacio. En un mensaje de Twitter, sin embargo, Rull citaba una información del diario La Razón y se jactaba de haber impedido la maniobra. "En efecto, no le hemos dejado atracar", escribió.

Hay otra circunstancia que, sin tener relevancia penal, incide en el papel destacado de Rull en los últimos compases del proceso de independencia. Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, fue el único de los consejeros que acudió con normalidad a su despacho a trabajar. Aunque se marchó al poco tiempo, Rull se dejó fotografiar en su asiento, trabajando con el ordenador.

Después de Rull será el turno de la exconsejera Dolors Bassa, que fue consejera de Trabajo con Carles Puigdemont. La Fiscalía la señala especialmente por la cesión de algunos locales bajo su responsabilidad -como los centros cívicos- para la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017. Es, junto a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, la única mujer que permanece en prisión provisional por la causa del procés.