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La sombra del 13

Las defensas atacan la investigación sobre el referéndum liderada por un juez de Barcelona, fuente de pruebas en la causa del ‘procés’

Juicio del proces
Liberación en septiembre de 2017 por el juzgado número 13 de Barcelona de Josep Maria Jové, acompañado de Lluís Salvadó.

Un fantasma recorre el juicio del procés: instrucción 13. El papel desempeñado por el juzgado de Barcelona que investigó los preparativos del referéndum se extiende como una sombra sobre el Tribunal Supremo. Las defensas lo mencionan de forma casi obsesiva, como el pecado original que todo lo contamina. A ese juzgado y a quien fue su titular, Juan Antonio Ramírez Sunyer —fallecido hace tres meses tras una larga enfermedad— le atribuyen parte de las irregularidades que aprecian en el proceso penal.

La guerra total contra ese juzgado de instrucción tiene su sentido, pues está en el origen de todo: de allí salieron las pruebas —como el documento Enfocats, una especie de “hoja de ruta” hacia la independencia; o el dietario personal de Josep Maria Jové, mano derecha de Oriol Junqueras— que llevaron a los líderes independentistas a prisión. Más aún: de los registros ordenados por ese juzgado el 20 de septiembre de 2017, a escasos días del referéndum, se derivaron las protestas frente al Departamento de Economía que, a su vez, sustentaron el relato de violencia de la Fiscalía.

Andreu van den Eynde, abogado de Junqueras pero también de los altos cargos de Esquerra Republicana que fueron detenidos el 20-S, fue el más belicoso. Acusó a Ramírez Sunyer de llevar a cabo una “monitorización generalizada de la actividad independentista” y de hacerlo, además, sin competencias para ello y amparado en el secreto de sumario.

Pese a las detenciones y registros, el referéndum se celebró. Pero el esfuerzo desplegado —los investigadores de la Guardia Civil confiscaron papeletas y buscaron urnas, sin éxito, durante meses— le valió al magistrado de Barcelona el reconocimiento del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. “Cambiaste el rumbo de la Historia de nuestro país”, le escribió en una carta, como se encargó de recordar el abogado Jordi Pina. “Hagan de jueces, no de salvadores de la patria”, denunció Pina.

En el origen del origen está Santiago Vidal, que en febrero de 2017 era senador de ERC y magistrado suspendido por redactar un borrador de Constitución para Cataluña. En plena preparación del referéndum, y como para calentar motores, Vidal se convirtió en conferenciante: recorría pueblos y ciudades para explicar a los catalanes las supuestas ilegalidades que el Govern estaba cometiendo con tal de organizar la consulta; por ejemplo, acceder de forma ilegal a los datos fiscales.

El abogado y empresario Miguel Durán denunció a Vidal y el juez del 13, sobre el que recayó la querella, accedió a investigar una presunta revelación de secretos. Y ahí empezó todo porque, en pocas semanas, la causa de Ramírez Sunyer creció hasta convertirse en el principal frente judicial contra el referéndum.

Vox, ahora acusación popular en el Supremo, se querelló ya por esas fechas contra el president Carles Puigdemont por rebelión. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dijo que no había indicios y ni la admitió a trámite. Pero dejó margen para que el juez de Barcelona al que le correspondiera por reparto decidiera, con libertad de criterio, sobre los no aforados. Ese juez resultó ser el titular de instrucción número 13. Y la acumuló a sus actuaciones.

Pero hay más. La Fiscalía Superior de Cataluña había abierto ya una investigación por varios delitos (desobediencia, prevaricación, malversación) a propósito de los preparativos del referéndum. Pero entendió que ya había un juez que estaba al cargo de hechos similares y, como marca la ley, puso fin a sus diligencias y las remitió al juzgado. Ese magistrado resultó ser, claro, Ramírez Sunyer, que estuvo así ante la perspectiva de investigar la consulta.

“El reparto al juez del 13 fue irregular. No sabemos cómo se hizo, pero acabó liderando una causa general contra el independentismo”, insistió Van den Eynde, que conoce bien cómo las pruebas acumuladas por la Guardia Civil en ese juzgado acabaron en manos del Supremo cuando la causa, finalmente, se dirigió contra los máximos responsables políticos del procés.

El objeto de investigación de instrucción 13 siempre ha sido objeto de controversia. En julio de 2017, el juez dictó un auto que impedía a la formación anticapitalista de la CUP personarse en el procedimiento. “Esta causa no tiene por objeto la organización política ni la convocatoria de un referéndum, ni es una causa general”, razonó entonces Ramírez Sunyer.

Pero el itinerario de la instrucción fue, a ratos, equívoco: a algunos detenidos el 20-S, por ejemplo, se les atribuyó inicialmente el delito de sedición (así consta en el sumario). Además, los registros tenían como objetivo impedir la celebración de un referéndum para el que, supuestamente, se estaban destinando recursos públicos. El abogado de Junqueras, insistente con el 13, recordó lo que el juez, según su versión, le dijo a uno de los investigados tras la declaración: “Usted ya se enterará un día qué le estoy imputando. Eso está grabado”, bramó Van den Eynde.

Mientras se celebra el juicio del procés, la causa de instrucción 13 (fuente probatoria de aquella) sigue abierta. Unas 40 personas (ex altos cargos del Govern y empresarios) permanecen investigadas por delitos relacionados con la organización del referéndum. La Guardia Civil tiene, aún, atestados por entregar.

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