El juez del 1-O dejó casi cerrado el caso, pero su muerte lo retrasará

La instrucción judicial de Juan Antonio Ramírez Sunyer sobre el referéndum del 1-O estaba a punto de concluir. El juez de Barcelona, fallecido el pasado domingo, estaba pendiente de recibir un último y definitivo informe de la Guardia Civil sobre la presunta malversación de fondos públicos en la preparación de la consulta independentista. También tenía que ordenar una última ronda de declaraciones antes de dar por cerrado el caso y enviar a juicio a buena parte de las 40 personas investigadas, explican fuentes judiciales a EL PAÍS.

El fallecimiento de Ramírez Sunyer, que sufría una grave enfermedad, tendrá como primera consecuencia un retraso en la tramitación del proceso. La plaza que ocupaba como titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona queda ahora vacante. Se abrirá entonces un concurso para que se presenten voluntarios a cubrirla. El proceso hasta que se nombre a un nuevo juez -en función únicamente de los méritos acumulados- puede prolongarse un mínimo de mes y medio.

El problema no es tanto el nombramiento como el hecho de que el nuevo juez tendrá que examinar a fondo una causa que ocupa más de 17.600 folios divididos en 45 tomos. Después, tendrá que decidir según su propio criterio. Fuentes judiciales subrayan, no obstante, que la causa está tan avanzada que difícilmente podrá producirse un giro radical en los planteamientos de Ramírez Sunyer. El nuevo magistrado sí deberá decidir contra cuáles de los 40 investigados abre juicio oral y a quiénes exculpa.

Debido a su enfermedad, Ramírez Sunyer tenía ya asignado un juez de refuerzo en comisión de servicios. Ese juez se encarga de otros asuntos que tramita el juzgado y, también, de realizar los trámites para que la causa del 1-O se mantenga viva. No está habilitado, sin embargo, para tomar ninguna decisión de fondo, señalan las mismas fuentes. El pasado verano, Ramírez Sunyer ya tuvo que coger la baja médica.

Durante toda la instrucción, la actividad de la Guardia Civil -bajo las órdenes del juez- ha sido incesante. Una de las actuaciones más relevantes se produjo el 20 de septiembre de 2017, a pocos días de la celebración del referéndum. El magistrado ordenó registros en sedes de la Generalitat en busca de indicios sobre la preparación de la consulta. Uno de ellos, en el Departamento de Economía, derivó en una concentración de protesta liderada por el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez. Aquella actuación les valió a Cuixart y Sànchez el ingreso en prisión y es uno de los elementos con los que el Tribunal Supremo justifica el procesamiento de los políticos catalanes por rebelión, entre otros delitos.

La causa de Ramírez Sunyer comenzó a raíz de una denuncia presentada por el polémico abogado y empresario Miguel Durán contra el exsenador de Esquerra Republicana y exjuez Santiago Vidal. En conferencias públicas, Vidal dijo que el Gobierno de Carles Puigdemont estaba cometiendo supuestas ilegalidades para organizar el referéndum. Lo que comenzó como una instrucción sobre un presunto delito de revelación de secretos se fue ampliando con querellas de Vox y de la fiscalía hasta convertirse en una causa sobre el referéndum.

Los indicios recabados por la Guardia Civil a las órdenes de Ramírez Sunyer -como las agendas Moleskine del exsecretario general de Economía, Josep Maria Jové, o el documento Enfocats- constituyen buena parte de la base probatoria del Tribunal Supremo contra los políticos independentistas, algunos de ellos en prisión provisional.

De talante discreto en lo profesional y en lo personal -muchos colegas desconocían su enfermedad-, Ramírez Sunyer ha sido duramente criticado por las defensas de los investigados. En especial, por su posicionamiento sobre la investigación del delito de rebelión. En lo que sí coinciden las fuentes consultadas es en que el magistrado ha llevado a cabo la instrucción sin detenerse, con abundante instrucción de diligencias. Era habitual, por ejemplo, que tomase declaración a testigos e investigados en la Ciudad de la Justicia por la tarde, un horario poco frecuente en los juzgados.