El juez-ingeniero al que teme el independentismo

Cuando el empresario, abogado y exdirector de la ONCE Miguel Durán supo que su denuncia había recaído en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, sintió “una gran alegría”. “Por antecedentes en otros temas parecidos, sabemos que este juez va a mantener su independencia”, explica Durán, “muy satisfecho”, además, por haber sido el artífice de la investigación. Su denuncia contra el exjuez Santiago Vidal —que había aludido a supuestas ilegalidades de la Generalitat en el procés— fue el origen de una causa que, cinco meses después, indaga los preparativos del referéndum. Y que, de paso, ha puesto bajo los focos al instructor: Juan Antonio Ramírez Sunyer, convertido por el independentismo en su nueva bestia negra.

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Abogados y colegas lo describen como un magistrado “serio, trabajador y sobre todo muy discreto”. Tan discreto que pocos le conocen. Y los que le conocen, no demasiado. En las asociaciones de jueces (conservadora o progresista) su nombre suena a chino. “No es un gran investigador, más bien es un juez formal, gris”. “Y algo carcelero”, o sea con tendencia a dictar órdenes de prisión provisional, explican penalistas de Barcelona.

Los encarcelamientos más controvertidos han afectado a okupas y grupos antisistema, que por ello no le aprecian demasiado. En 2004, en su segundo año al frente del juzgado de instrucción 13 (antes había recalado en Badalona), Ramírez Sunyer envió a prisión provisional a dos jóvenes acusados de atacar una comisaría de Policía en Sants con artefactos incendiarios. Tenían 18 y 19 años y pasaron dos meses en la cárcel. Fueron absueltos y el Estado tuvo que indemnizarles. Esa y otras actuaciones llamaron la atención de un grupo anarquista llamado Las Brigadas de la Cólera, que envió al juez una carta bomba “por su especial celo en perseguir la disidencia”. La carta fue desactivada por los Mossos.

Diez años después, la historia parecía repetirse. Ramírez Sunyer encarceló durante 23 días a Sergi Rubia, un joven casteller acusado de participar en los disturbios que se desataron en Barcelona tras el desalojo de un centro social okupado. Rubia afrontó en el juicio una petición de cinco años de cárcel. Pero fue absuelto y anunció, también, su intención de pedir una reparación al Estado por los días pasados entre rejas.

Ramírez-Sunyer, que además de juez es ingeniero, tampoco despierta demasiadas simpatías en el Gobierno catalán. Y eso a pesar de que, el año pasado, el Departamento de Interior de Jordi Jané le condecoró (junto a más de 200 personas) durante el Dia de las Esquadres. Los independentistas creen que Ramírez Sunyer ha abierto una “causa general” a propósito del referéndum —el magistrado lo ha negado en un auto— y recelan de sus métodos. A pesar de que lo había anunciado, la Generalitat finalmente no ha denunciado al juez por vulneración de derechos. Esa denuncia, en caso de ser admitida, podría haber llegado a ser un obstáculo para la continuidad de Ramírez Sunyer al frente de la causa.

Los “antecedentes” a los que aludía Miguel Durán se remontan a 2015. La Asociación Pro-Justicia XXI, presidida por el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, denunció al director general de los Mossos, Albert Batlle. La entidad acusaba a Batlle —que dimitió hace unas semanas— de un delito de omisión de perseguir delitos al no impedir que se pitara el himno de España en la final de la Copa del Rey de aquel año. Ramírez Sunyer cursó la denuncia, pero impuso una fianza que Rodríguez Menéndez no hizo efectiva, por lo que la causa se archivó.

Suya es también una investigación (aún abierta) contra el exdirector del Cesicat por un complejo asunto de supuesto espionaje de correos. El Cesicat es un órgano que en teoría vela por la seguridad informática de la Generalitat, pero que ha sido bautizado como “el CNI catalán”.