El Supremo rechaza la petición de las defensas para aplazar el juicio del ‘procés’

El juicio del procés empezará el próximo 12 de febrero, como estaba previsto. El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de varias de las defensas para que se aplace la vista oral para poder preparar con más tiempo las sesiones. La razón principal que alegaban las defensas era que no se les había facilitado todavía las pruebas documentales admitidas por el tribunal en un auto del pasado viernes, pero los magistrados desestiman este argumento porque estas pruebas se practican durante el juicio, no tienen por qué tenerlas antes los abogados.

El aplazamiento de la vista había sido solicitado esta semana por los abogados del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull, el exlíder de la ANC y actual diputado del PDeCAT Jordi Sánchez, y el presidente de Òmnium , Jordi Cuixart. En sus escritos, además de pedir más tiempo, se quejaban de que en la cárcel no les dejaban usar el ordenador y denunciaban el “trato degradante” en el traslado de la cárcel de Cataluña a Madrid, durante el que un guardia civil grabó un vídeo desde dentro de uno de los vehículos. Sobre esta última queja, la sala, en un auto del que ha sido ponente el presidente del tribunal, Manuel Marchena, recuerda que ya puso en conocimiento de las autoridades responsables del traslado la necesidad de que éste se hiciera “con escrupuloso respeto a la dignidad de los procesados”. “Es un hecho notorio que las posibles responsabilidades que pudieran haberse derivado de los hechos que se denuncian están siendo depuradas por el Ministerio del Interior. Será en ese ámbito de actuación en el que deberán formularse las alegaciones que se estimen pertinentes”, señala el Supremo en referencia a la decisión del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska de apartar de sus funciones al agente que hizo la grabación.

Los abogados pedían que se les dejara en libertad o se buscara una medida cautelar diferente a la prisión para evitar que se repitieran este tipo de situaciones (que las defensas consideran “humillaciones”) durante los traslados diarios de la cárcel al Supremo. Pero los magistrados rechazan esta posibilidad porque, en su opinión, sigue existiendo riesgo de fuga y de reiteración delictiva. 

La defensa de Turull, Rull y Sánchez denunció también por vulneración del derecho a la presunción de inocencia unas declaraciones formuladas en la BBC por Irene Lozano, la secretaria de Estado responsable de España Global, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. El letrado Jordi Pina se refiere a unas declaraciones pronunciadas por Lozano el 21 de enero a la radio británica en las que afirmó que el juicio del procés será un reto “para el sistema judicial español” porque “el hecho de que haya líderes políticos que hayan cometido unos delitos penales que estén siendo juzgados no es algo que ocurra habitualmente”. Con estas palabras, según el letrado, Lozano da por hecho la culpabilidad de los acusados. El tribunal les contesta que pueden alegar esa situación durante la vista.