Vox pide revisar “el drama del aborto” y cuestiona la falta de paridad

No a la ley de violencia de género. No al aborto libre y gratuito. No a proteger a las mujeres contra la discriminación laboral. El partido ultraderechista Vox ha redoblado el pulso contra los derechos de las mujeres en el documento de propuestas para Andalucía presentado este martes. Estas son las propuestas:

Aborto

Vox propone crear una Consejería de Familia y Natalidad, con apoyo especial a las familias numerosos, ampliación de guarderías y una visión transversal "pro-familia" y "pro-natalidad". En España, interrumpir un embarazo es un derecho en las primeras 14 semanas de gestación. La formación de Santiago Abascal propone dar información y alternativas a las mujeres “con embarazos no deseados” para que “puedan evitar el drama del aborto”. Y añade que hay que “asegurarse de que ninguna de ellas reciba coacciones o presiones de su entorno que la obliguen a abortar”.

El último intento del PP de modificar la normativa sobre interrupción voluntaria del embarazo para hacerla más restrictiva se llevó por delante en 2014 la carrera del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Hubo movilizaciones multitudinarias que arrancaron con el llamado Tren de la Libertad, iniciado por dos organizaciones de mujeres de Asturias –Tertulia Feminista Les Comadres y Mujeres por la Igualdad de Barredos-que viajaron hasta Madrid para reivindicar sus derechos.

Sin leyes de Violencia de Género

El objetivo primordial de la formación sigue siendo derogar las leyes contras la violencia de género, pese a que todas las normativas aprobadas en España han sido respaldadas por amplios consensos.

La Ley Integral de 2004 salió adelante por unanimidad, el reciente Pacto de Estado contra la Violencia de Género lo respaldaron los dos partidos con los que ahora negocia, PP y Ciudadanos. Fue Podemos el que se descolgó con una abstención al pensar que se quedaba corto. La normativa andaluza, renovada desde el pasado agosto, tuvo el respaldo de todos salvo IU que se abstuvo por considerarlo insuficiente.

Ley de Violencia Doméstica

El cabeza de cartel en Andalucía es Francisco Serrano, un juez beligerante contra el “hembrismo”, en sus propias palabras, que fue apartado tras ser condenado en 2011 por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación tras modificar el régimen de visitas de un menor para que pudiera procesionar con su padre en la Semana Santa de Sevilla sin dar audiencia a la madre. Vox, que en elecciones a la Junta no compareció con ningún programa específico para esta comunidad autónoma, pide en su documento de 19 medidas cambiar la normativa andaluza de violencia de género por una “ley de violencia doméstica” que “no prejuzgue el sexo del agresor”. Múltiples organismos internacionales avalan sin embargo la distinción. Entre ellos, el Consejo de Europa, que  define la violencia contra la mujer como “una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer por el hombre, privando así a la mujer de su plena emancipación”, según el convenio de Estambul, un acuerdo firmado por 47 países, entre los que se encuentra España.

El último informe sobre homicidios publicado por el Ministerio del Interior, con datos entre 2010 y 2012, recoge que 17 hombres murieron a manos de sus parejas o exparejas mujeres frente a 131 mujeres que lo hicieron a manos de sus parejas o exparejas varones. Es decir, por cada hombre son ocho mujeres asesinadas.

Acreditación de víctimas

Además de reiterar sus dudas sobre la presunción de inocencia de los hombres –pese a que la memoria de la Fiscalía General del Estado cifra las denuncias falsas por debajo del 0,01% del total- el partido de Santiago Abascal cuestiona que la ley andaluza dé la acreditación de víctimas a las mujeres sin necesidad de denuncia policial o sentencia judicial. Basta un informe de servicios sociales o sanitarios o informes de la inspección de trabajo o de servicios de acogida. La razón de este cambio, que también contempla el Pacto de Estado nacional, es amparar y proteger a las mujeres que no se atreven a denunciar para que puedan salir del círculo de la violencia. Tres de cada cuatro asesinadas por sus parejas o exparejas no denunciaron nunca a sus agresores. La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, explicaba recientemente en una entrevista con este periódico que existe “una bolsa oculta de maltrato”. Y defendía la necesidad de facilitar esas ayudas sin que medie denuncia para mejorar las coniciones de vida de las mujeres porque "la independencia económica es fundamental”. Otorgar estas ayudas no interfiere sobre los presuntos maltratadores.

La "lluvia de subvenciones"

La formación pide derogar de la ley de violencia de género andaluza los artículos que "ordenan la lluvia de subvenciones a las asociaciones clientelares" que no especifica y eliminar los que prevén "un adoctrinamiento permanente sobre perspectiva de género a la infancia y la sociedad en su conjunto". Según fuentes de la Junta de Andalucia, la comunidad autónoma destina 50 millones anuales para luchar contra la violencia de género. Suponen un 0,125% del presupuesto total de 40.000 millones de euros.

Paridad y discriminación

La formación pide derogar la Ley de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía y considera una premisa “errónea” que la falta de paridad se deba a que las mujeres han sido discriminadas. Hasta la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, defiende que es improbable alcanzar la paridad en las empresas sin cuotas obligatorias (que en España no existen, solo aparecen como recomendación en la Ley de Igualdad).

“La igualdad de derechos está garantizada en España desde hace décadas”, reza el documento de Vox, que reclama la “supresión del bosque de organismos” dedicados a “la imposición de la perspectiva de género”. El salario medio anual de las mujeres andaluzas fue de 18.177 euros anuales en 2016, un 75,6% del de los hombres. Es decir, ellas cobraron un 24,4 % menos, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial de aquel año, última disponible.