“En una sociedad democrática no cabe la prostitución”

Llega con retraso pidiendo disculpas porque se alargó una reunión. Y se marcha mirando el reloj porque le espera otra. Pilar Llop (Madrid, 1973) no ha tenido ni tiempo de cambiar cosas de su despacho, en la calle Alcalá de Madrid, al que llegó el pasado julio. Junto a la puerta cuelga una foto de su predecesor con el equipo. Al fondo, una imagen de Clara Campoamor.

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, hija de un taxista y una peluquera, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en traducción jurídica de inglés y español por la Universidad de Alicante. En su currículo consta que domina tres idiomas además del castellano (inglés, francés y alemán) y se defiende en italiano y búlgaro. Trabajó un año en Bulgaria como asesora de un proyecto para reforzar el sistema judicial de ese país. En español habla pausado y se acaricia la tripa. Está embarazada de su primera hija.

Llegó al nuevo puesto desde la Asamblea de Madrid, donde ha sido diputada tres años por el PSOE, un partido en el que no milita. Antes estuvo como letrada del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial, donde ocupó entre otros puestos la jefatura de la Sección Observatorio Violencia Doméstica y de Género. Se nota su condición de jueza especializada en violencia de género, principalmente en las explicaciones técnicas y en la cautela. La entrevista tiene lugar a media mañana del martes 18 de diciembre, cuando aún no ha sido detenido Bernardo Montoya, asesino confeso de Laura Luelmo, ni ha trascendido que la autopsia señala a una agresión sexual. Llop hizo una primera valoración del caso sin conocer por tanto esos hechos y declinó ampliarla después una vez que ya habían trascendido.

Pregunta. ¿Qué falla si se cuestiona más que una mujer corra sola que el hecho de que un hombre no debe agredirla?

Respuesta. La sociedad aún está muy estereotipada. Donde más prejuicios hay es en los delitos contra la libertad sexual. Se piensa que una mujer que ha sufrido una violación debe estar destrozada cuando declara o se cuestiona por qué ha salido por una determinada zona. Las mujeres tenemos que ser libres en todos los espacios púbicos. El machismo quiere que desaparezcamos de esos espacios.

P. ¿Qué medidas servirían para intentar evitar casos como el de Laura Luelmo?

La formación de los jueces para tratar violencia machista ha sido insuficiente

R. Supervisión y vigilancia, la actuación de fuerzas de seguridad y las entidades locales. El urbanismo tiene un claro impacto de género, hay que hacer zonas seguras para las mujeres, accesos bien iluminados, que no se tenga que entrar por un callejón. Hay medidas que afectan de una manera transversal a todas las Administraciones Públicas. Pero hay zonas en un campo donde no se puede tener un policía cada 10 kilómetros, evidentemente.

P. 47 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas este año; 974 desde 2003. ¿Qué se debe hacer?

R. Erradicar la violencia contra las mujeres es el compromiso de todas las Administraciones, no solo la violencia en el ámbito de la pareja o expareja sino en su totalidad. Hay que mejorar la lucha contra aspectos que provocan esa violencia: la educación, la respuesta institucional, las ayudas. Una democracia en la que la mitad de la población vierte violencia sobre la otra mitad no es democracia.

P. Tres de cada cuatro asesinadas no denunciaron. ¿Por qué no confían en el sistema?

R. Hay una bolsa oculta de maltrato. De la última macroencuesta [de violencia contra la mujer, publicada en 2015] se puede deducir que unas 600.000 mujeres que la han sufrido no denunciaron. Por eso es muy importante que, como aprobó el Gobierno en agosto, se puedan dar determinadas ayudas laborales o de la Seguridad Social sin que se haya presentado denuncia, así podrán tener una mejora en sus condiciones de vida. La independencia económica es fundamental.

P. Como jueza, ¿considera que la judicatura española está bien preparada para atender los casos de violencia de género?

R. En España hay 106 juzgados especializados y 355 compatibles, que también llevan otras materias, en localidades pequeñas. Poco a poco, con la experiencia que ha habido en los juzgados, se llegó a una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 2009 para que fuera obligatoria la formación de jueces y juezas. Con la experiencia de los años, se ha visto que esa formación ha sido insuficiente, porque todavía vemos algunas resoluciones judiciales en las que la perspectiva de género no se aplica a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial ha hecho formación continua a los magistrados y magistradas on line…

P. Son cursos de 50 horas.

R. Es necesario que se intensifique la formación. Hay una iniciativa legislativa en el Congreso para que los juzgados contra la violencia se constituyan como una jurisdicción dentro de la penal, pero especializada. Eso va por lo menos a garantizar que jueces y juezas se especialicen como lo hacen los de menores o mercantil.

P. ¿La prostitución es violencia de género?

R. Cualquier forma de proxenetismo y explotación sexual lo es. La mayor parte de las personas que están siendo explotadas sexualmente son mujeres.

P. Le pregunto por la prostitución.

R. La mayor parte de las mujeres explotadas sexualmente y también en un porcentaje muy elevado que están siendo tratadas con fines de explotación sexual son destinadas a la prostitución. Podemos entender que en ese ámbito sí es violencia de género.

P. ¿Para desincentivar la prostitución hay que penalizar al cliente?

R. Hay muchas maneras de desincentivarla, desde la propia educación, que los menores entiendan que cuando se tienen relaciones afectivo sexuales implica el respeto hacia el otro ser humano. También con campañas de concienciación.

P. La penalización está en el programa electoral del PSOE y es un eje de modelos abolicionistas. Bajo su punto de vista, ¿hay que penalizarlo?

R. También hay medidas administrativas, en la Ley de Seguridad Ciudadana ya se recoge y, además, las multas son muy graves. Hay que entender que el Derecho Penal es el último escalón sancionador. Con la prostitución hay que hacer lo que dice el Pacto de Estado, con consenso de todas las fuerzas políticas.

P. El Pacto de Estado no habla de sanciones. ¿Considera que deberían estar las sanciones en la ley o no?

R. Yo creo que en una sociedad democrática no cabe la prostitución.

P. Usted ha dicho: “Yo no soy política. Cuando termine esta etapa volveré a mi juzgado".

R. Lo echo muchísimo de menos. Me gusta el contacto con las víctimas, con la realidad. Yo soy jueza de trinchera.