El Congreso encona su división ante el clima de crispación en Cataluña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá este miércoles al Congreso para protagonizar un pleno monográfico sobre la complicada situación política y social en Cataluña y comprobará de nuevo que el creciente clima de crispación se ha enconado también en la Cámara baja y que la división sobre cómo gestionar ese problema sigue igual de vigente que hace meses. PSOE y sus principales socios de moción de censura, ERC, PNV, PDeCAT y Podemos, mantienen que es importante recuperar la normalidad y el diálogo institucional con la Generalitat pese a los últimos incidentes violentos y las acusaciones de dejación a los Mossos. Solo el PDeCAT precisó que en este contexto puede resultar "irritante para la sociedad catalana" el Consejo de Ministros del día 21 en Barcelona. PP y Ciudadanos exigen al presidente Pedro Sánchez que les convoque con urgencia para activar la intervención del Gobierno catalán con el artículo 155 y convoque elecciones.

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ERC, PNV, PDeCAT y Podemos mantienen su creencia en que es bueno insistir en la vía del diálogo incluso en esta situación actual para restablecer las relaciones con la Generalitat y por tanto defienden que no van en esa línea las tres cartas oficiales enviadas el lunes por la vicepresidenta, Carmen Calvo, y los ministros del Interior, Fernando Grande Marlaska, y de Fomento, José Luis Ábalos, requiriendo a sus homólogos en el Ejecutivo catalán la recuperación del orden público y advirtiendo de una posible intervención estatal. Todas esas formaciones, incluidas las nacionalistas catalanas, cuestionaron este martes en el Congreso la oportunidad de la llamada vía eslovena planteada por el presidente catalán, Quim Torra, tras un reciente viaje a ese país.

El PSOE intentó defender como pudo desde el Congreso las diferencias de criterio evidenciadas sobre la decisión de Pedro Sánchez de celebrar ese Consejo de Ministros en Barcelona. Su portavoz en la cámara, Adriana Lastra, repitió que el plan de Sánchez es organizar esas reuniones en todas las autonomías y que ya lo hizo antes en Sevilla y cuestionó, sobre todo, el comportamiento "desleal y mezquino" del PP ahora en la oposición sobre todo lo relacionado con Cataluña frente al que su partido tuvo cuando el ejecutivo de Mariano Rajoy aplicó el 155.

Desde En Comú Podem, Josep Vendrell lamentó "la deriva sin nombre del deslegitimado" president Torra y su vía eslovena pero apuntaron que ni siquiera esas actitudes justificarían el "giro de guion" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, amenazando con diferentes tipos de intervenciones estatales. Para esa formación ninguna intervención y menos aún el artículo 155 de la Constitución serían justificables y sí "gravísimas". En Comú Podem, como luego expresó Ione Belarra en nombre de Podemos, aún creen en el diálogo.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, tildó como "desafortunada" también la aportación de Torra sobre la vía eslovena pero piensa que sería ilegal que el Gobierno central y el Ministerio del Interior intentasen ahora intervenir y controlar la actuación de los Mossos en Cataluña. Eso sí, Esteban pidió a Generalitat y Gobierno central que pasen de los gestos y las palabras a los hechos y a solucionar problemas y vaticinó que le pleno monográfico sobre Cataluña debería ser importante.

Desde el PDeCAT, su portavoz, Carles Campuzano, expresó que no entendía las cartas amenazantes del ejecutivo, que le parecieron poco responsables porque piensa que cuestionan la capacidad del Gobierno catalán de poner orden y generan así incertidumbre. Ni ERC ni PDeCAT se adentraron a comentar las actuaciones de los Mossos del pasado fin de semana y justificaron su inacción ante determinados comportamientos (como el levantamiento de peajes en autopistas por parte de radicales) en criterios técnicos y profesionales por parte de la cúpula de ese cuerpo policial.

Carles Campuzano, sin embargo, sí quiso indicar que no le parece oportuno en este contexto de crispación la celebración de un Consejo de Ministros el día 21 en Barcelona. Dijo que "los gestos simbólicos si no van acompañados de políticas y soluciones son gestos inútiles que provocan irritación en la sociedad catalana". Luego matizó que Sánchez y Torra deberían verse y hablar, pero no en el contexto de la cita del día 21 y pidió al Gobierno central planteamientos más de fondo sobre el origen del problema.

Joan Tardá, de ERC, no quiso profundizar en si puede ser bueno o malo que se monte un Consejo de Ministros en este clima en Cataluña pero sí subrayó que los incidentes de estos días no fueron tan graves como las manifestaciones el pasado verano de taxistas en Barcelona y Madrid, concluyó que con las supuestas exageraciones actuales se intenta crear una tensión irreal y se desligó de la vía eslovena de Torra al reafirmar que la única vía viable para la república catalana es la "cívica, pacífica y democrática".

Para PP y Ciudadanos, sin embargo, ni el Consejo de Ministros en Barcelona ni las cartas de Calvo, Marlaska o Ábalos tienen ya sentido ni son suficientes. Dolors Montserrat, la portavoz popular, volvió a insistir en la acusación contra el ejecutivo de que rectifica permanente y unos miembros a otros (por la desautorización que La Moncloa hizo este mañana de las dudas de Ábalos sobre la conveniencia de esa reunión) y planteó la necesidad de que comparezca el titular de Interior para explicar la dejación de los Mossos y sus planes y exigió a Sánchez el requerimiento previo para aplicar el 155 y que convoque elecciones ya. Fue lo que planteó, con toda la contundencia, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que piensa que Sánchez no tiene autoridad además para gestionar a posteriori la futurible intervención de la Generalitat.

El PP, además, registró en el Congreso una proposición de ley para incluir Cataluña entre las autonomías y zonas de España (como ya se hace en Euskadi, Navarra, Ceuta y Melilla según una ley vigente desde 2003) donde los jueces y fiscales disfrutan de un complemento de casi 500 euros a su salario por ejercer su profesión. Y puso como justificación de esa medida las presiones y escraches que están sufriendo. Montserrat apuntó así que no es normal que 27 jueces y fiscales que ejercían en Cataluña hayan pedido su traslado en 2017 y que medio centenar lo hayan hecho también en lo que va de 2018.