La Generalitat rectifica y garantiza la seguridad del Consejo de Ministros del día 21 en Barcelona

La Generalitat intentó este martes rebajar la tensión con el Gobierno después de la pasividad de los Mossos d'Esquadra durante el fin de semana ante las acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR) y que motivaron las advertencias por carta de tres ministros. Si hace una semana, la portavoz del Govern, Elsa Artadi, calificó de "provocación" que el Consejo de Ministros se reuniese en Barcelona el 21 de diciembre, este martes ha defendido el derecho a que se celebre esa reunión

Artadi explicó que supo por los medios de comunicación que se celebraría el Consejo de Ministros en Barcelona, pero quitó hierro al asunto. “Les toca a ellos decir qué temas se discuten, cómo y cuándo”, dijo la portavoz, aunque deslizó que la Generalitat desconoce el lugar escogido para la reunión y que eso “condiciona” el dispositivo de seguridad.

A diferencia de hace una semana, Artadi no mostró simpatías por las protestas previstas para ese día en Barcelona y la convocatoria de huelga general de un sindicato minoritario. “Queremos garantizar los derechos de todo el mundo: a las reuniones del Gobierno y a manifestarse”, dijo.

El pasado día 5, no obstante, había declarado: “Hacer la reunión el 21-D tiene un punto de provocación, justo cuando se cumple un año de la victoria del independentismo, al que no dejan aplicar los resultados. El Gobierno no ha dado ningún paso adelante, no ha pasado de las palabras a los hechos. Ante esta situación, hay muchas maneras en las que se expresa la ciudadanía. Protegeremos el derecho a que la gente proteste”.

La portavoz también justificó la actuación de los Mossos ante el corte de la autopista AP-7 durante más de 15 horas y el levantamiento de los peajes. En su opinión, la seguridad estuvo garantizada y por eso, aunque le causó “sorpresa”, relativizó las tres cartas enviadas por el Gobierno a la Generalitat en las que advierte de que enviará a la policía nacional si la policía autonómica no garantiza el orden público. Artadi apuntó que existen mecanismos institucionales de coordinación para verter esas opiniones, pero tampoco hilvanó una crítica a Sánchez.

El consejero del Interior catalán, Miquel Buch, pidió disculpas en una carta remitida al ministro Fernando Grande-Marlaska, que había exigido explicaciones por la inacción de los Mossos. “Desde el Govern lamentamos los trastornos ocasionados por los sucesos del pasado fin de semana”, asegura en una misiva que encabeza refiriéndose a la “lealtad y colaboración” entre ambos Ejecutivos. El Govern, dijo, “está abierto al diálogo” con el Gobierno para “contrastar las medidas y alternativas” que supongan “una mejora en la prestación del servicio público”. Y subrayó que los mossos aplicaron los mismos protocolos cuando, en “situaciones análogas” en las carreteras, el pasado marzo, estaban intervenidos por el Gobierno de Mariano Rajoy tras la aplicación del artículo 155.

Y en esa línea de rectificación, Artadi intentó justificar la apuesta de Torra por la vía eslovena para lograr la independencia. “Estamos donde siempre: en una apelación constante a la negociación”, dijo. Reclamó al PSOE “una reflexión” para que “no se vuelva a equivocar” y decida aplicar el artículo 155, aunque sea a menor escala. Por eso, reclamó al Gobierno “volver al diálogo y no dejarse llevar por los discursos del PP”.

La junta de portavoces del Parlament, con mayoría independentista, excluyó del orden del día del pleno de la próxima semana la solicitud de Ciudadanos y el PSC para que Torra comparezca y explique sus declaraciones sobre esa opción. Eva Granados (PSC) lamentó que Torra pierda la oportunidad de “rectificar”. Carlos Carrizosa (Ciudadanos) tildó de “inaudito” el bloqueo y que el independentismo “esconda” a Torra tras conmocionar, dijo, a la sociedad catalana al decir que se debía emular una vía que se saldó con fallecidos.

Torra, en cualquier caso, puede comparecer a petición propia o incluir la comparecencia en otra sesión. La oposición constitucionalista volvió a visualizar su estrategia dispar: el PP reclamó a Inés Arrimadas que impulse una moción de censura —no lo hará, no suma— y el PSC le instó a dejar de hablar del Gobierno y a ejercer de líder de la oposición. Los tres partidos discrepan sobre el 155: el PP lo quiere ya; Ciudadanos —que ha forzado un pleno sobre los días en que se aprobaron las leyes de desconexión— ofrece su apoyo para aplicarlo de forma inmediata y pide que se convoquen elecciones generales; y el PSC lo rechaza en aras del diálogo y la mejora del autogobierno.