La viceconsejera andaluza de Hacienda: “Hace falta un nuevo interventor con mano dura que os meta en cintura”

La viceconsejera andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Amelia Martínez (PP), explicó a las claras y sin rodeos el pasado diciembre, en una reunión interna, la estrategia de la Junta de Andalucía para controlar la Intervención General, el órgano que fiscaliza las cuentas autonómicas y al que debe dotar de independencia y medios para ejercer una supervisión rigurosa del gasto público. Martínez amenazó al Cuerpo Superior de Interventores en una cita el pasado 4 de diciembre para la negociación abierta sobre sus condiciones laborales: “Hace falta un nuevo interventor general con mano dura que os meta en cintura”, espetó a la ex interventora general, María Antonia González, y a los ocho jefes de división, según varios testimonios coincidentes presentes en la reunión. EL PAÍS ha contactado con la viceconsejera, que niega tal extremo.

A pesar de ello, las fuentes consultadas confirman a este periódico que, después de esa reunión presencial, la convocatoria se amplió con 30 interventores delegados en las consejerías y los provinciales, que se conectaron de manera telemática. A partir de ahí, las intervenciones fueron grabadas por varios de estos altos funcionarios. Cuatro semanas después de ese tenso encuentro, Martínez destituyó a González. Este miércoles la consejera del ramo, Carolina España, comparece en el Parlamento andaluz a petición de todos los partidos de la oposición para dar explicaciones sobre los ceses concatenados en la Intervención General.

En la reunión quedó patente la estrategia del Gobierno de Juan Manuel Moreno para controlar al Cuerpo de Intervención y Auditoría, creado hace un año y medio y del que formarán parte 171 interventores cuando se complete. Esta intención de tutelar a los auditores es justo lo contrario de lo que prometió el PP en su campaña electoral como parte de la lucha contra la corrupción: formar un Cuerpo específico que otorgue independencia y robustez a la labor fiscalizadora que ejercen los interventores sobre el presupuesto anual de 48.871 millones de la Junta andaluza.

Martínez advirtió de que era necesaria “mano dura” por parte de la jefa de la Intervención para hacer frente a las exigencias de los auditores ante la Consejería, pero además, en esa misma reunión, el director general de Presupuestos, Eduardo León, aclaró sin tapujos que la creación del Cuerpo de Interventores era “un mero compromiso electoral”, ante el silencio de Martínez. “¿De verdad os lo habíais creído?”, lanzó ante el estupor de los interventores. El último programa del PP, en su página 364, así lo recoge. León fue interventor general de la Junta durante nueve años, de 1991 a 2000.

Un informe de actuación crítico con los contratos sanitarios

El patio anda muy revuelto en el órgano fiscalizador de la Junta. El pasado otoño salió a la luz que la interventora general saliente firmó hace dos años un informe de actuación crítico con los contratos de emergencia sanitarios de la Junta, cuyos convenios menores constituyeron un “abuso” al cerrarse en “fraude de ley”. Un juzgado investiga ahora esos contratos y ha imputado a la directora general del SAS, Valle García, y sus dos predecesores en un caso usado como ariete por la oposición política contra la Junta.

Al cese de la interventora general a finales de año le sucedió hace dos semanas el de cuatro de sus ocho jefes de división, además de los cambios de destino de muchos otros interventores. “Hay mucho miedo. El episodio de los contratos del SAS y que los interventores se hayan revuelto un poco, sin llegar a la huelga, le quita mordiente al control financiero y avisa para que midan bien lo que dicen [los interventores] en sus informes. La institución ha quedado amedrentada, aunque la Junta lo ha hecho de forma grosera y es obvio que no cree en el cuerpo. Ha sido un misil en la línea de independencia de los interventores y ha causado su efecto”, censura un ex alto mando que exige anonimato.

En medio de todo esto, la Junta tiene previstos una serie de cambios que dividen a los funcionarios. Prevé pagar un complemento específico salarial a la mayoría de los interventores, pero no a todos, al excluir a la división de contabilidad; ha situado sus servicios centrales en tres plantas diferentes del enorme edificio Torre Triana, mezclados con otras consejerías en vez de una sola sede; y ha descabezado la cúpula de la Intervención General por posicionarse del lado de los altos funcionarios, según explicó a sus subordinados la propia ex interventora general tras su cese. Martínez afirmó que González había pedido dejar el puesto “para cuidar de sus nietos”.

Dos días antes del encuentro del 4 de diciembre, los interventores acordaron en una asamblea extraordinaria celebrar otra asamblea presencial con voto secreto para aprobar una huelga y anunciarlo mediante una nota de prensa. El motivo era la negativa a conceder las prerrogativas que concede la ley a los interventores, como un complemento específico en torno a 5.000 euros brutos al año que la Junta quiere restringir a los que firman y autorizan gastos. Martínez volvió a amenazar ante la perplejidad de los funcionarios: “Como saquéis la nota de prensa, tendréis a otra viceconsejera y otra interventora general”, afirmó, según el testimonio coincidente de cinco interventores. La viceconsejera matiza: “Yo solo dije que podríamos tener problemas [González y ella] si se publicaba, porque estábamos trabajando horas y horas para ellos”. Los interventores recularon y no hubo votación para la huelga ni nota de prensa.

Los interventores reclaman que dicho complemento específico lo perciban los 171 funcionarios, mientras que la Junta quiere reducirlo a entre el 70% y el 80% de la plantilla, según fuentes de las conversaciones. En paralelo, la asociación de interventores que les representa exige una productividad específica para el cuerpo, tal y como cuentan otros departamentos de la Junta como el gabinete jurídico o el cuerpo de inspectores de Educación o Urbanismo. Además, reclaman la autorización para que las horas extra que trabajan ―disparadas en el final del ejercicio, entre mediados de noviembre y enero― les sean pagadas como a otros funcionarios. Martínez dice que las horas extra de 2024 están autorizadas, pero está por ver si la viceconsejera cede para instaurarlo de forma permanente, como dispone por ejemplo la Dirección General de Presupuestos al cierre de cada ejercicio contable. La directiva de la asociación de interventores ha rechazado opinar al respecto.

Nueva reunión, el jueves

La viceconsejera defiende su gestión y afirma que se están creando todas las plazas de interventores adjuntos que ha exigido la asociación, así como la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) necesaria para la creación del Cuerpo Superior de Inspección y Auditoría. “La prensa está creando un mal ambiente contra los interventores”, considera Martínez. Sobre la negociación en marcha, un portavoz de la Consejería de Hacienda, alega: “La Junta no tiene una posición inamovible, sino una actitud de diálogo”. Este jueves se vuelven a reunir los interventores para decidir sobre el pulso que mantienen con la Junta tras una última cita la semana pasada a la que acudió el viceconsejero de Presidencia, Tomás Burgos, que ratificó la postura oficial mantenida hasta ahora por el Ejecutivo andaluz.

Martínez fue auditora de la Cámara de Cuentas andaluza y elaboró un informe clave para que se iniciara la macrocausa Invercaria. En 2018 declaró como testigo en el juicio de la pieza política de los ERE fraudulentos contra los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y en 2019 Moreno la nombró interventora general de la Junta. Hace dos años y medio que pasó a ser viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Ahora está por ver si se impone en la negociación abierta con los interventores o estos consiguen su objetivo de equipararse a otros Cuerpos de prestigio como la Intervención General de Administración del Estado (IGAE) o al Cuerpo de Interventores de la Generalitat catalana, creado en 1984.