La Junta de Andalucía cesa a cuatro jefes de la Intervención más y la oposición lo tacha de “purga”

La líder de Por Andalucía (el equivalente andaluz de Sumar), Inmaculada Nieto, ha denunciado este lunes “la purga” que el Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP), está realizando en la Intervención de la Junta, después de que hace dos semanas sustituyera a la interventora general, María Antonia González, responsable de los informes que advertían del “uso indebido” por parte de la Administración regional de los contratos de emergencia sanitarios adjudicados a dedo entre 2021 y 2023 y que están siendo investigados en los juzgados. “El Gobierno de Moreno Bonilla está purgando la Intervención General de la Junta de Andalucía y parece dispuesto a laminar a todo funcionario que emita informes críticos con su gestión”, ha sostenido Nieto.

El nuevo interventor general, Miguel Ángel Figueroa, ha cesado a cuatro de los ocho jefes de división del órgano de fiscalización de la Junta, dependientes de la Consejería de Hacienda, a quienes se les informó de su relevo de manera verbal el jueves pasado. Se trata del responsable de la División de Fiscalización, del director de División de Auxilio Judicial, de la directora de División de Control Financiero Permanente y Supervisión continua I, de la directora de Fondos Europeos y Subvenciones y del director de División de Coordinación. De fondo late la pugna entre el Ejecutivo y los interventores, que reclaman un aumento salarial de unos 5.000 euros al año y que la Junta se resiste a firmar, pese a que había un compromiso por escrito en la memoria de la Ley por la que se creaba el nuevo Cuerpo de Interventores.

“Esto es otro golpe más. Es un escarmiento para cortarle las piernas al movimiento de enfado por el tema de las retribuciones, y además está el tema de los contratos del SAS para debilitar al dispositivo de control. Es habitual cambiar algún alto cargo, pero nunca se han cargado a la mitad de la cúpula”, valoran fuentes de la Intervención que piden el anonimato sobre el repentino cese de cuatro de los ocho jefes de división, al que se sumará en breve un quinto cuya salida ya estaba prevista. Es muy llamativa la destitución por Figueroa de la directora de la División de Fondos Europeos y Subvenciones, ya que este departamento ha tenido el reconocimiento por su excelencia de la Comisión Europea y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), recuerdan estas fuentes. El programa del PP para las últimas elecciones autonómicas exponía que reforzaría “la independencia y la imparcialidad de todos los empleados públicos”, justo tras la creación de la Ley de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría.

Todos los jefes de división de la Intervención cesados, según ha señalado Nieto, “tenían acceso” a los expedientes de los contratos de emergencia, que el Gobierno de Moreno adjudicó por valor de 243 millones de euros, pese a que el marco normativo que amparaba este tipo de contrataciones había decaído en 2021.

Desde la Consejería de Hacienda se enmarcan estos ceses en la reestructuración del equipo del nuevo interventor y se insiste en que se trata de cargos de libre designación, de confianza y que es algo que ha sucedido siempre que se produce un cambio en la dirección de la Intervención. A estas sustituciones hay que sumar la renuncia por motivos personales del director de la División de control financiero permanente y supervisión continua II, que ya había avisado de que no quería continuar en ese puesto. Las fuentes de la Consejería consultadas también advierten de que los funcionarios relevados no pertenecen a la Intervención del Servicio Andaluz de Salud (SAS), “por lo que no han tenido acceso a los expedientes de los contratos del SAS”, y recalcan que ese departamento sigue teniendo a los mismos funcionarios.

Cuando la Junta anunció el 8 de febrero la sustitución de González, en el cargo desde 2022, alegó que se debía a “motivos personales”, pero ella misma había informado un día antes en una reunión interna con el resto de interventores delegados y jefes de división, que la habían cesado por “falta de confianza” por su implicación en la defensa de las mejoras retributivas del cuerpo de Interventores reconocidas en la Ley que la Junta aprobó en verano de 2023, en el que se les reconocía el rango específico de categoría profesional, y que el Gobierno de Moreno todavía no ha hecho efectivas.

Un interventor aclara bajo anonimato: “La neutralidad del funcionario debe reforzarse, no atacarla. La ley dice que la Intervención debe ser independiente del órgano que controla. Y con estos ceses transmites una lectura de cortarle las alas al colectivo, y claro que puede afectar a su criterio de independencia”.

Las críticas de la oposición ante esta nueva tanda de ceses en la Intervención llegan después de que el PP y Vox impidieran la semana pasada que la consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, diera explicaciones en el Parlamento sobre el cese fulminante de la anterior interventora.

Las últimas sustituciones han incrementado el malestar del cuerpo de interventores de la Junta (alrededor de 170), que ya habían amenazado con una huelga para exigir el cumplimiento de la subida salarial y el resto de compromisos laborales. Estos funcionarios son esenciales porque son los responsables de fiscalizar el gasto público de la administración andaluza y de emitir, como en el caso de los contratos de emergencia sanitarios, los informes vinculantes para las consejerías.

La pugna económica que mantienen los interventores con la Junta radica en que la mejora salarial prevista para el Cuerpo, compuesto por 70 funcionarios pero que irá extendiéndose hasta los 170, la Junta quiere limitarla a solo los interventores que firman las fiscalizaciones y no a los que ejercen el control (sin firmar) y al área de contabilidad, por lo que la cifra varía de manera sensible.

Para la portavoz de Por Andalucía, estos ceses envían un mensaje claro a los funcionarios del Cuerpo: “Quien no esté dispuesto a afirmar que los burros vuelan durará poco en su cargo”. Nieto hace hincapié en el hecho de que los informes de la Intervención, como los de la Cámara de Cuentas, son “la principal debilidad del Gobierno de Moreno”, por cuanto que “la parte técnica que ellos analizan contradice su discurso político”.

El PSOE de Andalucía, quien inició la investigación de los contratos de emergencia en los tribunales con la presentación de una querella, ha advertido del “peligro” que conllevan estos ceses, informa Álvaro Palacio. “No tuvieron bastante con cortarle la cabeza a la interventora general de la Junta de Andalucía. Están intentando que no quede rastro, que todo el que sabe algo, ya no lo sepa, y que todo el que trabajaba en este ámbito denunciando lo que estaban haciendo, que no lo denuncie. Nos parece peligroso”, ha asegurado su portavoz, María Márquez.