La justicia investigará si el servicio de salud de Andalucía abusó de los contratos de emergencia

El Juzgado de Instrucción Número 13 de Sevilla ha admitido a trámite una querella presentada por el PSOE de Andalucía el pasado junio contra el Gobierno de la Junta, del PP, por “presunta malversación y prevaricación” en la adjudicación de contratos de emergencia entre 2021 y 2023 por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Esos contratos, por un valor total de 300 millones de euros, se adjudicaron utilizando el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia.

El PSOE andaluz lleva año y medio cuestionando el presunto abuso de la contratación a dedo por parte del SAS a través de contratos sin concurrencia competitiva, sin control y sin publicidad, y que se prorrogaron no solo después de que se derogara el artículo 16 del Real Decreto 7/200 que amparaba el carácter excepcional de este tipo de contratos durante la pandemia, sino dos años más allá de que la propia Consejería de Hacienda emitiera una instrucción en 2021 advirtiendo de que la contratación de emergencia debía tener ya un carácter residual.

“El Gobierno de Moreno Bonilla ha eludido las normas de contratación pública de manera obscena. Ahora hay abierta una investigación al Gobierno de Moreno por irregularidades claras y graves, y empezaremos a enterarnos quiénes son los beneficiarios”, ha afirmado Espadas esta mañana durante una convocatoria a los medios de comunicación para informar de la querella, que adelantó la Cadena Ser. “Estamos hablando de un modus operandi, no de algo excepcional”, ha abundado.

La propia Intervención del SAS ha cuestionado la tramitación de la contratación exprés en las auditorías que ha realizado de su actividad contractual en 2020 y 2021. El órgano fiscalizador ha emitido sendos informes desfavorables en los que sostiene que las contrataciones de emergencia y sus prórrogas que se realizaron en ese período contravinieron la Ley de Contratación Pública al no estar justificadas; y, en el caso de las de 2021, además, señala que ya no estaba vigente el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2000 que las amparaba, y que la incidencia de la pandemia estaba entonces “muy atemperada”.

La Intervención considera que el abuso de estos contratos provocó “situaciones de riesgo” en el gasto público porque, al no tramitarse por el procedimiento de libre concurrencia, no se pudieron comprobar las condiciones de solvencia, aptitud o capacidad de los adjudicatarios. En su informe de 2020, el órgano fiscalizador realizó hasta 11 recomendaciones que el SAS —salvo una— no tuvo en cuenta en la tanda de contrataciones que realizó en 2021. Quedan pendientes por conocer los informes de 2022 y 2023. La Intervención no opera de manera previa, porque en 2020 el Gobierno andaluz decidió sustituir el sistema de fiscalización previa en la Consejería de Salud —que obligaba a informar de la conveniencia o no de los contratos con anterioridad a su firma— por la fiscalización continua, que permite solo el control a posteriori.

Paralelamente, la intervención del SAS también realizó auditorías a las plataformas provinciales de contratación. En concreto, tal y como informó el PSOE andaluz hace unas semanas, en nueve de ellas el órgano fiscalizador emitió informes en los que se advierten, también entre 2020 y 2021, irregularidades como la fragmentación de contratos para evitar que salieran en concurrencia competitiva, o prórrogas al margen de la ley, que cuestionan la falta de justificación de la necesidad de emergencia. De acuerdo con el contenido de esas auditorías adelantado por elDiario.es, se fragmentaron contratos “en fraude de ley” por valor de 458 millones en 2021. La intervención ha dado seis meses al SAS para que recoja sus recomendaciones y evitar elevar un informe de actuación.

En marzo de 2022, el PSOE-A ya pidió una comisión de investigación en el Parlamento andaluz para analizar los contratos de emergencia del SAS que el anticipo de las elecciones autonómicas impidió que se llegará a tramitar. Esa misma petición fue rechazada el pasado mes de abril gracias a la mayoría absoluta del PP en la Cámara autónoma. Los socialistas andaluces también anunciaron hace un año y medio su intención de llevar este abuso de contratación a dedo a los tribunales. Finalmente, la querella se interpuso el 20 de junio —si bien desde entonces aseguraban que aún la estaban preparando, el propio Espadas insistió el martes en que acudiría a los tribunales— firmada por 30 diputados, que se amplió en el mes de julio. El secretario general de los socialistas andaluces ha señalado esta mañana que se plantean ampliarla con la información de las auditorías provinciales y ha justificado que se ocultara su interposición a los medios por “estrategia procesal” y para “respetar la independencia judicial” para que puedan trabajar “sin presión de ningún tipo”.

La Junta de Andalucía ha defendido la validez y legalidad de la contratación a dedo por parte del SAS cuando las disposiciones normativas que lo amparaban estaban derogadas, apelando a que pasaron todos los controles de legalidad internos y externos y a que en ese período de 2020 y 2021 “lo importante era salvar vidas”, según aseguró la semana pasada su portavoz, Carolina España. El mismo argumento que esta misma mañana ha utilizado la nueva consejera de Salud, Rocío Hernández, que también ha insistido en negar que el SAS contratara “en fraude de ley”. “Estábamos en plena pandemia del Covid”, ha insistido. Fuentes del Gobierno de Juan Manuel Moreno también inciden en que no se desviaron fondos para uso privado.

Preguntado al respecto, el vicesecretario del PP y exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha trasladado el “respeto máximo a la decisión judicial”, al tiempo que ha subrayado que “la admisión a trámite es un procedimiento formal”, informa Elsa García de Blas. “Veo mucho nerviosismo del PSOE, cuando son los reyes de la corrupción en España, desgraciadamente fue en mi tierra donde el socialismo robó 700 millones de euros de los parados andaluces”, ha afirmado Bendodo en el Congreso. “Máxima tranquilidad, se ha hecho todo correctamente”.

La gestión de la sanidad pública se ha convertido en el talón de Aquiles del Gobierno de Moreno. Al colapso de la atención primaria y el amago de intentar concertarla, se ha sumado unas listas de espera desbocadas con más de un millón de andaluces aguardando cita para ser operados o atendidos por un especialista. Para atajarlo, la Junta anunció en octubre de 2023 un cambio en el sistema de contratación —parte del cual está siendo ahora investigado por la justicia— que contemplaba concertar con la privada 734 millones de euros en cuatro años, un plan que se frustró porque fue recurrido por una empresa que concurría al concurso y se sustituyó, temporalmente, por un plan de choque de 283 millones, de los que el 42% iría a la sanidad privada a través, de nuevo, de contratos a dedo, sin concurrencia competitiva.