La Junta justifica el abuso en 2021 de contratos exprés en Andalucía cuestionado por la Intervención

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) hizo un uso “indebido” de la contratación de emergencia en 2021, según consta en la auditoría realizada por la Intervención de esta entidad pública dependiente de la Consejería de Salud durante ese año. En el documento, el órgano fiscalizador reprocha al Gobierno que dirige Juan Manuel Moreno que abusara de una práctica que permite realizar adjudicaciones a dedo, cuando el marco legal que la amparaba ya no estaba vigente y la incidencia de la pandemia estaba “muy atemperada”. La Junta continuó firmando este tipo de contratos por un valor de hasta 300 millones de euros, desoyendo, además, la práctica totalidad de las 11 recomendaciones que los auditores del SAS realizaron en su informe de 2020, en el que advertían de la necesidad de evitar los contratos de emergencia y seguir por los procedimientos ordinarios siempre fuera posible, dado el carácter excepcional de estas contrataciones.

La auditoría de la Intervención del SAS, adelantada por Eldiario.es y cuyo contenido ha podido consultar este periódico, concluye con un informe “desfavorable” sobre las adjudicaciones a dedo que se realizaron a lo largo de 2021, tras analizar una muestra de 126 expedientes de contratación con un gasto de 56,6 millones de euros, del total de 3.669 relacionados con obras, servicios y compras de material. La Intervención sostiene que esas contrataciones de emergencia y las prórrogas de las realizadas en 2020 contravienen la Ley de Contratación Pública al no estar justificadas. El documento señala que son contrarias la Instrucción 1/2021 de la Consejería andaluza de Hacienda —en el que se advertía a la Consejería de Salud de que la contratación de emergencia debía tener un carácter residual― y a las Instrucciones de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado de 10 de abril 2020, que vuelve a advertir de la naturaleza excepcional de estos contratos porque el marco legislativo que lo amparaba, el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2000, estaba derogado.

La Junta de Andalucía no parece preocupada por este informe desfavorable. “En Andalucía los contratos se han sometido a todos los controles de legalidad tanto internos como externos de la Cámara de Cuentas”, ha indicado la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, que ha señalado que todos los expedientes de contratación están publicados. “En 2020 y 2021 la situación era muy complicada por la covid. Lo importante era salvar vidas y por eso se hicieron las contrataciones de emergencia”, ha insistido.

La Intervención del SAS cuestiona la “situación de necesidad imperiosa” que se vivió en 2021 debido la covid, tal y como ha argüido la portavoz de la Junta, y pone en duda el carácter de emergencia, esgrimiendo que durante el segundo estado de alarma la pandemia “estaba muy atemperada”. En su informe se advierte además de que el abuso de este tipo de contratos exprés provocaron “situaciones de riesgo” en el gasto público, puesto que, al no tramitarse por el procedimiento de libre concurrencia, no se pudieron comprobar las condiciones de aptitud, capacidad, solvencia económica, financiera, técnica y profesional o las prohibiciones de contratar con la administración de los adjudicatarios.

Los auditores del SAS indican también que algunas de esas adjudicaciones —en el caso de contrataciones de servicios y obras― no estaban justificadas por el covid y advierte de que la mayoría de los contratos se ejecutaron con posterioridad al plazo de un mes preceptivo en la contratación de emergencia. También cuestiona el control de esos contratos al señalar que en algunos “no constan actos de recepción positiva de la inversión realizada o la misma no está debidamente firmada”.

La Cámara de Cuentas aprecia “defectuosa planificación” de la Junta

Fuentes del Gobierno de Moreno también restan trascendencia a este informe y ponen el énfasis en que se trata de una muestra de más de 3.000 contratos y de que en ningún caso han existido denuncias de que ese dinero no se destinara a lo estipulado en la adjudicación o que se desviara para otras actividades o usos particulares. Como ha señalado la portavoz, esas mismas fuentes apuntan al informe de la Cámara de Cuentas en el que fiscaliza los contratos suscritos por la administración andaluza con ocasión de la pandemia en 2020, cuyas observaciones críticas, recogidas como “opinión con salvedades” estipulan que la actividad contractual de la Junta durante la pandemia “resulta conforme, en los aspectos significativos, con la normativa aplicable”.

Ese documento, sin embargo, en su punto 15 delimita el espacio temporal de la fiscalización “en los expedientes formalizados en el ejercicio 2020. No obstante, teniendo en cuenta que el proceso de desescalada se prolongó en el tiempo, se han analizado aquellos hechos o actuaciones producidos durante 2021 en la medida en que se ha estimado necesario para el mejor cumplimiento de los objetivos previstos”. Fuentes cercanas a la Cámara de Cuentas precisan que puede haber cuestiones puntuales referentes a 2021, si bien el grueso de los 201 expedientes analizados se centra en 2020.

En ese informe, la Cámara de Cuentas aprecia una “defectuosa planificación” por parte del Gobierno andaluz en uno de cada tres contratos exprés. También advierte de que los contratos de emergencia deben realizarse de acuerdo con los criterios de “necesidad y proporcionalidad, limitándolos en el ámbito objetivo como en el temporal” y pide a la Junta que reflexione sobre si se podrían haber logrado las aspiraciones que se persiguen con esta práctica con “procedimientos alternativos, menos restrictivos de la concurrencia”.

Control permanente del gasto en entredicho

El documento de la Intervención relativo a 2021 tiene fecha de 23 de noviembre de 2023. Antes, este organismo fiscalizador remitió su auditoría relativa a 2020 en la que incorporaba “salvedades”, apuntando a deficiencias de la Junta a la hora de llevar a cabo las contrataciones de emergencia, y establecía hasta 11 recomendaciones, de las que, al año siguiente solo cumplió una, de acuerdo con el informe de 2011. El análisis de 2020 e entregó al SAS el 9 de noviembre de 2022. Todas las auditorías son a posteriori porque ese año el Gobierno de Moreno cambió para la Consejería de Salud el mecanismo de control financiero del gasto previo, que obliga a emitir los informes de la Intervención con anterioridad a que se firmen los contratos, al control financiero permanente, que determina que tengan carácter anual y se realicen, por tanto, con posterioridad.

Este mecanismo acaba de ser ampliado al resto de contratos de toda la administración andaluza, lo que ha generado las críticas del PSOE que argumenta que durante la tramitación del caso de los ERE, la falta de control del gasto previo fue uno de los principales arietes del PP para justificar el fraude en la gestión de esas ayudas públicas. Tras conocerse el informe “desfavorable” de la Intervención del SAS, la portavoz de la Junta y consejera de Economía y Hacienda no se ha cuestionado la idoneidad de extender el modelo de fiscalización continuada a la generalidad de la Junta para garantizar un mayor control del gasto.

Los dos informes de la Intervención del SAS que cuestionan la contratación exprés de la Junta no son los únicos. El PSOE andaluz informó la semana pasada de que, al menos, hay otras nueve auditorías de esta entidad realizadas sobre las plataformas provinciales de contratación del SAS correspondientes a 2020 y 2021 que también advierten de irregularidades, entre ellas la fragmentación de contratos para evitar que salgan a concurrencia competitiva o prórrogas al margen de la ley, y que también cuestionan la falta de justificación de la necesidad de la emergencia.

Los socialistas llevan tiempo advirtiendo de estas irregularidades en la contratación y reclamaron que todos los contratos exprés de la Junta justificados en la pandemia se analizaran en una comisión de investigación en el Parlamento, que la mayoría absoluta del PP impidió. Fuentes del PSOE-A explican que están esperando a las conclusiones del informe de la Intervención de 2022, puesto que la Consejería de Salud siguió realizando este tipo de contrataciones, pese a que el marco normativo estaba derogado, durante 2022 y hasta noviembre de 2023. La Junta ha vuelto a recurrir este año a este tipo de contratos a dedo para solventar las listas de espera en la sanidad pública por un montante de 283 millones de los que el 42% se destinará a conciertos sin libre concurrencia con la sanidad privada.