El PSOE andaluz acusa a la Junta de eliminar controles del gasto público

El PSOE andaluz ha criticado este martes la eliminación de los controles previos del gasto por parte de la Intervención General para agilizar el pago de ciertas partidas, el mismo sistema que el PP denunció en el caso ERE durante la etapa socialista. La Junta publicó en su Boletín Oficial hace 10 días el acuerdo para sustituir el control previo del gasto por el control financiero permanente en gastos, ayudas y subvenciones de ocho consejerías, lo que implica que los interventores revisen las partidas a posteriori y no de manera previa.

La falta de control fue una de las principales razones que motivaron el fraude de los ERE. En las ayudas que daba la Consejería de Empleo andaluza y pagaba la agencia Idea faltaron ojos que fiscalizaran de manera previa. En los años noventa, la Junta decidió crear unas 200 empresas públicas para agilizar sus inversiones y la toma de decisiones al margen de los interventores, que ralentizaban la aprobación del gasto con su escrupulosa supervisión. Para estas sociedades el Ejecutivo autonómico creó el control financiero permanente, una fórmula más ágil que para el PP propició la corrupción durante la etapa socialista y que ahora, más de dos décadas después, ha rescatado su líder, Juan Manuel Moreno.

“Es el mayor ejercicio de cinismo nunca visto por parte del presidente de la Junta, que aplicará el sistema que denunció con los ERE tras eliminar los controles previos de gasto en la Junta”, ha censurado el portavoz adjunto socialista andaluz, Josele Aguilar, según ha avanzado este martes la Cadena Ser.

El problema del control sobre los ERE consistía en que los expedientes de Idea se fiscalizaban a posteriori, excepto los que iban a Consejo de Gobierno por su alta cuantía. Luego los reparos se respondían con dos o tres años de retraso, cuando a veces ya había cambiado el mecanismo. Ahora la Junta, 13 años después del inicio del caso ERE, recupera el control financiero permanente para los gastos electorales de los comicios autonómicos por parte de la Consejería de Presidencia, y expedientes de gasto de seis consejerías: Economía, Empresa y Comercio; Educación; Agricultura; Turismo y Deporte; Cultura y Justicia; subvenciones de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, además de expedientes de gasto financiados por el Fondo Europeo de Garantía y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

En el listado sobresalen subvenciones de la Consejería de Empleo -la misma donde se originó el fraude hace 25 años- “en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a impulsar la recuperación del empleo”. Es decir, ayudas concedidas a dedo por diferentes motivos y que evitan la concurrencia de varias empresas.

El PSOE recuerda que los populares, que ejercieron como acusación popular durante todo el caso, con dos sentencias condenatorias en la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo, ahora rebajadas por el Constitucional, censuraron la misma reducción en los controles de la Intervención como una medida prevaricadora y malversadora. “A partir de ahora los gastos, o incluso subvenciones, enmarcados en un gran número de expedientes que afectan a todas las consejerías y a todas las agencias de la Junta se podrán dar o acordar directamente, sin el control o la fiscalización previa de la Intervención”, ha criticado Aguilar.

El dirigente socialista ha cargado contra el presidente andaluz: “Moreno está aplicando ahora aquello por lo que denunció al Partido Socialista y que en aquel momento consideraba que era prevaricación y malversación, pero que, sin embargo, aplica en este momento para agilizar los gastos en la Junta”, ha recordado el dirigente socialista.

Para la Junta, la diferencia entre el acuerdo actual y “lo que hizo el PSOE con los ERE” es que “el PP sustituye el control previo por un control permanente, mientras que el PSOE eliminó los controles”, según alegan fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. “El objetivo es agilizar la puesta a disposición de los beneficiarios de las subvenciones sin que se produzca ningún menoscabo en cuanto a las garantías que estas ayudan deben tener (…) Se trata, por tanto, de un ejemplo de simplificación administrativa que garantiza todos los controles y, al mismo tiempo, la urgencia con la que deben tramitarse estas ayudas”, enfatizan dichas fuentes.

El cambio de fiscalización es legal y está por ver si provoca alguna distorsión en las revisiones de los interventores, que a partir de ahora ya no frenarán la concesión de ciertas ayudas, sino que se limitarán a verificar si todo está en regla. La Consejería de Economía ha rechazado cifrar el número exacto de ayudas y subvenciones, y sobre todo el gasto que representan dentro del presupuesto global de la Junta, cifrado en cerca de 47.000 millones.