La Intervención ve “irregularidades” en el 92% de los contratos sanitarios adjudicados a dedo por la Junta de Andalucía en 2021

La Junta de Andalucía destinó a través de las ocho centrales provinciales de contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) 1.223 millones de euros a contratos menores, el 92,13% de ellos con “irregularidades e incumplimientos”. Es la foto fija que arroja el análisis de las auditorías que la Intervención de la Administración autonómica, dependiente de la Consejería de Hacienda, ha realizado sobre los contratos sanitarios firmados en 2021 y que, con informes desfavorables, cuestiona el grueso de este tipo de procedimiento de adjudicación a dedo por estar plagado de incidencias, que van desde el “fraccionamiento indebido” de estos contratos hasta la “no justificación del objeto o la duración” de los mismos para poder hacer uso de esta vía de adjudicación excepcional. Este sistema permite asignar la compra de suministros o de servicios de manera directa a un mismo proveedor, eludiendo los requisitos de publicidad y concurrencia competitiva. Los contratos se hicieron cuando ya había acabado el marco legal extraordinario que amparó a las administraciones para estas compras durante la pandemia.

EL PAÍS ha tenido acceso a los informes de la Intervención correspondientes a la contratación realizada entre enero y diciembre de 2021 que recogen un examen pormenorizado de la contratación normalizada (la contratación administrativa, los acuerdos marco y los contratos derivados de los mismos, los contratos privados de la administración, los contratos de suministros de medicamentos y la contratación de emergencia), la contratación menor y otros gastos presupuestarios. El balance de todos ellos es desfavorable y detecta incidencias que sobrepasan con creces más mitad de los expedientes analizados para las tres áreas. En el caso de la contratación menor, de acuerdo con los interventores, “se ha intensificado el alcance de la comprobación” por ser el área donde se ha “detectado un mayor número e importancia de incumplimientos de legalidad”.

Según la Intervención andaluza, se destinaron para este tipo de contratos a dedo un total de 1.223 millones de euros. Eldiario.es ya desveló en septiembre las auditorias correspondientes a las centrales de compra de Huelva, Cádiz, Jaén y Córdoba por valor de 458,3 millones a los que hay que sumar ahora los 767 millones de euros correspondientes a Sevilla, Málaga, Granada y Almería, a cuyos informes ha tenido acceso EL PAÍS. Las provincias de Sevilla (292,9 millones) y Málaga (236,8 millones) son las que concentran mayor volumen de este tipo de contratos en toda Andalucía. En su conjunto, el 92,13% de los contratos presenta irregularidades. La Intervención advierte no solo del abuso de este tipo de procedimiento de adjudicación en proporción con la contratación normalizada, sino de los numerosos expedientes en los que se ha fraccionado el objeto de los contratos “disminuyendo la cuantía” de los mismos “eludiéndose así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento”, una práctica que “podría incurrir en un verdadero fraude legal”.

En todos los informes desfavorables —en total son 18 correspondientes a las auditorías de los contratos de 2020 y 2021 para las ocho provincias y las de la contratación general del SAS de ambos ejercicios― se alerta del abuso de la contratación de emergencia y su ausencia de justificación, cuando ya había pasado la fase más grave de la pandemia y una vez derogado el marco legislativo que la amparaba. En este sentido, la contratación normalizada también está cuestionada. El 76,36% de los expedientes analizados correspondientes a este área presentan incidencias, de acuerdo con las muestras representativas de estas adjudicaciones analizadas.

El “aval jurídico” que defiende la Junta

Hasta ahora, ante la puesta en entredicho del sistema de contratación de la Junta de Andalucía en el año posterior a la pandemia, la Junta ha insistido en que todos los procedimientos tienen el “aval jurídico” de los servicios legales de la administración andaluza y en que todos se han publicado en el portal de transparencia, a pesar de que en todos los informes uno de los incumplimientos sobre los que se llama la atención es la falta de publicidad de las adjudicaciones de algunos contratos de emergencia o su no comunicación al Consejo de Gobierno. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, esgrimió la semana pasada en sede parlamentaria en su defensa el alto volumen de contratos menores suscritos por el anterior Gobierno socialista cuando no había pandemia, incidiendo también sobre el alto número de adjudicaciones a dedo que suscribió el líder de la oposición, Juan Espadas, cuando estaba al frente de Vivienda o en su etapa como alcalde de Sevilla. Moreno, eso sí, no entró a valorar el posible fraude legal, como advierte la Intervención, en el que podría haber incurrido su Gobierno al tramitar miles de contratos sorteando “por error o intencionadamente” una prohibición legal, reconduciendo como contratos menores adjudicaciones que rebasan los límites cuantitativos establecidos para su aplicación.

Servicio de cátering y tóner de impresoras

En el caso de Sevilla, por ejemplo, de la muestra de 193 expedientes analizados de un volumen total de 193.993 de contratación menor, la Inspección ha detectado 114 casos de troceamiento de contratos. Destacan fraccionamientos que sumados ascienden a 3.117.276, 48 euros, firmados con la empresa Roche Diagnostics. Hay adjudicaciones realizadas a las compañías de suministros Boston Scientific, Johnson & Johnson, Bausch & Lomb o Medtronic Iberia en las que el volumen de facturación “es tan extenso porque supera los 1.000 registros” que el sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos, que es en el que se recogen los documentos contables de gasto, “no emite el listado correspondiente”, indica la Intervención.

En Granada, varias de esas empresas también resultaron adjudicatarias de múltiples contratos que, de manera aislada no superan los límites de 15.000 euros establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público para los contratos menores de suministro y servicios (40.000 para el caso de obras y a 30.000 para prestaciones de asistencia sanitaria urgente) pero que, sumadas, exceden con creces de ese límite. Por ejemplo, en el caso de Medtronic Iberia existen 5.917 registros por importe de 7,4 millones de euros en contratos de suministro de material sanitario o 2.554 registros por una cuantía de más de cuatro millones para la entrega de prótesis de implante quirúrgico.

El fraccionamiento indebido de los contratos no solo se ha detectado para el caso de suministros de material sanitario, también en la realización de obras o incluso en la entrega de material de oficina. En el caso de Almería, la intervención llama la atención sobre el fraccionamiento del gasto para el suministro de tóner para impresora por un importe de 46.585 euros; o en distintos servicios de cátering, como el contratado con Juan Antonio Segura García por importe de 148.539,6 euros. “Se han detectado gastos por el mismo servicio en 132 expedientes más y por tanto no debería tramitarse como contrato menor, sino instrumentarse como un expediente de contratación con alguno de los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público”, advierte la Intervención.

Las deficiencias detectadas en los contratos menores también incluyen otros incumplimientos como no justificar el objeto o el tiempo de la contratación, para evitar los procedimientos en concurrencia competitiva o realizar prórrogas indebidas. Así, en otro caso de fraccionamiento del gasto para un contrato de suministros de prótesis de implante quirúrgico con Johnson&Johnson, más allá de que la suma de los contratos superen el límite de 15.000 euros, la Intervención de Almería advierte de que se trata de “necesidades continuadas, periódicas y previsibles en el tiempo y por tanto no deberían tramitarse como contrato menor, sino instrumentarse con un expediente de contratación con alguno de los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.

La Intervención también cuestionael abuso de los contratos de asistencia sanitaria urgente cuyo límite para realizarlo de manera directa y sin concurrencia competitiva se establece en los 30.000 euros. “Un supuesto excepcional reservado ante situaciones de urgencia tampoco puede convertirse en un método habitual y consolidado de actuar, obviando con ello la adjudicación del procedimiento oportuno”, se advierte en la auditoría realizada para Málaga, en una argumentación que se reitera en las demás.

En el caso de Sevilla, la Intervención también es muy dura con el abuso de este contrato de asistencia sanitaria urgente para el suministro de Tedugrutida: “Lo sucedido con la tramitación de 14 expedientes con el mismo objeto, el suministro del principio activo, Teduglutida, es un aprueba flagrante del mal uso de este tipo de procedimientos”, indica el informe en el que se establece que su adquisición debe tramitarse “en un expediente debidamente planificado y sometido a todas las garantías que la Ley de Contratos del Sector Público proporciona a los procedimientos abiertos o negociados, como son el respeto a las normas de publicidad y a los principios de libre concurrencia y de selección de la oferta económicamente más ventajosa”.

Esta es una de la serie de recomendaciones que la Intervención establece para cada uno de los incumplimientos que ha detectado del análisis de la contratación en las centrales de compra provinciales para 2021.El órgano fiscalizador ha dado respectivamente un plazo de seis meses para que la administración las aplique y, si no, podrá dar lugar a la emisión de un informe de actuación, que es indiciario de evidencia de posibles elementos delictivos.

El PSOE ya ha interpuesto una querella, que ha sido admitida a trámite por un juzgado de Sevilla, para que se investiguen los contratos de emergencia suscritos por la Junta entre 2021 y 2023 cuando ya había decaído el decreto que amparaba esta contratación exprés con motivo de las necesidades extraordinarias provocadas por la pandemia. Los socialistas están estudiando ampliarlas con los informes desfavorables de la Intervención en lo que consideran un ejemplo más de lo que denominan “contrataciones delictivas del SAS”.