La Marea Blanca ejecuta sus ocho demandas: “La Junta de Andalucía es la única responsable de unas listas de espera inadmisibles”

“Un tiempo de espera de un año o más para llegar a un diagnóstico de una enfermedad que puede ser vital en su progresión o que, en cualquier caso limita la calidad de vida del paciente, ¿puede llegar a ser ilegal?”. Esto es lo que Marea Blanca pide a la Fiscalía que investigue en la denuncia que esta plataforma ciudadana ha presentado de manera simultánea en los juzgados de las ocho provincias andaluzas. “Los tiempos de espera pueden significar la diferencia entre la vida o la muerte o el empeoramiento de una patología”, ha señalado una de sus portavoces desde Granada, en consonancia con los argumentos que se exponen en el escrito, una demora de la que responsabilizan “exclusivamente” al Gobierno que dirige Juan Manuel Moreno.

Marea Blanca cifra entre ocho y nueve mes y 15 meses, según la especialidad, lo que puede tardar una persona en recibir el diagnóstico de una enfermedad. “Son tiempos inadmisibles”, recalca Sebastián Recio, portavoz de la plataforma en Sevilla. En la denuncia no solo se establecen cifras pormenorizadas de los plazos de que debe aguardar un andaluz en cada provincia y en función de la especialidad, sino que también se advierte de cómo la actual dinámica de incremento en los tiempos de espera está propiciando un aumento de los seguros de salud y una privatización creciente de la sanidad que “está generando desigualdades crecientes en Andalucía”.

La presentación de la denuncia ante la Fiscalía se produce justo un día después en que el Ministerio de Sanidad publicara la actualización de las listas de espera en España. Aunque en el último semestre el número de pacientes andaluces que aguardan a ser operados o a tener una cita con el especialista se ha reducido en 0,6 décimas, el tiempo de espera, 169 días, es el mayor de todo el país, 48 más que la media. La Junta de Andalucía ha justificado esta situación a la “infrafinanciación”, un argumento que le sirve también para explicar el colapso en la dependencia o los problemas en el arranque del curso escolar. A él ha apelado la consejera de Salud, Rocío Hernández, en sede parlamentaria, quien ha cuestionado que se compare la situación de la sanidad pública andaluza con la del resto de España porque se trata de “una comunidad de 8,5 millones de habitantes” y sufre una situación de “infrafinanciación”.

La consejera ha recordado que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha un plan de choque para reducir las listas de espera que ha propiciado que en los últimos seis meses se hayan realizado “más operaciones quirúrgicas, consultas externas y más pruebas”. “Siguen entrando más pacientes en lista de espera quirúrgica por lo que resulta más complicado reducir con más rapidez las listas de espera”, se ha justificado Hernández.

“De esta situación tiene la responsabilidad exclusivamente el Gobierno andaluz, que es el competente en materia sanitara”, matiza Recio. El portavoz de Marea Blanca cuestiona la efectividad del plan de choque al que se han destinado 283 millones de euros, un 48% para contratos a dedo con centros privados para tratar de reducir en un 60% los pacientes que están fuera del plazo de garantías para ser operados y en un 18% el resto de la lista de espera quirúrgica. “Se equivoca la Junta pensando que el problema se resuelve dando dinero a la privada, eso supone solo descapitalizar la sanidad pública y generar un círculo vicioso porque se deteriora la calidad del sistema público de salud, lo que obliga a recurrir al privado”, señala Recio.

“La responsabilidad de la Junta está generando un incremento de la mortandad y dos sanidades, la pública que está colapsada a la que solo pueden acudir los más pobres o las personas con pluripatologías o enfermedades crónicas, a las que no cubren los seguros privados, y la privada a la que recurren quienes tienen más recursos”, indica Recio en sintonía con el escrito de la demanda.

En esa denuncia se recogen dos casos concretos cuyos datos personales y sanitarios se incluyen en el documento, perola intención de Marea Blanca es que se vayan sumando otros pacientes que hayan visto cómo su salud se ha agravado por tener que esperar a tener un diagnóstico o ser operado. La intención de la plataforma es contar con el apoyo del Defensor del Paciente y abogados que voluntariamente asesoren jurídicamente a quienes quieran llevar su caso ante la justicia.