La oposición en bloque acusa al Gobierno andaluz de imponer el “miedo” y el “silencio” a la Intervención General

La oposición andaluza en bloque ha acusado hoy al Gobierno de Juan Manuel Moreno de intentar amordazar a los interventores de la Junta, un cuerpo de élite de la Junta de Andalucía encargado de analizar, controlar y fiscalizar el destino del dinero público. “Quieren corrupción con informes favorables”; “están lanzando el mensaje de omertá, el que habla, cae”; “cuando uno cesa al que lo controla es que tiene miedo”; “han lanzado un aviso a navegantes para que sientan el miedo de que a la mínima van a la calle”. Estas frases de los portavoces de los grupos Mixto-Adelante Andalucía, Por Andalucía, Vox y PSOE se han escuchado de manera sucesiva en el primer pleno del Parlamento andaluz del actual periodo de sesiones a cuenta del cese de María Antonia González como interventora general el pasado enero.

La oposición no se cree en absoluto que esta destitución ―de la que la portavoz del Ejecutivo y consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, no informó cuando se produjo en el Consejo de Gobierno― se debió por motivos personales. Y no es por la suspicacia natural de toda oposición, sino porque la propia afectada se encargó en una reunión con medio centenar de funcionarios de hacer saber que había perdido la confianza del Gobierno andaluz y no, como dijo, la viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Amelia Martínez, de que había pedido dejar el puesto “para cuidar de sus nietos”.

La interventora general saliente firmó hace dos años un informe de actuación crítico con los contratos de emergencia sanitarios de la Junta, cuyos convenios menores constituyeron un “abuso” al cerrarse en “fraude de ley”. En esta cuestión se mezclan varias circunstancias: los informes negativos de los interventores sobre el troceo de los contratos de suministros médicos; la investigación abierta en un juzgado por prevaricación contra los tres últimos gerentes del SAS a raíz de una querella del PSOE; el cambio en la cúpula en la intervención; y una negociación laboral en la que no hay acuerdo para una subida salarial homogénea a todo el colectivo y que la Junta quiere limitar a los que firman los informes porque tiene mayor responsabilidad.

La consejera de Hacienda, de la que depende orgánicamente la Intervención General, ha insistido en la versión de la dimisión por motivos personales y ha justificado el cambio de otros cuatro jefes de división en que así lo ha querido el nuevo interventor general, Miguel Ángel Figueroa, “porque tiene derecho a hacer su equipo y son puestos de libre designación”. España, como ya advirtió semanas atrás el portavoz popular, Toni Martín, ha rastreado la hemeroteca para hacer suyas las palabras que en su día pronunció la hoy secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, cuando era consejera de Hacienda en relación con el cambio de otro interventor general. “Estoy de acuerdo al 100% con lo que decía: ‘Una decisión que, señorías, se enmarca en las necesidades, en las inquietudes vitales de cada uno y en la planificación personal de las responsabilidades, tanto en el ámbito privado como personal”.

La oposición ha acusado a España de “faltar a la verdad” de las razones del cese. Para la socialista María Márquez, el Gobierno de Juan Manuel Moreno “lanza un aviso a navegantes” a los interventores, para que “sientan el miedo de que a la mínima van a la calle. Tememos que van a boicotear la investigación judicial”. Márquez, como el resto de los portavoces, no ha dudado en calificar de “caza de brujas en toda regla” la advertencia lanzada por la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, al Cuerpo Superior de Interventores en una cita el pasado 4 de diciembre para la negociación abierta sobre sus condiciones laborales: “Hace falta un nuevo interventor general con mano dura que os meta en cintura”, espetó a la ex interventora general, María Antonia González, y a los ocho jefes de división, publicado por EL PAÍS.

Vox, en su línea de equiparar al PP con el PSOE, ha afirmado que la explicación de la dimisión a petición propia de la exinterventora “no cuela”, ha asegurado su diputada, Alejandra Jiménez, quien ha asegurado que las “salidas” en la cúpula de la Intervención “han generado malestar y zozobra” en el colectivo. “Cuando uno cesa al que lo controla es que tiene miedo”, ha subrayado.

Por Andalucía ha acusado a España de “faltar a la verdad”, ha dicho Inma Nieto. “Usted se pone en evidencia, porque han sido los afectados los que han contado lo sucedido y no ha sido por motivos personales”. Para Nieto, el Gobierno andaluz “quiere corrupción con informes favorables” de los auditores y pretende presionar a “los que se niegan a escribir que los burros vuelan”.

Ignacio García, de Adelante, ha asegurado que la amenaza de la viceconsejera a los interventores es “un mensaje de omertá, de que el que habla, cae”, por lo que promueven “el silencio”.

Ni España ni el portavoz del PP, Pablo Venzal, han hecho alusión a la amenaza de la número dos de Hacienda a los interventores de la Junta. El diputado popular ha asegurado que la denuncia socialista por los contratos de emergencia no supondrá un “ilícito penal” porque, en su opinión no hay menoscabo de fondos públicos, sino un “error de contratación” y por eso el juez lo investiga como un caso de prevaricación administrativa. El popular ha acusado a los socialistas de “celopatía nepotista, creen que los demás somos como ustedes”. España ha negado las acusaciones de la oposición: “No intentamos tapar nada, porque no hay nada que tapar”.