El Gobierno saca adelante en el Congreso el decreto de hipotecas y la reforma para aprobar los Presupuestos

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha sacado adelante sin mayores contratiempos este jueves en el Congreso dos iniciativas relevantes. Una con la que se convalida el real decreto que modifica la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que afecta a las hipotecas, para que sea la banca quien pague en el futuro ese tributo y no los clientes como hasta ahora. Y otra para que arranque el trámite normal de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que eliminará la actual capacidad de veto del Senado para las cuentas públicas. Las dos propuestas han tenido el respaldo de Podemos y los partidos nacionalistas vascos y catalanes, que también apoyaron en junio la moción de censura a Rajoy, y pese al ambiente crispado en el Congreso de los últimos días. ERC se ha desmarcado más tarde, ya en una reprobación más simbólica y política de la ministra de Justicia.

Más información

Sánchez obligará a los bancos a pagar el impuesto hipotecario y critica al Tribunal Supremo

Los bancos no tendrán que pagar el impuesto en las hipotecas que den a la Iglesia y el Estado

El pleno de la Cámara baja ha ratificado así, con 205 votos a favor (PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, Compromís, PDeCAT, Foro Asturias y UPN, entre otros) y 137 abstenciones (PP, PNV y EH Bildu), en primer lugar, el real decreto por el que se modifica la ley que afecta al impuesto de actos jurídicos de las hipotecas aprobado por el Gobierno el 24 de septiembre. Con un resultado aún más contundente, 338 diputados a favor y ninguno en contra, se ha determinado también que ese proyecto de ley se tramite a partir de ahora por la vía de urgencia para discutir posibles enmiendas.

Los partidos han resuelto así que en el futuro, cuando la ley entre en vigor, sea la banca la que asuma el coste de ese impuesto y no se cargue a los clientes que suscriban un préstamo hipotecario. PP y Ciudadanos han avanzado que pedirán que ese tributo sea eliminado, y Podemos y ERC han reclamado que la norma tenga efectos retroactivos.

La mayoría parlamentaria que respaldó en junio la moción de censura de Pedro Sánchez contra el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy ha vuelto a mostrarse firme al rechazar sendas enmiendas a la totalidad registradas por PP y Ciudadanos contra la reforma legal que persiguen PSOE y Podemos para eliminar la aún vigente capacidad de veto que se otorga al Senado sobre el proyecto de Presupuestos. Las enmiendas a la totalidad del PP y Ciudadanos solo han cosechado el apoyo de sus propios grupos (166 a favor y 173 votos en contra la primera, y 167 a favor y 172 en contra la segunda). La reforma ahora continuará el procedimiento ordinario con el debate de enmiendas en comisión y podría prolongarse meses antes de su futura aprobación en un pleno.

La diputada socialista Susana Sumelzo ha aprovechado el resultado de esa votación para reafirmar que esa iniciativa tiene relación con el pacto presupuestario firmado por PSOE y Podemos, con el que se persigue un incremento de unos 6.000 millones de euros en las cuentas públicas para gastos sociales. Los otros grupos que se sumaron en junio a la moción de censura, es decir, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canaria, también han prestado su voto a esa propuesta, aunque precisando en algún caso, como el de las formaciones nacionalistas canarias, que presentarán enmiendas relacionadas con sus intereses en el trámite en comisión.

Las enmiendas a la totalidad derrotadas de PP y Ciudadanos intentaban dejar la ley de estabilidad y el veto del Senado como está ahora, evitando el cambio que busca el Gobierno para que en el caso de que la Cámara alta vote ese bloqueo se pueda superar con otra votación en el Congreso, para la que sería suficiente una mayoría simple. El comportamiento de ambos partidos ha logrado retrasar y ralentizar el trámite de esa reforma más que probablemente hasta el año que viene, porque el cambio aprobado en el Congreso debe pasar por el Senado, donde los populares disponen de mayoría absoluta.

Al final de la sesión de este jueves, y pese al apoyo de los socios en la actividad legislativa, ERC sí ha querido marcar distancias con el Gabinete de Sánchez en el ámbito de la reprobación política. Ha sido en ese terreno cuando los nueve diputados de ERC y los dos de Bildu han permitido que el pleno de la Cámara baja repruebe por segunda vez a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por su gestión, y en concreto, por haber instado a la Abogacía del Estado a descartar el delito de rebelión para los dirigentes separatistas encarcelados y por cesar al responsable que llevaba esa defensa.

La reprobación de la ministra —que se suma a la que aprobó el Senado en septiembre y otra moción que el PP logró aprobar en octubre en el Congreso que exigía la dimisión o cese de Delgado— ha salido adelante con los 167 votos a favor de PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias, y las once abstenciones decisivas en este caso de ERC y Bildu. Los 162 votos en contra de PSOE, Podemos, PDeCAT y Compromís no han sido suficientes para evitarlo.