La Abogacía del Estado releva a su letrado en la causa del ‘procés’

El Gobierno ha tomado una decisión drástica para garantizar que la Abogacía del Estado, un órgano que depende estrictamente del Ejecutivo y que por su propia naturaleza siempre cumple las directrices marcadas por el poder político, mantenga la línea de la acusación por sedición a los líderes independentistas. La abogada general del Estado, Consuelo Castro, ha destituido a Edmundo Bal como abogado jefe del departamento de penal y, por tanto, responsable de defender la posición del Estado en el juicio del procés. Bal ya se enfrentó a Castro porque él quería elevar la acusación contra los dirigentes independentistas catalanes a rebelión. Castro ha dado así un golpe de autoridad ante la resistencia mostrada por su subordinado.

El motivo que alega oficialmente el Ejecutivo es el de pérdida de confianza, ya que se trata de un puesto jerárquico de designación del que puede disponer Castro, que llegó a la cúpula de este organismo en junio, de la mano de la ministra Dolores Delgado. Bal ya había trasladado que no defendería en el juicio nada con lo que no estuviera de acuerdo según su criterio. Esto es, que no apoyaría ninguna posición que no fuera la suya. Este enroque hacía inviable su continuidad en un proceso clave.

El Gobierno y la abogada general del Estado, un cargo de confianza que participa todos los miércoles en la comisión de subsecretarios que prepara el Consejo de Ministros, necesitan tener garantías de que el abogado que participa en el juicio sigue con claridad sus instrucciones. Es lo que hacen los 400 abogados del Estado que defienden los intereses de la Administración general en múltiples casos y que siempre obedecen las directrices de sus superiores.

Situación inédita

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En este caso se ha producido una situación inédita. Por su naturaleza, a diferencia de los fiscales, que tienen una autonomía garantizada por la ley, los abogados del Estado no son autónomos, sino defensores de una parte, como lo es cualquier abogado. La única diferencia es que en este caso la parte, el cliente, es la Administración, y en último término, su máximo exponente, el Gobierno. Pero Bal, de forma muy poco usual, se negó en redondo a secundar las directrices de sus superiores, en especial de Castro, que ya fue abogada del Estado en casos significativos como el Prestige. Bal insistía en defender la acusación de rebelión y se negaba a firmar cualquier otra.

Esta situación inédita provocó una fuerte tensión que se resolvió cuando Castro se hizo responsable del escrito en el que se acusaba de malversación y sedición, pero no de rebelión a los dirigentes independentistas catalanes en prisión. Solo lo firmó ella, no su subordinado. Bal estaba decidido a promover un escrito, que tenía redactado, donde se defendía la acusación de rebelión, la misma por la que optó la fiscalía, que finalmente pidió un máximo de 25 años frente a los 12 que reclama la Abogacía del Estado. Pero Bal no es un fiscal y tiene que obedecer a sus superiores jerárquicos. La tensión entre Bal y Castro ha ido creciendo hasta que se ha tomado la decisión definitiva de cesarlo para evitar que cada paso del juicio implique una situación como la que se vivió con el escrito de acusación.

En el Gobierno no acaban de entender la polémica por este asunto. Todos los clientes deciden la línea que siguen sus abogados, insisten. La abogacía aporta el criterio técnico, los escenarios de lo que se puede hacer jurídicamente y sus posibles consecuencias, pero las decisiones las toma el Ejecutivo en cualquier caso, explican.

Fuentes del Gobierno recuerdan que todos los Ejecutivos han dado instrucciones a la Abogacía del Estado, que es por definición un organismo no autónomo. Esta vez, con mayor relevancia mediática y social por tratarse de un caso clave, se ha seguido el mismo procedimiento de siempre, explican, con la diferencia de que el máximo responsable de la sección penal no ha aceptado las reglas del juego.

Criterios

Sin embargo, parte de la confusión con este tema la provocó el propio Ejecutivo, que llegó a afirmar públicamente en varias ocasiones que la Abogacía tomaría sus propias decisiones con criterios jurídicos y el Gobierno no se entrometería, algo que ahora en realidad admiten como un sinsentido.

El sustituto aún no ha sido designado pero el Ejecutivo no tiene ninguna duda de que cualquier otro abogado del Estado acatará las instrucciones de sus superiores y desarrollará la acusación por sedición, que es la que defiende el Gobierno. El Ejecutivo de Sánchez tampoco ve suficiente mantenerse solo en la acusación de malversación, que es lo que hizo en un principio la Abogacía con el Gobierno del PP.

En este asunto, el Ejecutivo se encuentra entre dos frentes. Por un lado, la oposición, que le achaca abiertamente una supuesta traición por no acusar a los líderes del procés de rebelión, una cuestión sobre la que hay un intenso debate jurídico y que, incluso, ponentes de la reforma del Código Penal de 1995 como Diego López Garrido rechazan. Por otro lado, los independentistas acusan al Gobierno de haber endurecido la posición del anterior Ejecutivo, al pasar de malversación a sedición. La decisión no ha gustado del todo a nadie, pero en el Gobierno están convencidos de que la acusación de sedición es la más razonable y piensan seguir adelante, ahora con un nuevo abogado del Estado que siga las instrucciones jerárquicas.