La Moncloa dice que dará manos libres a la Abogacía del Estado en el ‘procés’

El Gobierno quiere rebajar el tono sobre el juicio del procés tras las críticas de la oposición, que le acusa de presionar a la justicia. En ese intento de suavizar, el Ejecutivo llega a sostener que la Abogacía del Estado, un órgano que depende estrictamente del Ministerio de Justicia, tendrá las manos libres para decidir con criterios técnicos y jurídicos si quiere acusar de rebelión a algunos de los 18 dirigentes independentistas encausados o va a rebajar esas peticiones, algo que tal vez no tendría muchas consecuencias jurídicas pero sí sería un gesto político de gran impacto.

El Ejecutivo decidirá la próxima semana qué hacer, pero la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, trató tras el Consejo de Ministros de quitarse presión asegurando que la Abogacía es libre para decidir lo que quiera, algo difícil de creer con el funcionamiento de este órgano de la Administración. “Este Gobierno no dará instrucciones a la fiscalía ni a la Abogacía del Estado, que entregarán sus calificaciones el 2 de noviembre con estrictos argumentos jurídicos”.

Pero la Fiscalía y la Abogacía del Estado no son instituciones similares aunque Celaá los equipare. La fiscalía es un órgano autónomo mientras que la Abogacía depende del Ejecutivo y así se ha visto también reflejado en la causa del procés. Fuentes del Gobierno consultadas admiten que la Abogacía trabaja con criterios jurídicos pero tiene un “margen discrecional” que no tiene el ministerio público. La actuación de ambos órganos en el procés ha sido también muy distinta. La Fiscalía presentó la querella por rebelión contra los líderes independentistas el 31 de octubre de 2017, pero el abogado del Estado (entonces dependiente del Gobierno de Mariano Rajoy) no se personó como acusación particular hasta mediados de febrero. Y lo hizo a petición del Ministerio de Hacienda y solo por el delito de malversación cuando la Guardia Civil apuntó al uso de dinero público para organizar el referéndum ilegal del 1-O.

Durante la instrucción de la causa, la abogacía no ha pedido ampliar su personación, aunque sí se ha adherido a las posiciones de la Fiscalía, en lo relativo, por ejemplo, a la prisión preventiva. El papel del abogado del Estado incluso fue cuestionado por algunas defensas durante un interrogatorio en la que hizo preguntas sobre la rebelión. Según recuerdan fuentes presentes en la sala, uno de los letrados de los encausados protestó alegando que la abogacía solo estaba personada por malversación, pero el juez Pablo Llarena señaló que podía intervenir sobre todos los delitos.

Una posibilidad es que la Abogacía como ya hizo cuando se personó solo pida acusar por malversación a los líderes independentistas. No tendría consecuencias jurídicas, ya que las otras acusaciones (Fiscalía y Vox) tienen previsto mantener la rebelión, pero sí tendría gran repercusión política. “No vamos a hacer ningún gesto” a los independentistas en el juicio del procés, insistió Celaá. “No hay ningún tipo de presión al poder judicial. El Gobierno no marca el paso a nadie”, añadió. Fuentes del Supremo admiten que una acusación solo por malversación sería “correcta” jurídicamente, aunque la consideran poco coherente en este caso. “Si el delito de malversación consiste en la administración desleal de dinero y en este caso la deslealtad es la dilapidación de fondos en un proceso de secesión, resulta muy difícil construir una malversación sin la referencia a ese proceso”, señalan estas fuentes.

La oposición también presiona al Gobierno. Albert Rivera reclamó a Sánchez, que cese lo que cree son “injerencias inaceptables” en los jueces del Supremo que van a juzgar a los políticos independentistas. “Me parece intolerable esa injerencia, le pido a Sánchez que saque las zarpas del Gobierno de la justicia”, reclamó el presidente de Ciudadanos, informa Elsa García de Blas. El líder del PP, Pablo Casado, hizo similares críticas al Gobierno socialista por “deslegitimar la labor del Tribunal Supremo”.