El Gobierno, hermético ante la posición de la Abogacía del Estado sobre la rebelión

Los independentistas presionan con fuerza al Ejecutivo desde hace semanas para que demuestre con gestos políticos que está en contra de que los máximos dirigentes del procés sean juzgados por rebelión. No les basta con un cambio en la posición de la Abogacía del Estado: quieren que el Ejecutivo inste a la fiscalía a retirar la acusación de rebelión. El Gobierno está extremando la preocupación para no ser acusado de presionar a los jueces y ha rechazado abiertamente la reclamación de ERC de que presione a la fiscalía. Eso, explican fuentes del Gobierno, sería superar el límite de respeto a la separación de poderes y tendría un efecto contraproducente, porque provocaría una reacción de defensa de los jueces que podría endurecer su posición y agravar las condenas de los presos.

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Pero Sánchez y su equipo de máxima confianza dejan cada día más claro, siempre en declaraciones indirectas pero fácilmente interpretables, que están mucho más de acuerdo con el punto de vista de aquellos juristas que señalan que no puede haber delito de rebelión sin armas que con la posición mayoritaria de los jueces y fiscales del Supremo, que mantienen dicho delito. Pero ahora, además de las palabras, tiene que tomar una decisión política de calado, esto es, si en el escrito de la Abogacía del Estado, un organismo que depende estrictamente del Ejecutivo y no tiene el nivel de autonomía de la fiscalía, hace el gesto de fondo de retirar la acusación de rebelión.

Esto no tendría consecuencias jurídicas importantes porque otras acusaciones, como la de la fiscalía y la de VOX, mantendrían el delito de rebelión, pero sería un salto político clarísimo. El Ejecutivo evalúa la decisión mientras sufre una enorme presión de dos frentes: por un lado, los independentistas, que exigen ese gesto, y por otro, la oposición, que está preparada para saltar ante cualquier cambio sobre la línea que mantuvo el Gobierno de Mariano Rajoy. Pablo Casado ya ha llegado al máximo de esa presión al acusar al presidente, este miércoles, de ser “responsable y partícipe del golpe de Estado que se está perpetrando en España”. Si le dijo eso antes incluso de cualquier movimiento de la abogacía o de la fiscalía, el Gobierno está seguro de que cualquier paso implicaría un ataque sin cuartel.

La decisión definitiva, en manos del presidente, no está tomada, pero es inminente. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha señalado este jueves que el escrito de la abogacía del Estado se presentaría alrededor del 2 de noviembre. Lo que sí está más claro cada día es que el presidente y su entorno no ven el delito de rebelión de la misma manera que los jueces del Supremo. Sánchez lo apuntó en el debate del Congreso el miércoles, cuando apeló a una enmienda presentada por Federico Trillo en 1994, en plena reforma del Código Penal, para recordar que incluso el entonces portavoz de Justicia del PP señaló que "el delito de rebelión, que es inherente a un golpe de Estado, se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares".

El PP y Ciudadanos criticaron al presidente por este gesto, que ven como parte de su negociación con los independentistas por los Presupuestos, mientras estos últimos daban la bienvenida a reflexiones como esta que cuestionan dicho delito. En la misma línea, la vicepresidenta ha señalado este jueves en Onda Cero:  “Lo que podemos llamar golpe de Estado requiere unos instrumentos de fuerza que en cualquier legislación están conectados con las armas”, y ha rematado que esa misma lógica vale para el delito de rebelión.

La vicepresidenta ha ido más lejos. Ha recordado que el tribunal alemán de Schleswig-Holstein rechazó la rebelión en el caso de Carles Puigdemont, ha insistido en que las legislaciones europeas vinculan la rebelión a las armas y ha dicho que España deberá adaptar en algún momento ese delito.

Aún así, según Adriana Lastra, portavoz del PSOE, no hay planes de momento para reformarlo. Pero el debate se ha colocado sobre la mesa y muestra hasta qué punto el Gobierno está incómodo con el juicio del procés y, sobre todo, con la acusación de rebelión, que implica condenas más graves y por tanto pone mucho más difícil la posibilidad de un indulto futuro del que el Ejecutivo no quiere hablar abiertamente, pero que también está encima de la mesa en las conversaciones políticas.