El Supremo sienta en el banquillo al ‘procés

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dio este jueves el paso definitivo para juzgar a los líderes políticos y civiles del procés. No estarán todos: la ausencia de Carles Puigdemont y los otros seis procesados que se fugaron (Marta Rovira, Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Anna Gabriel) deja incompleta la vista oral, prevista para principios de 2019. Pero en el banquillo se sentarán la gran mayoría de los protagonistas del pulso al Estado que terminó con la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlament el 27 de octubre de 2017. Entre ellos, el exvicepresidente Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsejeros Raül Romeva, Joaquim Forn y Jordi Turull.

El Supremo considera que ya hay pruebas suficientes para juzgar a los 18 procesados que se quedaron en España —nueve de ellos en prisión preventiva— y este jueves dictó los dos autos que faltaban para enfilar ese camino. Con el primero de esos autos confirmó el cierre de la investigación decretado en junio por el juez Pablo Llarena. Con el segundo, declaró abierto el juicio. Esta decisión zanja el intento de los procesados de dilatar la causa y la lleva a una nueva fase, que desembocará en la vista más importante celebrada en el Supremo en los últimos años.

Se abre ahora un plazo de cinco días para que las acusaciones —fiscalía, Abogacía del Estado y Vox— concreten su petición provisional de pena contra los encausados y los delitos que le atribuye a cada uno. En esos escritos también solicitarán las pruebas con las que quieren contar en el juicio oral, como las declaraciones de peritos, testigos e informes. El plazo dado a las acusaciones vence el próximo 2 de noviembre. Y la fiscalía ya ha anunciado que no pedirá prórroga. Vox y la Abogacía del Estado sí podrían hacerlo para conocer las peticiones del ministerio público antes de entregar las suyas. Una vez presentados estos escritos, las defensas tendrán que entregar sus alegatos exculpatorios.

El alto tribunal juzgará por rebelión (un delito castigado con hasta 30 años de cárcel) a los nueve líderes independentistas que están en prisión preventiva: el exvicepresidente Junqueras, los exconsejeros Turull, Romeva, Forn, Josep Rull y Dolors Bassa; el expresidente de la ANC y actual diputado del PDeCAT Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Todos los exconsejeros del Govern de Puigdemont, incluidos Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila, se sentarán también en el banquillo por malversación de caudales públicos (hasta 12 años de prisión). El Supremo abre asimismo juicio por desobediencia (que no contempla penas de cárcel pero sí de inhabilitación) contra Borràs, Vila y Mundó; los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet; y la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya.

El tribunal ha dejado definitivamente fuera de la causa al expresident Artur Mas, a la coordinadora general del PDeCAT y actual senadora Marta Pascal, y a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras.

En sus autos de este jueves, de los que ha sido ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, el Supremo ha rechazado la petición de los acusados para que se practicaran nuevas pruebas antes de confirmar los procesamientos. “La fase intermedia del procedimiento ordinario no puede ser concebida como una segunda oportunidad para reactivar la tarea del instructor, imponiéndole la práctica de diligencias que no ha considerado necesarias para sustentar el auto de procesamiento”, señala el tribunal, que añade que admitir las casi 300 diligencias que habían solicitado las defensas “conduciría, sin duda alguna, a un inadmisible menoscabo del derecho de los inculpados a un proceso sin dilaciones indebidas (artículo 24.2 de la Constitución)”. “La reapertura del sumario para la práctica de varios centenares de diligencias frustraría toda expectativa de enjuiciamiento en un plazo razonable”, zanja la sala.

Vista previa

El Supremo prevé iniciar el juicio a principios de 2019, aunque la intención es hacer antes de Navidad la llamada vista de previo pronunciamiento, en la que se dirimen cuestiones planteadas por las partes que hay que resolver antes de la vista oral. El alto tribunal da por hecho que el juicio se prolongará al menos tres meses y se prepara para celebrar sesiones de mañana y tarde cuatro días a la semana. Si se cumple esa estimación, la sentencia difícilmente estará dictada antes del mes de junio; es decir, no se conocerá antes de las elecciones autonómicas y municipales previstas para el 26 de mayo de 2019.

El tribunal que juzgará a los líderes independentistas estará formado por siete magistrados. El Supremo confirmó este jueves que a los cinco jueces que hasta ahora han conformado la sala que ha dictado los autos desde que Llarena dio por cerrada la investigación (Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral) se sumarán dos más: Andrés Palomo y Ana Ferrer.

Los magistrados rechazaron también este jueves la petición de las defensas para que la sala se pronuncie acerca de si se dan o no los elementos que definen el delito de rebelión, el principal que se les atribuye a la cúpula del procés y que vertebra toda la causa instruida en el Supremo. Eso será lo que se dilucide en el juicio, no ahora, advierte el tribunal. “El esfuerzo argumental de las partes para trasladar a esta sala, por ejemplo, la necesidad de un pronunciamiento expreso acerca de la suficiencia o insuficiencia de la violencia ejercida para concluir la existencia de un delito de rebelión, es un empeño tan legítimo, en términos de defensa, como inasumible en el plano técnico”, señala la sala.