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OPINIÓN i

Cómo han cambiado los presos del “procés”

El cierre del sumario alivia porque demuestra que la Justicia no es siempre tan lenta como criticamos

Desde la izquierda, Joaquim Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Carles Mundó, Josep Rull y Meritxell Borràs, el año pasado a su llegada al Supremo.
Desde la izquierda, Joaquim Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Carles Mundó, Josep Rull y Meritxell Borràs, el año pasado a su llegada al Supremo. REUTERS

El cierre del sumario del procés alivia porque demuestra que la Justicia no es siempre tan lenta como criticamos. Una justicia que va demasiado despacio (o que se precipita demasiado) suele ser menos justa. Y alivia también porque podría permitir replantear la conveniencia jurídica de la ya larga prisión preventiva de los encarcelados. La pertinencia jurídica, insistamos, porque la política no se ventila en sede judicial.

Ha transcurrido un año casi exacto desde la triste e ilegal proclamación de la república secesionista. Fue tan efímera que duró segundos el 27 de octubre del año pasado, pues sus promotores se fueron inmediatamente de fin de semana. Estos doce meses, contemplados con catalejo frío, han suscitado muchos cambios. El primero en las actitudes de los hoy presos, muy diferente de la de los fugados. Aunque son 18, no son un bloque monolítico. No son exactamente “los 18”.

Algunos como —sobre todo— Oriol Junqueras han rebobinado su actuación levantisca. No solo aseguran que ahora militan contra la unilateralidad, que implica protagonizar conductas contra el ordenamiento constitucional. También orientan, inspiran, traman, ultiman y ordenan, de forma muy concreta, actuaciones exclusivamente en el marco de la ley.

Esa novedad conlleva una gran importancia política: quien la ignore, se queda anclado en el golpe parlamentario del pasado otoño. Otros siguen de cerca a Junqueras. Algunos, a efectos puramente de su defensa judicial. Y en otros casos demuestran una clara voluntad de abandonar no solo la rebeldía, sino toda actividad política. Todo ello exhibe también una relevancia judicial: no es lo mismo para la calificación de los tipos, y para las cuantías de las penas, alardear de que se pretende reincidir en conductas delictivas (cualesquiera que les sean finalmente atribuidas) que renunciar drásticamente a la ilegalidad.

También ha cambiado el entorno general. Los protagonistas del exterior (el falsamente llamado “exilio” encabezado por Carles Puigdemont), quizá más audaces pero más frívolos, han acabado reconociendo el carácter aficionado, rudimentario, inmaduro e improvisado de su actuación; han confesado que jugaban al póquer con la ciudadanía, y que la engañaban mediante “faroles”; han reivindicado un unilateralismo presuntamente heroico y prácticamente inane; han tuiteado sin pausa y han acabado pariendo un Consell de la República vacío de contenido, de otro apoyo adicional al propio y de eficacia cero. Han desacreditado toda presunta grandeza de su intentona.

La pertinaz defensa de intereses que se van revelando meramente personales (y salariales) ha acabado decepcionando a bastantes, aunque no a todos los creyentes, que siguen siendo muchos. Su aumento o disminución dependerá de que la vía lanzada por el (aún) nuevo Gobierno español, la de la política, el diálogo y la confrontación —no de sentimientos ni banderas, sino de realidades y problemas—, se demuestre sostenible o no.

Un clima político menos crispado puede contribuir a incrementar la serenidad, también de la atmósfera judicial. A mayor calma, mayor capacidad de digestión y de valoración sobre los elementos atenuantes de la incivilidad pasada. A mayor tensión, más riesgo de que ocurran sucesos imprevistos e indeseados. También en la calle.

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