La abogacía y sus criterios

El proceso contra los líderes que participaron en la declaración unilateral de independencia de Cataluña dio este viernes un paso más en el camino hacia la apertura del juicio oral con la presentación de los escritos de acusación de la fiscalía y la Abogacía del Estado. Mientras que el ministerio fiscal ha mantenido a lo largo de todas las fases que los procesados deben responder ante el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, la Abogacía del Estado, un órgano dependiente del Ministerio de Justicia, cambió de criterio con respecto al mantenido cuando se personó por un posible delito de malversación. El cambio en la posición de la Abogacía ha sido propiciado por el Gobierno como gesto hacia los partidos independentistas con vistas a la tramitación de los Presupuestos, y ha merecido duras críticas tanto de la oposición de PP y Ciudadanos como de los propios grupos hacia los que iba destinado.

En realidad, la posición de la Abogacía fue ya ambigua en relación con el escrito de solicitud de apertura del juicio oral. Fue allí donde este órgano del Ejecutivo no se limitó a los delitos económicos de los que es víctima el Estado, sino que —bien porque se limitó a considerar cerrada la fase de instrucción sin que eso supusiera compartir la tipificación del fiscal, bien porque se adhirió positivamente a tal tipificación— añadió los cargos de rebelión y desobediencia. Es esa discutible decisión inicial ante la que la mayoría de los grupos guardó un incomprensible silencio la que ahora ha abierto un nuevo flanco político al Gobierno, dando ocasión a que la oposición vuelva a excederse en la gesticulación sobre un asunto que, sobre todo, reclama contención y prudencia.

El proceso que se sigue en el Tribunal Supremo es lo suficientemente grave como para no convertirlo en el tapete de un juego de tahúres y a la vez de fariseos, en el que unos no dicen del todo la verdad en un asunto y otros se escandalizan como si los hubiera sorprendido en una mentira diferente. Ni es cierto que los Gobiernos no influyan en la Abogacía del Estado, puesto que se trata de uno de sus órganos, ni es cierto tampoco que el escrito presentado este viernes cambiando la supuesta acusación de rebelión por la de sedición prejuzgue una sentencia más favorable. Afirmarlo así es realmente el verdadero insulto al Supremo y a la independencia de sus jueces.

Los cambios de criterio de la Abogacía del Estado responden a una decisión política, y es en tanto que tal como debe ser juzgada. Si los partidos independentistas mantienen la reacción inicial de considerar insuficiente el gesto canalizado a través de la Abogacía, el Gobierno habría cometido un doble error. Por una parte, habría pagado frente a la oposición un alto coste político a cambio de nada; por otra, habría debilitado su posición frente a los partidos independentistas, al admitir que existen pasarelas entre dos asuntos que deberían permanecer rigurosamente aislados: la negociación de los Presupuestos y el juicio contra unos líderes que quisieron imponer la independencia de Cataluña a una mayoría que la rechaza. Por lo que respecta a los Presupuestos, los ciudadanos que siguen padeciendo las secuelas de la crisis económica merecen lo que nadie aún les ha ofrecido: un debate parlamentario acerca de los planes económicos necesarios para mejorar su suerte. Y en lo que se refiere al juicio penal, no corresponde ni al Gobierno a través de la Abogacía del Estado, ni a la oposición a través del escándalo, decidir si los líderes independentistas cometieron rebelión o sedición. Sobre este asunto es el Tribunal Supremo quien, escuchadas todas las partes, pronunciará en la sentencia el único criterio que vale.