92 presos de ETA dan pasos para optar al acercamiento

La disolución de ETA y el cambio de la política penitenciaria del Gobierno tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa se ha visto acompañada por la decisión de 92 presos de la organización terrorista de solicitar formalmente al Ministerio del Interior un cambio en su situación en prisión. Todos ellos han remitido escritos en los últimos nueve meses para reclamar ser clasificados en segundo grado, según confirman fuentes penitenciarias. El cambio les permitiría disfrutar de permisos y optar a ser acercados a prisiones próximas al País Vasco.

En la actualidad, hay 234 presos de ETA en cárceles españolas, después de que el pasado martes el juez de la Audiencia Nacional Diego de Gea ordenara el ingreso en prisión sin fianza de Carlos Apeztegia, un exrecluso de la banda que llevaba en libertad desde 2013 y que fue detenido por haber facilitado presuntamente datos de objetivos a un comando durante su estancia entre rejas. Además, hay otros 48 etarras en cárceles francesas y uno más en una prisión de Portugal. De los recluidos en España, solo dos están en el tercer grado penitenciario o de semilibertad. Se trata de la pareja formada por Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, desvinculados hace tiempo de la disciplina de la organización terrorista y a los que Interior trasladó a comienzos de agosto a la prisión de Basauri, en Bizkaia. En segundo grado están otros 19. Seis más están pendientes de clasificar por encontrarse aún en prisión preventiva.

Los 206 restantes están clasificados en primer grado penitenciario, el más duro, que les impide disfrutar de beneficios como los permisos de salida o un destino laboral dentro de la cárcel. Los 92 reclusos que han solicitado desde febrero la progresión de grado tras acogerse al artículo 105 del Reglamento Penitenciario pertenecen a este grupo. Fuentes de Interior califican esta cifra de “muy positiva” ya que significa que un 45% del grupo de reclusos ha aceptado la legislación penitenciaria, algo que hasta hace poco más de un año era impensable ya que las directrices del colectivo de presos de la banda (EPPK, en sus siglas en euskera) lo prohibían tajantemente. Aquella situación cambió en julio de 2017, tras un debate interno en el seno del EPPK que concluyó con la autorización de la organización para que cada preso explorase aquellas posibilidades que le ofrece la vía jurídica para lograr su excarcelación.

La respuesta de Instituciones Penitenciarias ha sido hasta el momento la de rechazar todas las analizadas, lo que ha llevado a medio centenar de estos reclusos a presentar un recurso ante el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro. Según un estudio publicado el pasado septiembre por el Foro Social para Impulsar el Proceso de Paz —un movimiento social vasco defensor de las reivindicaciones de los presos— el magistrado ha rechazado 44 de ellos y solo ha admitido dos. Entre los argumentos esgrimidos para rechazar la mayoría se encuentran que los reclusos no hubieran mostrado “la más mínima señal de arrepentimiento”, la elevada pena impuesta y “el pronóstico de reincidencia alto” recogido en los informes de Prisiones.

De los tres presos que el departamento de Fernando Grande-Marlaska ha acercado hasta ahora dentro de la nueva política penitenciaria, uno estaba clasificado en primer grado. Se trataba de Kepa Arronategi, cuyo traslado se adoptó por su precario estado de salud. Los otros dos —Marta Igarriz y Jaboga Codó— habían conseguido, precisamente, ser clasificados en segundo grado tras solicitarlo formalmente en las cárceles donde estaban recluidos. A ambos, Instituciones Penitenciarias se lo negó en primera instancia, pero el juez Castro revocó dicha decisión tras los recursos presentados por los dos presos.

Arrepentimiento

En el caso de Igarriz, el magistrado tuvo en cuenta que el educador de la prisión de Castellón donde estaba ingresado había detallado en un informe que en sus conversaciones mostraba signos de arrepentimiento. Codó envió al juez una carta en la que renunciaba "a la utilización de la lucha armada en el futuro" y aseguraba que "nadie es ajeno al dolor, ni al sufrido, ni al causado y penalmente lo estoy pagando".

Pese a la negativa inicial a mejorar su situación penitenciaria, Interior sí valoró la decisión de ambos de pedir ser clasificados en segundo grado cuando estudió sus casos para acercarlos a cárceles próximas al País Vasco —ambos han sido recluidos en la prisión de Logroño—. No obstante, fuentes del ministerio insisten en que no es el único factor que se tiene en cuenta para acordar los traslados y que también se analizan la pena que les queda por cumplir, la ausencia de delitos de sangre o si muestran arrepentimiento.